El Sistema Nacional de Cuidado (SNC) es una apuesta que reconoce el cuidado como práctica central de la supervivencia y los vínculos humanos y lo deslinda de la exclusividad de lo privado y lo familiar, para ubicarlo en los ámbitos de responsabilidad pública y colectiva, es decir, se trata de una estrategia para estatizar el cuidado, que no se limita a visiones asistencialistas y suma a los esfuerzos por aminorar la injusta brecha de la división sexual del trabajo.
Para entender su posible funcionamiento es necesario recordar que un sistema es un entramado complejo cuyos componentes se relacionan entre sí y funcionan como un todo. Si bien cada componente del sistema puede funcionar de manera independiente, siempre hace parte de una estructura mayor. Del mismo modo, un sistema puede ser, a su vez, un componente de otro sistema. Por tanto, el Sistema Nacional de Cuidado (SNC), podrá ser tan complejo como se quiera y nacerá para atender a los principios que rigen la Administración Pública; principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
El Sistema Nacional del Cuidado (SNC) deberá estar coordinado por un Ministerio, que seguramente será la postre el de Igualdad anunciado tanto en campaña como en el plan de gobierno del gobierno venidero, pero no se limitaría al mismo, por cuanto un sistema, supone la articulación de diferentes entidades distribuidas en varios sectores de la administración pública central, lo que implica que las responsabilidades determinadas por el sistema deben estar distribuida a lo largo y ancho de toda la estructura del Estado.
De hecho, muchas áreas del Gobierno tienen ya funciones y acciones ligadas a la relación de cuidado que se pueden orientar al cumplimiento de los objetivos de un nuevo SNC, comenzando por dotarlas de una perspectiva diferencial y de género, necesaria para posibilitar el correcto desarrollo de éste.
El SNC debería coordinar la acción pública de manera coherente y transversalizar todos los ministerios. Sus mecanismos de coordinación establecerán las políticas apropiadas y las prioridades, evitando la repetición de acciones en ciertas áreas e influyendo en las condiciones estructurales que generan las brechas de género fundamentadas en la idea de que las mujeres son las que deben asumir las tareas de cuidar, criar y acompañar.
Deberá, al mismo tiempo, asignar funciones, ordenar la estructura y la oferta institucional, para atender objetivos estratégicos del Estado generalmente vinculados al cumplimiento, garantía y goce efectivo de derechos y tener instancias de dirección y seguimiento en los órganos administrativos del Estado de primer y segundo nivel.
Referirse a las personas que serán las beneficiarias directas del Sistema Nacional del Cuidado implicará sustentación técnica y política. En este punto será posible reconocer sus fronteras, lo que puede hacer parte de éste y lo que no. En principio, el SNC debería enfocarse en las relaciones de cuidado y no sólo en las personas que ofrecen el cuidado y quiénes lo necesitan, pues esos roles no son estáticos y es fundamental que a nivel cultural se asuma que el cuidado es por definición una tarea en cooperación y no una tarea en soledad.
En resumen, vislumbrar escenarios de imaginación política para el Sistema Nacional de Cuidado dará la posibilidad de establecer roles y responsabilidades para cada uno de los órganos gubernamentales involucrados, generar respuestas consistentes y articuladas sobre lo que implica el reconocimiento del cuidado y las personas cuidadoras y generar visibilidad sobre problemas históricamente solapados sobre los que hay que aplicar, si o si, los enfoques diferencial y de género.
Somos muchas las personas y movimientos que esperamos que el Gobierno entrante tenga claro que el Sistema Nacional de Cuidado es la reforma que necesita para mover su agenda social y será su más grande legado en materia de política social, por tanto, deberá tener una asignación presupuestaria suficiente, una influencia relevante en la renovación de la administración central y un compromiso político que atraviese las agendas de gobiernos locales e instancias nacionales y se convierta en una de las políticas de estado más importantes en cuanto a política social se trata. Eso y nada menos.
