Épocas de emergencia como las que actualmente estamos viviendo con el virus del COVID-19 y la implementación de una educación virtual dejan a la luz problemas estructurales relacionados con la garantía de los derechos de los y las estudiantes, profesoras y trabajadoras. La Universidad Distrital en consecuencia con su proyecto de construcción y formación académica debe tener en cuenta a la actual población vulnerable a la hora de tomar decisiones relacionadas con la implementación del modelo de educación virtual para el que claramente no está, ni estamos preparadas.
El 3 de abril del presente año, el Consejo Académico de la Universidad Distrital estableció las fechas para el calendario académico del periodo 2020-1. En la resolución 028 del 3 de abril se establece en 11 artículos las disposiciones para el inicio de clases el 27 de abril (bajo unos supuestos amparados en los principios de autonomía, las directrices presidenciales sobre el trabajo en casa y la virtualización de la educación, etc.). Las medidas aquí tomadas están en pro de “garantizar la prestación del servicio a cargo de la entidad” como está escrito en las consideraciones de dicha resolución.
Así mismo, establece que las condiciones de programas de pregrado presenciales pueden pasar a ser en modalidad virtual “garantizando las condiciones de calidad reconocidas en el registro calificado, sin que esto implique el cambio de modalidad”. Fuera de las particularidades que se establecen en fechas y atributos específicos en el primer artículo y la parafernalia de los diez artículos restantes, en esta resolución que funge como un documento público en el que el Consejo Académico y la misma universidad se comprometen a realizar lo allí dispuesto, no se establece nada relacionado con los derechos de los y las estudiantes y las estrategias para garantizar los mismos.
La primera objeción al planteamiento anterior puede surgir afirmando que la resolución concierne a temas “académicos” y que por ende no debe contemplar esas claridades allí. Podemos entonces hacer una pregunta, ¿no cree que el proceso de formación integral de un estudiante tiene que contemplar si este tiene qué comer en su casa, o si al menos cuenta con los equipos y las disposiciones necesarias para llevar a cabo un semestre virtual?
Pero esa pregunta casi que sería retorica si se analiza el proceder arbitrario de las directivas de la Universidad Distrital y su Consejo Académico que, por decisión unánime, aprobó ese calendario académico sin pensar en la estructura necesaria para llevarlo a cabo. Quienes toman estas decisiones probablemente lo hacen desde la ignorancia y esto de facto no sería malo, si fueran agentes externos a la universidad y no tuvieran ningún tipo de relación con las dinámicas y contextos en los que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha cobijado y se ha construido con los y las estudiantes, profesoras y trabajadoras que la componen.
En el año 2018 la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital realizó un estudio de caracterización de la comunidad estudiantil de pregrado con el fin de conocer a la población para así poder tomar decisiones que mejoren las condiciones físicas y de bienestar que tiene la universidad. Este estudio permite visibilizar que la mayor población que estudia en la UD son de estratos 1 (10,29%), 2 (54,51%) y 3 (32,67%), en donde se tiene un nivel de ingresos bajo, pues el 25,09% de los hogares de las y los estudiantes reciben mensualmente entre 0 y 1 salario mínimo, el 46,39% recibe mensualmente entre 1 y 2 salarios mínimos y el 19,68% recibe entre 2 y 3 salarios mínimos. Por otro lado, este estudio visualiza que son bastantes los estudiantes que se costean solos sus estudios (34,84%), y a quienes sus familias les costean los estudios (41,52%), siendo fundamental revisar las condiciones laborales de las familias de los y las estudiantes a quienes les costean los estudios, en donde el 40,43% de los padres cuentan con un empleo y el 37,55% de las madres cuentan con un empleo, el 30,69% de los padres trabajan independientes y un 26,17% de las madres trabajan de esta forma, el 10,65% de los padres está desempleado y el 25,63% de las madres está desempleada.
Este estudio no fue inventado por alguna fuerza oscura que quiera boicotear los innovadores y grandilocuentes procesos de virtualización del semestre lectivo, es un estudio realizado por la misma universidad, desde uno de sus departamentos como lo es la Oficina de Planeación y Control, que al parecer no estuvo muy presente en este proceso de formulación y decisión del semestre virtual.
Si hay estudiantes, (que los hay, eso es seguro) que no tienen trabajos formales, no cuentan actualmente con ningún ingreso económico, sus familiares o las personas con las que comparten su casa viven del rebusque o como lo llama el gobierno “trabajo informal” (si es que podemos llamar trabajo a las precarias actividades que se deben desarrollar para ganar los diez mil pesos del diario para que coman cuatro personas), y no tienen acceso a las grandiosas TIC’S, porque hacen sus trabajos en computadores prestados en la universidad por sus compañera y compañeros, y tienen teléfonos celulares que para el mercado actual son obsoletos, ¿es posible que se garanticen las condiciones de calidad de las que habla la resolución 028?
Si la universidad cuenta con unos excedentes del año anterior y unos recursos asignados para este año, la solución no es implementar, en un intento afanoso, un calendario académico dictado bajo la lógica de la educación como un servicio, como son los servicios en este país a los cuales los que puedan acceder, que accedan, y los que no, que miren que hacen.
El rector de la universidad, el señor Ricardo García Duarte, en entrevistas con algunos medios de comunicación ha dicho que se está haciendo un trabajo enorme para facilitar a los y las estudiantes el acceso a equipos de cómputo o tablets para que puedan acceder a las clases virtuales. No sabemos qué tan complicado sea enunciarse en medios de comunicación diciendo que se está trabajando arduamente para que estudiantes tengan las condiciones necesarias para que la implementación de un semestre virtual sea posible, de lo que si estamos seguras es que hacer que eso sea una realidad requiere de la movilización de cientos de millones en recursos que seguramente servirían para garantizar que los y las estudiantes no se mueran de hambre en sus casas o que, como ya está pasando, tengan que salir a la calle a rebuscarse lo del diario de ellas y hasta de las personas que pueden depender de ellas, exponiéndose al contagio del virus y muy posiblemente a enfermar y que sus cuerpos no tengan como afrontar dicho virus, porque la aguapanela con arepa o con pan no es que suban mucho las defensas.
En momentos de contingencia como el actual, ¿no sería de primera necesidad apelar por la seguridad y sobrevivencia de los y las estudiantes? Al fin y al cabo, son ellas quienes con sus procesos de investigación e innovación construyen lo que entendemos por universidad. La universidad, como planta física y administrativa, va a seguir existiendo luego de que toda esta contingencia sea controlada. Seis meses al menos de auxilios y ayudas para estudiantes, docentes y trabajadoras no van a hacer que la universidad deje de existir, ni harán que desaparezca el legado y la producción académica y científica que en sus aulas, laboratorios y teatros se produce.
Ese modelo de vida afanosa, el mismo que creo la necesidad de la comida rápida porque todo el mundo vive rápido y quiere que todo sea inmediato, internet más rápido, celulares más rápidos, computadores más rápidos, gobiernos más rápidos, modelos económicos más rápidos; una vida más rápida es lo que ese modelo quiere hacer de nosotros. En ese sentido el que se rezague debe quedar atrás y esperar no morir en el intento de vivir un poco más despacio, un poco más acertadamente.
Estamos seguras de que la producción académica y científica han seguido aun en medio de toda esta situación, y que quienes han estado comprometidas con lo que llamamos hacer academia han continuado con ese compromiso desde las inmediaciones de los lugares en los que se encuentren, siguen haciendo lecturas de la realidad, generando preguntas con relación a cada uno de sus campos de ser y hacer, de sus campos disciplinares, multidisciplinares, no disciplinares, campos del saber, del conocimiento, de lo epistemológico y sencillamente tejiendo lazos de solidaridad en sus territorios. Todos estos procesos se siguen llevando a cabo sin mayor intervención de la institucionalidad de la Universidad Distrital, pues es un compromiso que han asumido docentes, estudiantes y trabajadoras autónomamente.
Un tiempo de espera no va a ser el fin de la universidad, un tiempo de espera sin comida va a ser el fin de muchas de las estudiantes que tal vez se den cuenta que la universidad no se tomó el trabajo de prepararse para poder ser una universidad para todos y todas. Una universidad que dice no discriminar por las condiciones económicas de quienes la componen, pero que no tuvo en cuenta estas condiciones para plantear un semestre de manera virtual va a generar muy posiblemente que luego sus estudiantes, docentes y trabajadoras no la reconozcan como su alma mater, sino como la institución que les olvido y les dejó de lado en su afán de hacer por hacer.
En términos generales hay que decir que la universidad debe pensar si lo que está haciendo es por la prestación de un servicio, por la garantía de calidad o, a palabras escuetas, por la plata. Plata que tal vez termine extraviada o malversada con la excusa de querer garantizar el derecho a la educación de todos y todas sus estudiantes. Ojalá ese dinero no termine pagando cuentas de plataformas digitales de entretenimiento, ni el mercado privado de las directivas, sino que sea para los y las estudiantes, quienes son las que construyen universidad que tanto amamos, la universidad distrital Francisco José de Caldas.
