Este es el primero de una serie de artículos que recopilarán el acervo argumentativo con el que muchos compañeros han acompañado desde distintas partes del país la lucha por un predial justo y que para la actual situación requieren ser condensados para ser puestos a disposición de la resistencia civil venidera.
El modelo económico neoliberal, imperante en Colombia hace varias décadas, ha tenido como uno de sus pilares que el Gobierno Nacional se desentienda de su responsabilidad financiera con los departamentos y municipios, así como de sus funciones en cuanto a educación, salud, catastro, entre otros. Este modelo tendría dos beneficiarios: el primero son las entidades multilaterales como el FMI, Banco Mundial o el BID, quienes determinaron la receta que les garantizara tener a las naciones sometidas siempre a través de la deuda, y el segundo, el capital financiero.
Un ingrediente de la receta es la dependencia de la deuda de la mano con el aumento progresivo de la misma, prueba de ello es que año tras año el presupuesto nacional es deficitario y cubierto por préstamos de la banca multilateral que acrecientan progresivamente dicha deuda la cuál pasó entre el 2000 y 2019 de 70 a 600 billones [3].
El segundo ingrediente es la reducción del gasto público para así garantizar que quede el recurso suficiente para el pago cumplido año a año de la cuota de dicha deuda, en 2022 el valor del presupuesto nacional destinado a pago de deuda fue de 77,1 billones COP. El rubro más alto y muy superior al segundo, educación, al cual se le destinó 49,5 billones COP.
En la vía de la reducción del gasto público es que a través del acto legislativo 01 de 2001 se inició el desmonte de las transferencias nacionales exigido por el Fondo Monetario Internacional [4]. Creándose el Sistema General de Participaciones. Este cambio junto con los posteriores recortes conllevó a que a pesos de 2019 hayan dejado de entrar 318 billones de pesos a los entes territoriales vía transferencias nacionales [5].
Otra forma de la reducción del gasto es el desentendimiento de funciones gubernamentales, el catastro es ejemplo de ello en tanto que antes era una función pública, pero que Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo convirtió en servicio público y por ende susceptible de ser prestado por privados en alianza con entes territoriales [6], lo cual no solo redujo el gasto, sino que abrió la posibilidad para aumentar las arcas de, segundo beneficiario después de las entidades multilaterales, el capital financiero. Aspecto que se abordará de fondo en posteriores artículos.
Abandono nacional a departamentos y municipios, alzas en impuestos a nivel local y privatización. Ese es el contexto sobre el cuál se abre la discusión del avalúo catastral, comercial y el impuesto predial. Los capítulos venideros versarán sobre la evolución del marco normativo del impuesto predial en Colombia, la especulación inmobiliaria, las herramientas que tiene la ciudadanía para defenderse y, por último, el abordaje de cómo se dará esta lucha a nivel nacional.
[1] Entre el 2000 y 2019 la deuda pública pasó de 70 a 600 billones: Tomado de: https://mascolombia.com/entre-el-2000-y-2019-la-deuda-publica-paso-de-70-a-600-billones-aurelio-suarez/ [2] Acto legislativo 01 de 2001. Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4135 [3] Aurelio Suarez [4] Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 de Iván Duque artículos 79, 80, 81 y 82 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html
