Sin desconocer la grave situación de amenazas y asesinatos de líderes sindicales en Colombia, comenzada por el M-19 al asesinar a José Raquel Mercado, entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, el 19 de abril de 1976; la orgía de sangre desatada por el narcotráfico como retaliación contra las Farc-Ont en las décadas de los 80 y 90, por el robo de un alijo de narcóticos a sus hasta entonces socios, el Cártel de Medellín representado por Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, a la actual situación donde en 2018 se asesinaron 28 dirigentes; el sindicalismo colombiano acumula el triste balance de 14.800 violaciones contra la vida y la libertad de sus asociados desde 1973 hasta el 2018, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).
En el país, con una población en edad de trabajar PET, de 38.693.000 personas, de los cuales 24.470.000 están en el mercado del trabajo (población económicamente activa PEA), solo 1.424.048 colombianos se encuentran afiliados a las siete (7) organizaciones de primer grado sindical, según el censo sindical 2017 del Ministerio del Trabajo; lo que indica una bajísima tasa de sindicalización y una debilidad representativa del sector en los grandes centros de decisión nacional, esa representación es más formal, por virtud de la ley, que por la real capacidad como grupo de presión política, social o económica. Solo 4,7 trabajadores por cada 100 se encuentran sindicalizados y solo el 1,28% negocian sus condiciones de trabajo y empleo.
Pero, ¿puede atribuirse esta penosa situación solo a la violencia ejercida contra los dirigentes sindicales y afiliados a esas organizaciones? Desde la década de los 90 se ha planteado la necesidad de un examen autocrítico de la realidad organizacional en Colombia, sin que se evidencie un interés real por parte de la dirigencia y las bases a su realización; la fragmentación del sindicalismo en sus organizaciones de primera y segunda grado (Centrales y Sindicatos de Industria), es una debilidad manifiesta que atenta contra los intereses de los mismos trabajadores y que no puede atribuirse únicamente a las políticas laborales oficiales o a la existencia de grupos delincuenciales cuyo objetivo es la destrucción física del movimiento sindical.
La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), de origen liberal es el organismo de primer grado más antiguo de Colombia, hoy cuenta apenas con 169.291 afiliados; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), creada a partir de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), de tendencia marxista-leninista y controlada por el Partido Comunista Colombiano (PCC), tiene 577.532 afiliados y la Confederación General del Trabajo (CGT), de tendencia socialdemócrata, es la primera fuerza con 606.073 afiliados; la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), creada en 1949 como respuesta clerical a la CTC, apenas llega a 6.912 afiliados (cifra reportada por esa Central a orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2017).
Otro sectores de trabajadores organizados se agrupan en la Confederación Sindical de Servidores Públicos y de servicios públicos de Colombia (CSPC), con predominancia regional en la Costa Atlántica, con 7.873 afiliados; la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), conformada por disidencias de la CUT y que agrupa 31.153 servidores de la rama judicial Asonal y algunos gremios del transporte; la Central CTU-USCTRAB está constituida fundamentalmente por trabajadores estatales de la fiscalía, Unidad Administrativa Especial de Migración, pequeños comerciantes y vendedores informales, con 32.126 afiliados.
Los sindicatos más fuertes han sido los del sector público y sin embargo organizaciones otrora poderosas como la USO, Sintraelecol, la misma Asonal, han perdido vigencia y se han atomizado. Un caso patético es, por ejemplo, el que se presenta en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que, con 2.300 trabajadores, tiene dos sindicatos de base Sintraemsdes (con 80 años de existencia) y Sintrasepurcol, creada por un directivo retirado del primero de ellos y que asumió las plantas de trabajadores temporales infladas durante la administración del alcalde Gustavo Petro. Hoy los trabajadores, no solo se encuentran divididos sino confundidos sobre cuál es la verdadera organización representativa y en su gran mayoría han optado por marginarse de la actividad sindical. ¿Una razón valedera para la división? Ninguna, solo el afán de protagonismo político de quienes dirigen la organización disidente.
Y aquí se plasma una realidad insoslayable de la debilidad del movimiento sindical: el vanguardismo y el anarcosindicalismo. Cada partido o movimiento político de izquierda quiere liderar el movimiento sindical y crea aparatos que bajo su férrea dirección busquen la representación de un sector productivo o de servicios, especialmente en el sector público. Todos dicen ser de origen marxista-leninista puro y aplican a sus organizaciones las reglas que son propias del movimiento político que representan, excluyendo en la práctica toda participación de sectores ideológicos distintos y pretendiendo convertir la organización sindical en una secta de conversión a sus afiliados.
Afortunadamente el vanguardismo de clase ha sido superado en el movimiento sindical; alentado principalmente por el PCC que no concebía otro sector distinto a la clase obrera (sectores de la producción fabril), como vanguardia del proletariado, excluyó sistemáticamente la organización de otros sectores (de los servicios por considerarlos burgueses y del campesinado, por obvias razones); con la escisión del mundo socialista este vanguardismo de clase se trasladó literalmente al sindicalismo latinoamericano con otras versiones como el trotskismo, el revisionismo, el anarquismo, el eurocomunismo, etc., especialmente en Argentina, de donde irradiaba a las demás organizaciones en el continente.
Algo que nuestros dirigentes sindicales no han podido o no han querido entender, ya había sido motivo de duras críticas del mismo Lenin y que puede resumirse en el rechazo a la conversión de las organizaciones sindicales en correas de transmisión de los partidos políticos, que sin duda son origen del oportunismo, el revisionismo y el anarquismo en los sindicatos, que conduce a la división y el federalismo en el movimiento sindical; cada sindicato es independiente de los demás y representa intereses particulares (ideológicos), incompatibles con todo principio de democracia participativa y unidad de la clase trabajadora. Muy pocos argumentos en favor de estas prácticas pueden esgrimirse y por eso se prefiere el negacionismo y la descalificación a la crítica.
¿Qué peso tiene el anarcosindicalismo en la violencia contra los dirigentes y las organizaciones sindicales? Hay muchas evidencias de señalamientos y graves acusaciones contra dirigentes y organizaciones sindicales provenientes de sectores en disputa por el poder político (especialmente involucrados en la teoría de la combinación de las formas de lucha), que tuvieron como consecuencia funesta el asesinato de dirigentes que representaban una idea o concepción distinta de la lucha sindical. Si el sindicalismo no hace un examen crítico de estas realidades y se opta por mantener el negacionismo para culpar únicamente al “sistema”, poco podrá avanzarse en la modernización y apertura del mismo a toda la clase trabajadora.
Sería absurdo negar que existe un amplio sector de empresarios que ven el sindicalismo como un mal que debe combatirse y eliminarse, pero es una actitud que es respondida con la no menos anacrónica teoría de la lucha de clases, que ven al empresario como el enemigo natural del trabajador a quien hay que vencer y destruir; se escuchan absurdos como que el trabajo es una imposición social y económica de las clases pudientes para someter al desposeído, al trabajador, que niegan la existencia como un medio de dignificación del hombre. Es un hecho que esas posiciones antagónicas jamás podrán conciliar sus posiciones y a todas luces, la lucha sindical será estéril y se convertirá en un antagonismo de clase que amenaza la fuente misma del trabajo, necesaria para ambas partes.
Ojalá las organizaciones sindicales se dieran a la tarea de hacer una consulta entre las bases sobre las razones que motivan la desafiliación a los sindicatos; pero abandonando toda intencionalidad política de buscar las causas solamente en las políticas de Estado o del sector empresarial. La sorpresa sería mayúscula cuando factores como el anarcosindicalismo, la corrupción, la falta de identidad con los programas y plataformas de los sindicatos, emerjan como una de las principales causales de desmotivación del trabajador y no solo en el sector público, sino en las empresas de producción y del comercio. La tercerización laboral afecta las organizaciones sindicales, pero estas y en muy contadas excepciones, tampoco tienen políticas serias y definidas para representar al nuevo tipo de trabajador, salvo verlo como una opción política partidista.
Este es un tema que amerita un debate serio y libre de prejuicios y pasiones ideológicas y partidarias. Las organizaciones sindicales son parte fundamental en el desarrollo social, económico y político de los países, pero la sindicalización no implica solo el reconocimiento de derechos, sino también la aceptación de deberes frente a las realidades económicas y sociales de las empresas. En ese sentido deben avanzar los dirigentes sindicales, no solamente en la ya desprestigiada lamentación de que solamente los empleadores o los gobiernos son los responsables de la crisis del sindicalismo a nivel mundial.
Mientras esa visión anacrónica no cambie, desafortunadamente será la misma dirigencia y la atomizada organización sindical la que se encargue de hacer el más activo y radical antisindicalismo en el país.
