Resulta paradójico que los promotores de la protesta continuada que comenzó el 21 de noviembre decidan extenderla porque a su entender el gobierno es altanero y soberbio al hablar de conversación nacional, mientras ellos exigen un diálogo que solo tenga como contrapartes al gobierno, en cabeza del presidente, y las distintas organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional del Paro (CNP).
Mientras el gobierno propone que en esa gran conversación nacional tengan asiento todos los sectores de la sociedad, la CNP quiere un “diálogo” excluyente, donde ellos no van a escuchar al gobierno porque “ya conocen todos sus argumentos”, sino que esperan ser escuchados y ello es sinónimo de aceptación de todas sus exigencias sin consideraciones sociales, políticas, constitucionales y mucho menos económicas; estando el gobierno obligado a implementarlas, aunque no corresponda a sus funciones.
La búsqueda de salidas a la protesta social se detiene entonces por una guerra semántica; hablar de conversaciones, en las que se incluya a todos los sectores que deben contribuir a la solución de las injusticias e inequidades, se vuelve sinónimo de intransigencia; mientras la CNP, los críticos y malquerientes de Duque hablan de un diálogo que concluya en negociaciones de los 13 puntos de su petitorio, pero donde el gobierno solo escuche y acepte y la CNP grite y aumente cada día, a medida que alcanzan algún logro, el nivel y alcance de sus exigencias.
Los puntos críticos del petitorio, inamovibles como refieren algunos voceros políticos de la movilización, nada tienen que ver con los temas laborales o pensionales, o educacionales que ya habían sido resueltos en las protestas de hace un año, y que dieron origen a la inconformidad hoy manifestada; como por ejemplo, la inclusión de exigencias de las Farc que no fueron resueltas en La Habana como el desmonte del Esmad y la revisión de la estructura constitucional, los principios y fines, así como la doctrina de las Fuerzas Militares y de Policía (ya modificadas en La Habana a través de la doctrina Damasco), así como el reconocimiento automático de todos los beneficios obtenidos en los acuerdos de Juan Manuel Santos y las Farc, al ELN, además de las modificaciones al modelo político, social, cultural y económico del Estado de derecho, que esta guerrilla ha exigido históricamente y que llevaron al fracaso 7 intentos de negociación política desde los años 80.
Lo que hoy vivimos es producto de una causa que la clase política, sin distinciones de ninguna índole, no quiere leer porque es la única responsable de ella, causa que la CNP quiere a toda costa se repita para mostrarse triunfadora frente a la pretendida intransigencia del gobierno Duque. Por años y, especialmente, después de la Constitución del 91, los gobiernos, generalmente al término de su período, conjuraban cualquier amago de crisis social, aceptando sin ninguna responsabilidad condiciones irrealizables en su mandato, pero que dejaban como herencia a futuros gobiernos, incluyendo por supuesto las cargas presupuestales que ellas implicaban a sabiendas que los ingresos calculados del fisco, no permitirían cumplirlas y obligando así a recurrir al incremento de la tributación como única alternativa.
Un claro ejemplo de lo anterior lo constituye lo actuado durante el gobierno del liberal Ernesto Samper Pizano (1994-1998); si se quiere buscar responsabilidades en la crisis del sistema de prima media en pensiones, allí encontraran a los causantes. Los recursos del entonces Instituto de los Seguros Sociales ISS, eran suficientes para cubrir la demanda de subsidios del Estado hasta el año 2050, pero Samper Pizano los acabó de dilapidar en el fallido rescate financiero del Banco Central Hipotecario; la tarea la había iniciado Belisario Betancur (1982-1986), al utilizarlos para financiar la construcción de Ciudad Tunal en Bogotá, sin que esos dineros retornaran jamás al ISS y la finalizó Juan Manuel Santos (2010-2018), con la expedición del Decreto 2013 de 2012 y posteriormente el Decreto 0553 de 2015, que cerró y liquidó el ISS, que había sido creado mediante la Ley 90 de 1946. Por cierto, la norma que puso fin al ISS, lleva la firma del entonces flamante ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, exmilitante del Partido Comunista y posteriormente alcalde de Bogotá a nombre del Polo Democrático.
No hay que olvidar tampoco que fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que objetó la norma aprobada por el Congreso de la República que reducía al 4% la cotización en salud de los pensionados, del 12% que siguen pagando hoy. Iván Duque expidió un decreto que reduce gradualmente esa cotización al 8% y luego al 4%; ojalá la Corte Constitucional no tumbe la norma acogiendo nuevamente las razones economicistas de Santos para objetarla inicialmente.
¿Cuándo las centrales obreras, el sindicalismo independiente, las ONG u otras organizaciones que hoy conforman la CNP, convocaron a un paro nacional o sectorial contra las medidas de Samper Pizano o Santos Calderón? Nunca, entonces cambiaron la dignidad y la defensa de los trabajadores y pensionados por representaciones burocráticas en el ministerio del trabajo o ante la OIT en Ginebra.
Por el contrario, César Gaviria Trujillo (1990-1994) (en cuyo gobierno se expidieron las leyes 50 y 100/93 y la tristemente célebre apertura económica), Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos, como sus exministros y funcionarios, el Partido Liberal, el Partido de la U y un sector de Cambio Radical, aparecen hoy como voceros del pueblo afectado por esas políticas, en abierta competencia con Gustavo Petro, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, el Partido Comunista, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la alianza progresista, el Partido Verde y el Partido de las Farc, se disputan el liderazgo ideológico del Paro Nacional, desplazando incluso a la misma CNP, cuyos voceros pugnan por aparecer más radicales e intransigentes, para no perder imagen y rating ante la opinión pública.
Y ya que hablamos de César Gaviria y su apertura económica, no mala per se sino por la forma en que fue implantada, que la Federación de Cafeteros, Fedegan, Fedearroz, Fedepapa, los productores de cereales y otros productos agrarios, le cuenten al país cómo les fue en esos gobiernos y especialmente a partir de la invitación de Rudolf Hommes a que cambiaran el cultivo de maíz, de fríjol, de arvejas y todo lo que producía el campo para autoabastecer al país y exportar excedentes, por siembra de uchuvas, feijoas y otros productos que le encantaban a los europeos y orientales. Ahí se agravó la situación de agricultores y ganaderos hasta llegar a la agonía y la desesperanza porque todo comenzó a importarse, aunque fuera de pésima calidad, como sucedió con los miles de toneladas de azúcar que por “solidaridad bolivariana”, el gobierno Santos le compró al Ecuador. El cierre obligado de las plantas productoras de insumos agrícolas nacionales para comprar más caros los provenientes de productores multinacionales.
Los únicos que tienen que ver con la tierra que alcanzaron algún beneficio fueron los cultivadores de marihuana, coca y amapola; los acuerdos de El Catatumbo, trasladados integralmente a los acuerdos de La Habana, que no solo legitimaron los narcocultivos, sino que convirtieron al Estado en su financiador y protector, hasta el punto que, pese a la ilicitud de estos, tienen una organización reconocida desde el gobierno Santos como interlocutor legal ante las autoridades y la sociedad, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
Así las cosas y visto de una manera imparcial, el devenir del conflicto social en Colombia, manifestado hoy en el llamado paro nacional iniciado el 21 de noviembre, es el producto de la acumulación de errores alimentados por el populismo irresponsable de algunos gobiernos para comprar conciencias y lealtades al conjurar los brotes de malestar de muchos sectores de la economía y la cultura, especialmente desde 1991; siendo injusto que, incluso quienes los promovieron en su momento, hoy se quiera culpar a un gobierno que apenas lleva 15 meses y que recibió la institucionalidad y las finanzas del Estado en un completo descuadernamiento.
Tienen toda la razón quienes protestan de manera honesta y pacífica por un estado de cosas injusto e inequitativo, por una inmensa deuda social con la que otrora se calló la protesta; pero se desnaturaliza la protesta cuando se permite que los responsables de esa situación, por acción o por omisión, se conviertan en los directores y voceros de la protesta, agitando banderas políticas caducas con el fin de mantener o acrecentar su poder electoral; no rechazar y expulsar a quienes recurren a la violencia como medio político es complicidad por convicción o por miedo y terminan convirtiendo en víctimas de peores injusticias a personas que, como ellos, luchan por un trabajo para llevar el pan a sus casas.
