El deber de asegurar los riesgos de enfermedad, vejez y muerte no se atiende en forma adecuada. Este incumplimiento puede tener consecuencias catastróficas para el Estado, la economía y la sociedad. Es cierto que los elementos de incertidumbre en esta materia trascienden las fronteras patrias, pero el caso colombiano es muy grave. Las reglas tienen serios defectos. Así, las edades de jubilación no reflejan una realidad fundamental, y es que la mujer vive más que el hombre. Por consiguiente, no tiene sentido la premisa machista de que ella debe jubilarse antes que él porque es más frágil. El Artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo establecía 55 años para la jubilación de los hombres y 50 para las mujeres, pero la expectativa de vida era del orden de 60 años. Las reglas del ICSS (Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, después ISS) aumentaron las vidas laborales en cinco años, a 60 para los hombres y 55 para las mujeres, pero la expectativa de vida siguió subiendo, hasta llegar a cifras del orden de 75 años en promedio, en tanto que las edades de jubilación subieron solo a 62 y 57 años respectivamente, con la Ley 100. Esta modificación ocurrió hace casi un cuarto de siglo, y las perspectivas de longevidad hacia adelante sin que la fase productiva de la vida aumente son aterradoras.
Los regímenes privilegiados, como los de los congresistas, las fuerzas armadas y los maestros, deben acabarse. El régimen de prima media que administra Colpensiones no debe recibir ni un beneficiario más sin cambio en las reglas, porque no es sostenible en los términos en que está estructurado, como ha expresado con alarma la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, presidida por Santiago Montenegro. Se estima que el impacto en el fisco de este régimen es del orden de $25 billones anuales. Todos los colombianos debemos cumplir tiempo de aporte y edad bajo reglas congruentes. La edad para pensionarse debe nivelarse alrededor de sesenta y cinco años para la totalidad de la población, para evitar que las empresas deban mantener en su nómina activa a personas cuya capacidad de aporte se haya disminuido en forma marcada como consecuencia de la edad, pero al mismo tiempo se debe incentivar a quienes las administran para hacer productiva a toda su organización de manera sostenida.
El reto de mejorar la productividad involucra, por supuesto, al gobierno nacional, a las empresas y a la academia. En los años sesenta era asunto prioritario para el Presidente Lleras Restrepo y el Ministro John Agudelo Ríos. En contraste hoy, cuando el país tiene el tercer indicador más bajo de Latinoamérica en valor agregado por hora productiva, por delante solo de Honduras y Haití, el tema, central para la competitividad del aparato productivo nacional, no se discute siquiera, y la Ministra Clara López apadrina la costosa reforma administrativa de Colpensiones pero guarda silencio en lo relacionado con la productividad. El Consejo Privado de Competitividad, bajo la dirección de Rosario Córdoba, hace ocasionales declaraciones de preocupación, pero no pasa nada, a pesar de que este es el camino para mejorar el ingreso y la rentabilidad de los aportes a los Fondos.
Lo más grave es la inadecuada reflexión gubernamental sobre el futuro, importante para diseñar los instrumentos apropiados. La vida tiende a alargarse, la fase preparatoria se extiende porque el espacio para trabajos sin calificación se va cerrando en muchos ámbitos y las posibilidades de lograr mayor calificación se han ampliado, y la vida productiva, por consiguiente, se va acortando, de manera que se vuelve cada día una proporción menor de la vida total. Por otra parte, la proporción de la población económicamente activa que pertenece a la economía informal es del orden de 48 por ciento. Esto significa que la mitad de los trabajadores colombianos no acumula aportes a cargo del Estado o de entidades administradoras de pensiones. En consecuencia, además del pasivo pensional formal, los gobiernos futuros deberán proveer algunos recursos para el sostenimiento mínimo de muchas personas que no entran en ninguna cuenta pero que no se pueden dejar morir de hambre cuando no tienen familiares o afines en condiciones de sostenerlas. Esta contingencia no está en ninguna cuenta.
Para conseguir los recursos requeridos por el pasivo pensional y evitar fracturas sociales aún más marcadas que las actuales es preciso enderezar la economía; ello exigirá mejor distribución del ingreso, para aumentar la capacidad de consumo, mejor calidad de gasto público, políticas fiscales y monetarias que aseguren la sostenibilidad de las cadenas productivas en condiciones eficientes, infraestructura apropiada y, sobre todo, un gran esfuerzo nacional para mejorar la educación. El punto de partida debe ser la revisión de las instituciones políticas y los procesos públicos, cuyo diseño promueve la corrupción y el desperdicio, e impide lograr tasas adecuadas de crecimiento económico. Hoy, casi tres décadas después de la apertura de la economía, el mercado de capitales no ofrece los espacios apropiados para la inversión de los fondos de pensiones en sociedades anónimas con expectativa de valorización importante por crecimiento sostenido del ingreso disponible y los mercados. Es cierto que las economías desarrolladas crecen más despacio, pero el Producto Interno Bruto per Cápita de los EEUU es al menos cuatro veces el de Colombia, y nuestro país depende del petróleo en forma marcada. El coeficiente de Gini después de impuestos, medida de la distribución del ingreso cuyo menor valor indica menos desigualdad, es 0.41 para EEUU, quizá el más desigual entre los países ricos, en tanto que el de Colombia es 0.53, uno de los más altos del mundo. La estrategia de aprovechar los recursos energéticos del país para su crecimiento no logró los resultados necesarios, debilitó el aparato productivo, socavó la capacidad para construir conocimiento y no redujo la dependencia del futuro pensional en la capacidad de servicio de deuda del gobierno nacional ni abrió nuevos espacios para el crecimiento. Por el contrario, se aumentó la deuda pública para pagar gastos corrientes y amortiguar la percepción de las consecuencias de la caída del precio del petróleo en 2014.
Se requieren políticas diferentes para generar riqueza y pagar la deuda pensional sin asfixiar al Estado. Urge crear espacios para que los fondos segregados para el pago de pensiones adquieran valor como consecuencia de tasas de crecimiento elevadas en forma sostenible. Los aspirantes al cargo de presidente a partir de 2018 no han formulado propuestas para orientar a los colombianos hacia un largo plazo próspero, que permita pagar el pasivo acumulado, ni han musitado palabra alguna sobre el régimen pensional. Sergio Fajardo al menos hace énfasis en el papel de la educación como motor del progreso, pero propuestas generales no son suficientes. Es preciso plantear recetas más específicas y, sobre todo, prácticas. Los demás aspirantes ni siquiera ofrecen programas serios para encarar el futuro complejo que enfrenta Colombia.
