El estado colombiano ha sido un abanderado de la protección de la propiedad intelectual a nivel institucional. Eso no cambia el hecho que la violación sistemática de los derechos de autor y derechos conexos sea una práctica casi justificada por nuestra idiosincracia, convirtiéndonos en uno de los países del mundo donde se difunde más piratería impresa, digital, manufacturada, y el robo de ideas. Este fenómeno puede afectar la cadena de arte y creación cultural de múltiples maneras, algo que requiere un análisis profundo y extenso.
Personalmente creo que la tendencia a multiplicar leyes y tratados no es necesariamente adecuada. Si nuestra gente y nosotros seguimos pensando igual, y una maraña de legislación que no entendemos ni de lejos se afianza con el agravante que no hay entidades que apliquen esas leyes de manera proba y concreta. Eso es claro cuando, por ejemplo, vemos a policías ignorando las zonas donde se vende toda clase de piratería.
Considero que desde el Ministerio del Interior inicialmente, debe crear y afianzarse una política de apoyo a los creadores nacionales, más allá de si sus obras son consumidas legalmente o pirateadas inmisericordemente. Considero que el Mapa de Actores está muy centralizado, y por ende su espectro de operaciones se queda corto. En el ambiente artístico se perciben oportunidades, posibilidades, pero la aplastante burocracia del país desanima a muchos, aunque no es excusa para personas que trabajen en el campo a nivel profesional en cualquier punto de la cadena.
Tomemos un caso concreto: Las iniciativas progresistas como la Ley de Cine 814 de 2003 y la Nueva Ley de Cine 1556 de 2012, que apoyan la producción del arte más contemporáneo de todos: Cine. Muestra en principio buena voluntad estatal. Pero las iniciativas no han logrado calar en el imaginario colectivo. Tanto los realizadores como los espectadores están casi pasivos, y eso en parte es culpa de lo que yo llamo 'mal colombianismo'. El caso de estas leyes de Cine o la titularidad del Ministerio de Cultura 2007-2010 a la afrocolombiana Paula Marcela Moreno, como 'contentillo' a congresistas afroestadounidenses y así enmascarar la acción afirmativa racial en el gabinete nacional. En ese periodo la cultura era mayormente danza pacífica y música folclórica, que es hermosa y muy valiosa, pero el punto es que el folclorismo parece ser la norma. Desde los entusiastas del ritmo tribal hasta la rancia aristocracia bogotana que dicta las normas, el folclorismo perdura.
Por tanto deben concentrarse esfuerzos en mejorar las condiciones socio económicas en todas las capas sociales del territorio colombiano, lo que permitirá a la gente tener suficiente poder adquisitivo para considerar las ventajas de adquirir productos originales y apoyar creadores locales. La gente debe ser concienciada sobre el valor de apoyar a los creadores-productores nacionales. Debemos restringir la piratería a patrones aceptables, con acciones concretas de la DIAN en fronteras y puertos nacionales, y la Policía Nacional en nuestras ciudades. Luego apoyar concretamente a quienes siendo artistas-promotores colombianos se vean afectados por ella. De ser necesario crear leyes o convenios de acción afirmativa (si aplica aquí el término) o cuotas de participación, que apoyen la distribución nacional de obras literarias, musicales, pero especialmente en Cine y TV. Y por supuesto, apoyar los artistas antes que sean populares o famosos, que es cuando lo necesitan.
Por otro lado, a mi parecer las tendencias internacionales en derechos de autor no deben ser asimiladas y aplicadas en bloque por el estado colombiano, por consideraciones mencionadas atrás y otras. Es sabido que los gobiernos de países desarrollados enredan a nuestros negociadores en TLCs donde llevamos las de perder en la mayoría de casos. Por ejemplo es escabroso el punto donde USA impone a Colombia aceptar que las especies vegetales sean objeto de patentado por sus farmacéuticas. Eso es terrible y abre una caja de Pandora que puede terminar con un Amazonas colombiano convertido en un Sahara más. Igual para Ecuador, y Brasil que tiene dientes más grandes en el contexto internacional.
Aunque estemos hablando de Derecho, al leer materiales sobre el tema parecen galimatías destinados a generar confusión, lo que es natural en el Derecho, y permite que quienes negocian estos tratados en nombre del estado colombiano, en la mayoría de casos carecen de amor patrio y permite que sus plusvalías y tráfico de influencias prevalezcan sobre la desventaja que representará para el resto de ciudadanos la aceptaciones de esos acuerdos.
Los TLC no necesariamente deben firmar acuerdos vinculantes a los derechos de autor y derechos conexos. Posiblemente represente una violación a nuestra soberanía. Pongo por caso el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos amenazando al Reino de Suecia por su política permisiva frente a los derechos de autor. Suecia es un país pequeño o mediano, pero fuerte, digamos soberano, por eso sus congresistas, especialmente miembros del Partido Pirata, hablan de tú a tú a los diplomáticos-legisladores norteamericanos y cofradías legislativas internacionales como la OMC, respondiendo que el monopolio de derechos de autor puede estar amenazando los pilares democráticos de su sociedad, quizá por la hipervigilancia que promueve su control.
Acuerdos como Los Tratados Internet, Tratados de la OMPI, el nuevo Código Penal de 2001 (Ley 599 de 2000) y en conjunto el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual son iniciativas con mérito. Concluyendo, ya desde el 2008 el CONPES 3533 reconocía la debilidad institucional existente en materia de protección a la propiedad intelectual y propiedad industrial (permitiendo la piratería manufacturera, entre otros). Colombia es un país prolijo a la hora de dictar miles de leyes, pero al final lo mejor es menos leyes mas realistas, mejor aplicadas, y no sucumbir a cada imposición dictada en cada tratado dictado desde afuera.
