La Unidad Nacional de Protección UNP es el organismo que se encarga de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo sobre los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio puedan tener un riesgo extraordinario o extremo, en el cumplimiento de sus funciones. Esta normatividad esta contemplada en el Decreto 1066 de 2015.
Pero los “artistas” como actores no entran dentro de las categorías que son prioridad para la UNP, según la norma. Y la atención se concentra en dirigentes políticos, activistas, periodistas, miembros de ONG, organizaciones campesinas y líderes de oposición entre otros. Entrevistamos al Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección SINTRAUNP Camilo Torres, quien nos señaló algunas irregularidades que se dan al interior de esta institución.
¿Cuáles son los mecanismos para proteger a una persona?
Según Camilo Torres, este mecanismo se denomina la “Ruta de Protección”. Como primera medida es radicar la solicitud de protección en la UNP, posteriormente gestión del servicio, dependencia que recibe la solicitud y analiza la competencia según las poblaciones objeto del programa.
“Esta solicitud es verificada por el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información - CTRAI. Básicamente en este proceso se confronta la información y se evalúa el caso. Igualmente, un grupo de valoración preliminar sesiona con la participación de 9 entidades, 5 de carácter permanente y 4 como invitados especiales, quienes conjuntamente analizan la situación de riesgo de cada persona. También un comité denominado Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM, valora la información y toma la información final, la cual es notificada al director de la Unidad Nacional de Protección mediante acta, con el fin de implementar de manera inmediata las medidas de protección al peticionario”.
Es importante señalar que los tipos de riesgo están establecidos en la sentencia T-1026 de 2002, por la Corte Constitucional donde especifica el riesgo al que esta sometida alguna persona.
¿Cómo se evalúa el nivel de riesgo de una persona?
Riesgo Ordinario: es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de condiciones por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad.
Riesgo Extraordinario: es aquel que las personas, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales, o humanitarias o en razón del ejercicio de su cargo, no están obligados a soportar.
Riesgo Extremo: es grave e inminente.
Auditoria de la Contraloría arrojo hallazgos en la Unidad Nacional de Protección.
Precisamente, la Contraloría se refirió a la tercerización de esquemas de seguridad. “El organismo de control fiscal dijo que los contratos con empresas que a su vez contratan escoltas a generado alto costo para la UNP. Así lo afirma el Presidente de SINTRAUNP” Camilo Torres.
Encontramos que en la auditoría de la Contraloría determinó que, desde su creación, la UNP no tiene ni el personal, ni los vehículos suficientes para prestar directamente el servicio, por lo que ha tenido que contratar a privados. “La tercerización ha generado altos costos, lo que aunado con las deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo y supervisión en la prestación de estos servicios de esquemas, arrendamiento de vehículos y suministro de gasolina, entre otros, han llevado a que la Entidad presente un déficit fiscal aproximado de $ 40.000 millones de pesos”, aseguró.
“La UNP no está siendo coherente en asignar las medidas de protección a los beneficiarios de conformidad con el nivel de riesgo que presentan y se están cancelando recursos por esquema de protección al servicio de beneficiarios que no lo ameritan, veo con mucha preocupación que un dirigente político y sindical como el Excongresista Wilson Arias Castillo, le hayan retirado el esquema de protección por un informe que generó un analista de riesgo de la UNP miembro activo de la Policía, manifestando que no tiene un alto nivel de riesgo” dice Camilo Torres.
Esto se evidencia, según el examen de la Contraloría, en que “la Entidad ha asignado vehículos a personas que no están contempladas por el Programa de Protección”.
El estudio también demostró que, en una gestión antieconómica, esa Unidad alquiló chalecos blindados en nueve contratos del 2014, pese a que previamente había comprado elementos similares que nunca se les entregaron a los esquemas de seguridad.
El Sindicato ha denunciado y aplaude el informe que determinó la Contraloría que los servicios de protección, que son el objeto de la Unidad Nacional de Protección - UNP, se encuentran tercerizados en un 87%, es decir que el personal de protección no está vinculado con el Estado. Según cifras, 500 funcionarios son de planta lo que equivale al (12%) y alrededor de 3.500 funcionarios son contratistas quienes son el (88%) a nivel nacional.
“La Unidad Nacional de Protección no cuenta con el personal suficiente para esta labor, en Cali, asumimos el Suroccidente colombiano donde nos toca cubrir Nariño, Cauca, Valle, Choco, Ejecafero y Caquetá, teniendo en cuenta que solo contamos con 25 funcionarios y dos de ellos son contratistas. Igualmente, las Instalaciones para desempeñar nuestra labor no son las más apropiadas hay hacinamiento porque el espacio es muy reducido” así puntualiza Yuly Castrillón, Auxiliar Administrativa de la UNP.
Luego de analizar el tipo de vinculación la Contraloría encontró que para el 2015, la UNP contaba con un total de 4.215 personas vinculadas, de las cuales el 16% corresponde a funcionarios y el 84% restante a contratistas. Del total del recurso humano de la UNP, el 90% está asignado a la Subdirección de Protección y el otro 10% a las dependencias de apoyo a la institución.
Además de la creciente tercerización de los servicios, dice la Contraloría, se evidencia la dificultad de ordenar desinstalaciones de esquemas aprobados.
En 2015, la UNP prestó 6.463 esquemas de protección, 49% del total de las solicitudes recibidas (13.192) en la vigencia, es decir, teniendo en cuenta el valor de los compromisos, cada beneficiario tuvo un costo de protección promedio de $ 72 millones al año. Se observaron incrementos en los costos de los elementos que componen los esquemas de protección; vehículos convencionales el (28%), seguido de hombres de protección y conductores el (8%) y vehículos blindados el (5%).
Se evidencia que entre los años 2012 y 2015, se recibieron 52.954 solicitudes de protección, de las cuales el 30% fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos; mientras que de las aceptadas, el 79% fueron objeto de protección. A 2015, los esquemas prestados se concentran principalmente en servidores públicos (22%) dirigentes, miembros y sobrevivientes de la UP y el Partido Comunista colombiano el (21%).
Camilo Torres, afirmó que las tutelas que los jueces vienen profiriendo para avalar solicitudes de protección "disponen nuevas revaluaciones, aumento en vehículos o personal, giro de recursos para desplazamientos, entre otros".
Estas irregularidades están generando que haya gastos que requieran de nuevos recursos, creando una nueva tensión presupuestal, que solo para los primeros 4 meses de 2015 ascendió a $1.431 millones.
Finalmente, hemos conocido mediante algunas denuncias hechas sobre el pago a terceros para pertenecer al grupo de Escoltas.
“Hemos hecho las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación al personal vinculado, con el objeto de determinar si han pagado para ingresar al Programa de Protección. Han sido recibidas en la entidad, por diversos medios, denuncias sobre integrantes de organizaciones sindicales y otras personas relacionadas con la UNP que presuntamente están realizando cobros de dineros para facilitar el ingreso del personal que aspira a hacer parte del Programa de Protección administrado por la Entidad”. Según Camilo Torres Presidente de SINTRAUNP.
Concluimos puntualizando que debe ser una tarea del director nacional Diego Fernando Mora, quién tiene la última palabra en tomar cartas sobre este asunto donde el principal gestor sea el Estado en cabeza del gobierno, en eliminar todo tipo de Burocracia Administrativa para que las corporaciones puedan ser viables sin vicios de Corrupción.
@PCoes
