El coronavirus se ha convertido en el tema de conversación predilecto. En los noticieros se analizan a diario sus alcances y limitaciones para contrastarlo con la capacidad del sistema de salud nacional, donde además se habla siempre de los síntomas y se enfatiza frecuentemente en los biológicos y económicos. Sin embargo, este patógeno ha iniciado un ataque en otro frente, más bien alejado al de los reflectores mediáticos, pero sus efectos no son despreciables: las delgadas líneas de la ética se han ido desdibujando.
Primero tenemos a Gabriel, un estudiante que, en lugar de estudiar el Código Civil, decidió utilizar WhatsApp como principal herramienta para la resolución de sus exámenes debido a la virtualidad. También está dispuesto a pagar, sumas nada despreciables, para que otra persona se encargue de sus deberes. Para colmo de males, Gabriel, quien es estudiante de derecho de alguna prestigiosa universidad, puede estar dispuesto a repetir sus hazañas universitarias en su ejercicio como servidor público, evaporando parte de los ya volátiles recursos públicos que tendría a su disposición.
El plagio no es algo nuevo, por el contrario, ha sido uno de los lunares del sistema educativo desde tiempos inmemorables. No obstante, la virtualidad forzosa que se debió adoptar por la pandemia ha puesto en jaque la moral no solo de los estudiantes, sino de todos los colombianos. Cuando la probabilidad de ser atrapado al cometer un delito es cercana a cero y existen beneficios asociados a la conducta, no deberían asombrarnos este tipo de sucesos. Somos seres humanos, imperfectos por naturaleza.
Esta perversa configuración de incentivos explica por qué han ocurrido los numerosos desfalcos contra el Estado y el aumento de la dificultad de vigilancia solo agrava la ya habitual conducta. La ley, sin sugerir que es algo inservible, no ha sido lo suficientemente eficaz para controlar esta problemática que atenta directamente contra el bolsillo de todos los contribuyentes.
¿Qué hacer? No hay respuesta perfecta, ya que toda propuesta tiene su lado negativo. ¿Y si le inyectamos recursos a los organismos de control? No todos funcionan de manera correcta, a veces son liderados por personas como Gabriel. ¿Y si nos basamos en el modelo de China y hacemos un registro de todos los movimientos de los ciudadanos? Algo excesivo en mi opinión, sin mencionar lo difícil que sería que sobreviva en el Congreso. Tenemos un dilema y es que existe la posibilidad de que las soluciones para erradicar la corrupción puedan ser más costosas que el monto robado. ¿Debemos permitir cierto nivel? Otra inquietud para nuestra ya asediada moral.
No podemos pretender que el Estado solucione todos los problemas, más aún cuando tiene las manos ocupadas en el tratamiento de los síntomas biológicos y económicos. Podemos empezar por dejar de aplaudir la cultura del más avispado; rechazar de manera rotunda y colectiva conductas como la de Gabriel es necesario. Hay que formarse como personas antes que como profesionales, una frase de cajón cargada de sensatez. ¿Es necesario ganar a toda costa? ¿Qué tanto vale nuestra integridad? Si no se toma una postura activa contra la corrupción, se genera una condición de apoyo tácito. Termino con un secreto a voces: la lata de atún a $20.000 no fue obra de la oferta y la demanda.
