Incurriendo el estado con lo que indica la ley 982 de 2005 y conllevando a que sean los sordos los que deban contratar intérpretes por sus propios medios.
En una casa a medio terminar del barrio providencia del municipio de Pereira, en la propiedad que se dio en comodato, se dan cita todos los viernes a partir de las 3 de la tarde algunos miembros de la asociación de sordos de Risaralda, Asorisa, si bien el silencio es característico del lugar, ellos tienen sus manos que hablan. Esta casa grande de estructura, con moho, por goteras que notablemente caen, sus pisos rústicos en obra negra y paredes sin revocar, dejan entrever la falta de ayuda por parte del gobierno para esta población, lo anterior no se dice a ultranza, es confirmado por el presidente de la asociación Juan Daniel: “la asociación se sostiene de la cuota que aportan los miembros, de los talleres que se dictan, actividades extras que se realizan y las ventas de camisetas y tulas”.
La fachada del lugar no dice nada de lo que adentro funciona, pues afuera hay un puesto de empanadas y arepas, los trabajadores del lugar no saben dar razón si en esa casa de tres pisos se reúnen sordos, pareciera que los sordos fueran invisibles para muchos. No obstante, no tener una casa de lujo donde reunirse, es uno de los menores problemas para la población sorda de la ciudad.
Pues un problema mayor para esta desatendida comunidad, es la atención y el servicio por parte de entidades públicas cuando estos lo requieren, dado que, para cualquier persona oyente, visitar al doctor, ir por urgencias al hospital, realizar algún trámite notarial, acceder a la educación básica o superior, ir a la fiscalía, etc. Es relativamente sencillo, caso contrario sucede con la comunidad sorda, los que para hacerse entender deben buscar quién les interprete o hacer maniobras que les ayuden a intentar comunicarse, pese a que la ley 982 de 2005, en su artículo 3 es clara en citar que: “el estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes y guía intérpretes idóneos para que sea este un medio a través del cual las personas sordas, puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la constitución… el estado organizará a través de entidades oficiales… la presencia de intérpretes, para el acceso a los servicios mencionados”.
El Estado no cumple a cabalidad esta y otras leyes que “amparan” a la comunidad sorda, como se evidenció en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, uno de los principales centros prestadores de servicios de salud del estado en Risaralda, de mediana y alta complejidad, donde ignoraban que debían contar con el servicio de intérprete, allí la coordinadora del SIAU, Jimena Bedoya comenta “en el momento no contamos con el personal destinado para esta actividad” y explica la falta de intérprete, “yo creo que es un tema de déficit de personal”. Bedoya claramente ignora la responsabilidad que tiene el Estado en estos casos e ignora también el artículo 80 de la ley 982 de 2005, el cual dice: “Las entidades estatales de cualquier orden incorporan paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de interprete para las personas sordas que lo requieran de manera directa o en convenio con organismos que presten el servicio, de igual manera lo harán las empresas prestadoras de servicios públicos, instituciones prestadoras de salud… y toda institución que ofrezca servicios al público”.
Ahora, Bedoya es asesorada por un funcionario de la entidad sobre este tema, por lo cual luego manifiesta: “…el hospital al ser una entidad descentralizada… lo que hace es que la gobernación cuenta con un intérprete, que en cualquier momento las entidades de este tipo, pueden solicitarlo…”. Esto conlleva a que el intérprete no se encuentre dentro de las instalaciones del hospital durante toda la jornada laboral, debido a que debe suplir esta necesidad en varias entidades, por otra parte, en el área de estadísticas del hospital existe una persona que “medio entiende” la lengua de señas, en la cual se apoyan cuando son visitados por personas sordas, pero esto no garantiza un servicio óptimo. Conjuntamente, la persona encargada del área de discapacidad de la Alcaldía de Pereira expone: “La persona que sirva de interprete a un sordo en un servicio de salud, debe ser idóneo, es decir, conocer términos médicos y ser totalmente confidencial”.
Debido entonces a estas notables falencias, los sordos deben pagar el servicio de interpretación de su propio bolsillo. ¿Cuánto les cuesta dicho servicio? Xiomara, una intérprete de la ciudad y socia de Asorisa, la cual pidió ser llamada de esta manera para proteger su identidad, responde: “Treinta mil pesos la hora”. Una tarifa que si bien afecta la economía de los sordos, sí se suma el número de visitas que realizan al mes a diferentes entidades públicas. Para los intérpretes es apenas un ingreso, puesto que Xiomara manifiesta que la interpretación no es un trabajo rentable, por lo que requiere tener un trabajo estable. Y es que aquellos que prestan sus manos para que los sordos puedan comunicarse, aquellos que a la vista de algunos pueden parecer un poco raros al verlos realizar con sus manos señas extrañas y hacer gestos muy exagerados con sus rostros (porque en la lengua de señas esa es la forma correcta de hacerlo, pues la expresión facial juega un papel fundamental, para transmitir las emociones), tampoco la tienen fácil, ya que a la falta de escuelas de formación su aprendizaje es muy empírico y requiere de gran esfuerzo. Si bien en la ciudad se dictan cursos de lengua de señas en la Secretaría de Cultura, la UTP (Universidad Tecnológica de Pereira) y Asorisa, los cupos son limitados y no se abren de forma continua. Además, los grupos que por lo general comienzan siendo de un número significativo de personas, terminan reducidos a 5 o 6. Y en el caso de la UTP los cursos están dirigidos solo a estudiantes y egresados de la universidad.
Xiomara expresa que nunca ha sido contactada por entidades públicas para prestar servicios de interpretación: “Siempre que se ha necesitado el servicio, ha sido la misma persona sorda la que se ha dirigido hacia mí”. De igual modo, por parte de Asorisa también se manifiesta que ninguna entidad se ha comunicado con ellos con el fin de crear alianzas para conjuntamente mejorar la interlocución de la comunidad sorda en dichos entes públicos.
También, en la Liga Contra el Cáncer de este municipio se supo por la recepcionista del lugar que no contaban con interprete, negando mayor información y siendo imposible concretar una cita, por otra parte, es necesario resaltar entidades que, si bien no cuentan con intérpretes, usan el centro de relevo creado por las Mintic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en asocio con Fenascol (Federación Nacional de Sordos de Colombia), como lo es el caso de las estaciones de Policía. Además, hay un común denominador, es que ninguna entidad sabe cuántos sordos hay en la ciudad, para el año 2014 según el Dane en la ciudad habría 4.782 personas con limitación para oír. No obstante, ni la alcaldía, ni la misma asociación de sordos conoce cuaántas personas con sordera total hay en la ciudad. Juan Daniel, presidente de Asorisa, dice que hay un promedio de 500 sordos, pero la alcaldía no tiene un registro exacto. De hecho, el número es mucho menor, porque solo registran a las personas que van en busca de un servicio.
Entre los entrevistados de entidades públicas, de Asorisa, los intérpretes y la alcaldía existe un desconocimiento total de programas gubernamentales que se adelanten a favor de la comunidad sorda. Del mismo modo, hay quienes afirman desconocer también la existencia de presupuestos destinados para la formación y contratación de intérpretes y otros que manifiestan que dichos presupuestos si existen, pero que como muchos otros recursos que se destinan para la capital risaraldense se desvanecen en el camino.
Al final, es la población sorda la mayor afectada con estos hechos, donde no se les brinda la atención adecuada y donde pareciera que a ninguna entidad pública ni ente gubernamental les importara. A pesar de que se hable hoy día sobre “inclusión”, para esta comunidad son simples palabras sin sonido ni sentido, como son también para ellos solo letras las leyes que los acogen, pues tendrán que seguir costeando sin poder mencionar una palabra hasta para pagar un servicio vital que aparte de ser un derecho, debe ser gratuito, mientras no cuenten con voz en entidades públicas.
