Con motivo de la protesta nacional del 21 de septiembre, convocada por las centrales obreras, las confederaciones de pensionados de Colombia, los estudiantes universitarios, maestros, profesores, indígenas, afrodescendientes, campesinos, desplazados y víctimas del conflicto armado, queremos hacer algunas reflexiones sobre el momento político que está viviendo el país.
Lo primero es ubicar la situación actual comparándola con la del paro del 21 de noviembre del año pasado (2019). Es indiscutible que estamos en otro mundo político, económico y social, no solo en Colombia sino en América Latina y en todo el mundo. La situación ha cambiado en forma tan vertiginosa que cuesta ubicarse en la rosa de los vientos y saber para dónde vamos.
En este resto de año tenemos cuatro elecciones que van a incidir, para bien o para mal, en el movimiento democrático del continente: Bolivia y Chile en octubre, EE.UU. en noviembre, y Venezuela en diciembre. Los resultados de estos eventos son muy importantes para los desarrollos políticos de Colombia. Del comportamiento de las fuerzas progresistas y renovadoras en estos países va depender, en gran medida, la correlación de fuerzas en el continente y en el país.
Pero empecemos en Colombia con dos noticias importantes sobre la protesta del 21: “Policía acompaña paro nacional sin armas de fuego” y “El expresidente Juan Manuel Santos llama a salir para apoyar el acuerdo de paz”, suscrito por el mismo con las Farc” (El Colombiano 20-9-2020)
La verdad es que los últimos hechos recientes están marcando la situación política y los posibles desarrollos de la misma, en la medida en que el gobierno de Duque enfrente la crisis con estatura política de estadista y no con la defensa a ultranza del escuadrón de la muerte; y, en cierto sentido, en la forma como el movimiento popular y democrático asuma la unidad programática de un frente amplio, que llegue a un pacto por un nuevo gobierno sin dejarse provocar por las fuerzas de la derecha, ni desviar por los cantos de sirena de un tibio centro político que en realidad no existe, o un anarquismo que le abra las puertas de par en par a una dictadura sangrienta contra la apertura democrática.
Hay un entorno de crisis económica, política y social derivado no solamente de las malas políticas gubernamentales en el tratamiento de la pandemia, sino también del agotamiento del modelo de acumulación capitalista neoliberal que no ha sido capaz de responder a la crisis en el sistema de salud, ni a la crisis de una economía para las mayorías del pueblo que le permitan hacer más llevaderas las consecuencias de la pandemia.
Por supuesto que el momento es mucho más complejo e incierto que en noviembre del año pasado (2019), y por lo mismo hay que hacer una lectura que se aproxime a la realidad de los hechos y nos permita acercarnos a una orientación política correcta. La movilización y la toma de las calles, de conformidad con la situación actual, es la vía que debemos adoptar para desarrollar la protesta, mucho más ahora que hemos entrado en “la nueva realidad” de la pandemia a partir del 1 de septiembre, donde el pueblo puede manifestar su rabia e indignación con mayor libertad contra la situación de humillación que le ha tocado vivir en estos seis meses de aislamiento preventivo y obligatorio.
Ahora me parece que hay más motivos para la protesta del 21 de septiembre, de tal manera que lo más interesante es observar cómo se van a desarrollar los acontecimientos, además de la participación numérica de los manifestantes, de los sectores sociales que intervienen en la marcha, de la calidad de las consignas, del nivel de unidad y de organización del pueblo, de la pasión, la efervescencia y calor del clamor popular, también de las perspectivas de desarrollo del movimiento renovador.
Algunos representantes del establecimiento mediático se preguntan con cinismo cuál es el motivo de la protesta, asegurando que se tiene todo el espacio para ejercer este derecho constitucional, siempre y cuando se tenga presente que no se puede presionar a un gobierno que fue elegido por voto popular con un programa que se está cumpliendo y que solo puede ser cambiado en las próximas elecciones del 2022 por otro gobierno elegido democráticamente.
Como quien dice: les proponemos de nuevo otra “conversación nacional” como la del año pasado, para que todo siga igual que antes y no cambie nada, ni siquiera una de las propuestas que el Comando Nacional de Paro tiene inscritas en su pliego petitorio, que bien vale la pena repasarlas para demostrar que la dirección del movimiento si tiene una base programática fundamental y unitaria, producto de un consenso con distintos sectores populares y sociales, consenso que el gobierno no quiere entrar a discutir con el manido argumento del principio de autoridad.
“El memorial de agravios”, como se le podría llamar a las 10 peticiones esenciales que constituyen la hoja de ruta del movimiento político y social, para sentarse a negociar con el gobierno, que entre otras cosas no tienen que ver nada con el socialismo ni mucho menos la sacrosanta propiedad privada del gran capital financiero en manos de los pocos dueños del país; sino todo lo contrario, de lo que se trata es de que parte de esa propiedad la compartan y la disfruten las mayorías nacionales que carecen de la satisfacción de las necesidades básicas fundamentales para poder vivir con dignidad.
Ahora hay condiciones objetivas más favorables para la motivación amplia de la ciudadanía, de los sectores democráticos, de los jóvenes, hombres y mujeres desempleados o con trabajos precarios que podrían movilizarse masivamente en las grandes ciudades de Colombia.
El 30% de desempleo entre los jóvenes en el mes de julio; el asesinato y las masacres que no paran en el país, sobre todo en el Cauca, Nariño, Valle, Santander, Bajo Cauca antioqueño que no cesan en lo que va corrido de este año. El asesinato de Javier Ordóñez por integrantes de la policía nacional, que despertó una asonada de indignación y de protesta en todo el país, con 10 muertos en Bogotá y 3 en Soacha de jóvenes estudiantes y trabajadores durante los días 9, 10 y 11 de septiembre, con más de 175 heridos y cerca de 500 retenidos.
El escándalo nacional en internacional con estos hechos criminales y violentos por parte de integrantes de la policía nacional y del gobierno de Duque-Uribe, en el manejo del orden público y en el manejo de los auxilios para mitigar las consecuencias de la pandemia con favorecimiento a los dueños de los bancos y el préstamo de 37.000 billones de dólares para salvar a los dueños de Avianca de la bancarrota (que está en discusión).
El tratamiento de los trabajadores de la salud con meses de sueldo atrasado, sin instrumentos de bioseguridad con todas las técnicas del caso, inclusive con varias muertes de médicos y enfermeras por causa del coronavirus; la casa por cárcel para el “presidente eterno” hasta que la Fiscalía General de la Nación defina su situación jurídica el 22 de septiembre.
Con estos elementos, y no obstante las circunstancias de inseguridad por causa del COVID-19, creo que la asistencia a las marchas puede llegar a ser tan numerosa como pocas veces se ha visto en este año de la pandemia.
El margen de maniobra del presidente Duque-Uribe se estrechará todos los días porque el proyecto del gran capital financiero es restringir la democracia para salvar sus privilegios hasta que le toque sentarse en las bayonetas.
Lo que pasó en Bogotá con el encuentro por la reconciliación convocado por la alcaldesa Claudia López, pidiendo perdón en nombre de la policía y como su responsabilidad política y moral por los desmanes criminales de integrantes de la policía, dice mucho de su talante democrático, mientras el presidente Duque deja la silla vacía y manda a su “Consejero de Paz” ya la “Consejera para los Derechos Humanos”, precisamente después de semejante matanza, en un hecho que es como para quedarse atónitos en medio de la tragedia.
De manera que hay sobrados motivos para expresar la protesta en forma organizada y masiva, sin darle oportunidad a la policía del Esmad para sabotear en forma criminal las manifestaciones de protesta. No podemos permitir que se queme el pan en la puerta del horno.
Debe ser no solo una manifestación contestataria y de denuncia política, sino también una protesta propositiva que toque el sentimiento de las mayorías nacionales con propuestas posibles y viables en estos momentos de sufrimiento, incertidumbre, hambre, desempleo, miseria, pobreza y desigualdad.
El movimiento ha presentado al gobierno propuestas reales y viables para su implementación, como por ejemplo, la renta básica de un salario mínimo durante toda la pandemia para los 9 millones de informales, desempleados y desplazados en Colombia; matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas y auxilios para las clases medias en las universidades privadas; la reforma estructural del sistema de salud, eliminando las EPS y demás intermediarios corruptos, medicina preventiva con grupos de médicos, enfermeros y técnicos que vayan a los barrios populares en busca de los contagiados y asintomáticos para hacerles las pruebas y los exámenes lo más rápido posible, para poder contactar y aislar los focos de contaminación; democratizar el uso y la comercialización de la vacuna contra el coronavirus cuando la tengan a punto de utilizarla, acabar con la tercerización de los contratos especialmente en la rama de los trabajadores de la salud y subir el salario y el pago de las horas extras nocturnas, dominicales y festivas.
Creación de empleos dignos en los servicios estatales y en las empresas privadas para jóvenes entre los 18 y los 35 años; crear muchos puestos de trabajo en la infraestructura, carreteras, puertos, autopistas, puentes, colegios, puestos de salud, ornamentación y conservación del medio ambiente, aeropuertos, transporte, servicios, comercio, construcción de vivienda de interés social en las grandes ciudades y en el campo con la creación de empresas agroindustriales.
Dotar de computadores y redes de internet para los estudiantes de los sectores populares, y construir un plan de estudios semipresencial para la educación primaria, secundaria y universitaria, que proteja la vida y la educación hasta que termine la pandemia.
Darle cumplimiento a los acuerdos de La Habana, especialmente en los puntos referidos al catastro multipropósito para la normalización y formalización de la tenencia y propiedad de la tierra con el fin de poder formalizar un catastro municipal que le de la renta a los municipios para desarrollar los programas de educación, salud, vías de comunicación, reformas y desarrollo institucionales, infraestructura educativa y sanitaria, además de los PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios que sufrieron la violencia y el atraso por causa del conflicto armado.
Hace falta también una profunda reforma del sistema electoral que desmonte el paramilitarismo en las elecciones, que reforme el Consejo Nacional Electoral, democratizando su origen y composición bipartidista, con una composición integrado por los representantes de todas la fuerzas políticas del país, con autonomía administrativa y financiera, lo mismo que la reforma de la Registraduría del Estado Civil, con independencia administrativa y autonomía financiera de los partidos tradicionales, que implante el sistema del voto electrónico, con el control y manejo democrático del software, con el control, pulcritud y manejo oportuno de los resultados electorales en el 2022, para que no haya ningún manto de duda al respecto en ningún sector de la opinión pública.
Hace falta quitarle gasolina al conflicto paramilitar y de los narcotraficantes implementando los programas de desarrollo agroindustriales alternativos en el campo para que los campesinos puedan salir de la siembra y recolección de la coca, dejando de lado la fumigación con glifosato por mandato del gobierno norteamericano, que no ha producido sino guerra, violencia y muerte.
Hace falta construir un estatuto del trabajo, que fue un mandato de la constitución del 91 y que hasta ahora ha sido imposible su aprobación en el Congreso de la República, y un sistema de pensiones que asegure un futuro seguro y digno para la vejez de los trabajadores colombianos, no como lo está tratando de hacer pasar el gobierno de los empresarios a través del decreto 1174 de agosto de 2020, con la disculpa de favorecer a los trabajadores que ganan menos del mínimo legal mensual, cuando de lo que trata realmente el gobierno es de acabar con los contratos a término indefinido, con las prestaciones sociales y terminar con el derecho a la pensión y jubilación de las nuevas generaciones de trabajadores reemplazándola por los Beneficios Económicos Periódicos, para justificar el trabajo por horas.
El pueblo puede y debe hacer uso del derecho a la protesta para presionar políticamente a un gobierno indolente que no escucha las quejas de los trabajadores y para lograr los anteriores objetivos, políticamente legítimos, económicamente viables y socialmente sostenibles en el tiempo.
Si al presidente Duque no le alcanza la estatura política para ser un verdadero estadista, ni tiene la visión de un futuro democrático para los colombianos implementando las reformas que se necesitan con urgencia en forma ordenada y pacífica, entonces el pueblo estará abocado a resolver el problema de las reformas democráticas mediante la presión política con la movilización de masas, hasta poder cambiar este modelo autoritario por un gobierno democrático en las elecciones del 2022, si es que la clase dominante permite el pacto por el cambio sin anegar en sangre la apertura democrática de Colombia.
