La discusión sobre el páramo de Santurbán en el departamento de Santander, ha encendido las alarmas una vez más. Primero fueron las movilizaciones sociales contra la posibilidad de establecer minería de oro dentro del área protegida. De estas marchas opositoras salió la buena noticia de la delimitación de la zona protegida hecha por el instituto Von Humbold, una de las pocas entidades con credibilidad por su seriedad técnica.
Lo extraño es que quienes estuvieron detrás de la movilización que llevó a determinar exactamente los límites del páramo pensaran que allí quedaban sepultadas las posibilidades de realizar actividades extractivas por fuera de la delimitación. Precisamente se trataba de lo contrario: delimitar significó establecer hasta dónde llega la prohibición de la minería y desde dónde comienza la posibilidad de ejercerla.
Por esto resulta sorprendente que se enciendan las alarmas de nuevo, en especial en municipios como Bucaramanga que ahora, bajo la batuta del alcalde, andan promoviendo la recolección de firmas para oponerse a cualquier tipo de minería por fuera de las áreas protegidas, en respuesta al anuncio hecho por el gobierno de que firmó un acuerdo con una empresa de los Emiratos para desarrollar un gran proyecto de minería.
Y sorprende esta reacción airada de la ciudadanía por varios motivos. Primero, porque de eso precisamente se trataba la delimitación, de decir desde dónde, en qué cota se prohibía la minería y el acuerdo con los árabes es precisamente por debajo de esa cota.
Sorprende también porque como lo han dicho los mismos ambientalistas que se oponen a esta iniciativa extranjera, en ese páramo y en muchos otros, sigue existiendo minería ilegal, esa en la que utilizan mercurio y otros metales altamente contaminantes, mientras en un proyecto como el mencionado no se utilizan metales pesados para separar el oro, lo que supone un mucho menor grado de contaminación.
La otra minería, esa que contamina a diestra y siniestra,
en páramos y ecosistemas protegidos y frágiles como los del Chocó,
no le importa los mandatos legales, ni tiene licencia, ni se somete a consultas populares
Finalmente sorprende la oposición al proyecto porque no ha salido la licencia ambiental, que muchas personas suponen es una vía libre al deterioro ambiental cuando, precisamente, la licencia es para establecer los requisitos de protección ambiental necesarios, esos que solo se le aplican a la minería legal, que requiere permisos y es supervisada en el cumplimiento de los requisitos impuestos. Porque, por otro lado, la otra, esa que contamina a diestra y siniestra, en páramos y ecosistemas protegidos y frágiles como los del Chocó, no le importa un pepino los mandatos legales, ni tiene licencia, ni se somete a consultas populares. La minería ilegal, no solo contamina de manera desaforada las aguas, sino que deja deteriorados los suelos sin ningún tipo de reparación o reconstrucción del daño.
Esa minería ilegal, es alcahueteada por la ciudadanía que rodea los sitios donde se encuentra, allí existe la ley del silencio, alcaldes y familias participan de las utilidades de ese negocio, grupos armados lo protegen y sus dueños pasan por las mismas narices de la policía y el ejército llevando dragas, bombas y retros para acabar con los ríos en sitios prácticamente públicos, esos que todo el mundo conoce, pero nadie denuncia.
Esa es la minería que debería prohibirse, esa que no paga regalías, que tiene como esclavos a los mineros, que trabajan a destajo, sin ninguna seguridad social, ni garantías. La otra, la controlada, la de las grandes firmas, puede por supuesto traer algunos daños, pues no hay actividad humana que no lo haga, pero su obligación es repararlos. Esa minería legal deja regalías, debe pagar justamente a sus trabajadores y es vigilada por todo el mundo. Esa minería legal es la que debe existir, la otra es el cáncer que está acabando no solo con Santurbán, sino con miles de ecosistemas en el país.
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