Las Farc mataron a su marido y después los paramilitares de HH le quitaron sus cuatro hectáreas de tierra donde cultivaba plátano; lo que más producen los campesinos en Urabá.
En el 89 la insurgencia mató a su esposo, en el 90 le entregan las escrituras de su parcela la 19, apodada por ella La Cantaleta. En el 96 llegan los paramilitares de HH, 15 sujetos armados y saquearon toda la casa. Sus vecinos recogieron un dinero y con esos pasajes se fue a Apartadó, y de ahí, a Medellín.
Llegó a la ciudad a donde una conocida, tuvo que pedir limosna y luego se fue a vivir a Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. Se le venía la sangre por la nariz y por toda parte, porque la tierra fría le cayó mal. Sobrevivía gracias a unas monjitas, porque cada 15 días le daban ese marcadito, le daban cobijas porque el frío la estaba matando. Le ayudaron a conseguir un trabajito, que era difícil porque todo el mundo le tenía miedo; es tan duro que asegura que no quiere ni acordarse.
Luego de pasar hambres y humillaciones regresó a Currulao, corregimiento de Turbo en el Urabá antioqueño. Ahí se consiguió un trabajo para ir a embarcar nuevamente y se encontró con la sorpresa de que su tierra la había vendido Kenner, un paramilitar, al actual opositor José Iván Escobar.
Primero fue intimidada por Kenner en 2007, quien le dijo que por su bien le quitara la protección a sus tierras, “los muertos no hablan, pero quite esa protección de tierras” para él poder hacer negocio con ellas. Exigir sus tierras a veces le da temor, pero ante la necesidad de haber perdido todo, asegura: “a mí no me da miedo porque yo estoy reclamando lo mío, porque ese señor nos obligó a quitar la protección. Hizo una escritura falsa, porque yo nunca le hice escritura a él, y él fue y la hizo en Carepa. Cuando me di cuenta le dije a la abogada Flor Colombia, le pregunté ¿por qué Carepa? En la notaría hacían esos chanchullos”.
Llevó su proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia y asistió a las audiencias de HH en Justicia y Paz, donde este reconoció que el grupo que comandaba, encabezado por el Barbado en este territorio, fue quién ejecutó la orden.
“Nos han dicho que si perdemos el proceso judicial, nos dan una compensación, pero lo que yo quiero es mi tierra y que a mis hijos les quede de qué vivir, porque la plata, si fuera bastante, pero tengo que partir con mis hijastros mitad y mitad. El opositor vendió una hectárea a otro señor. El caso ha avanzado en el tribunal, pero el problema es que salga de allá; ya lleva dos años y nada”, expresa Adelaida López.
En la misma situación se encuentra su vecino conocido como “Don Guillo”, Guillermo Antonio Hernández a quien unos desconocidos, de los que dice ni reconocer al grupo armado que pertenecían, ocuparon su parcela La 15. Salió desplazado a Córdoba, de Córdoba también salió huyendo de la violencia y se fue al Magdalena, hasta que decidió reclamar su tierra en Currulao.
Don Guillo no tiene vivienda, vive arrimado por ahí, con 74 años, vendiendo cosas en la calle como mazorca, lo que llaman “bollo” en una cicla y aun sufriendo de la columna. Cuenta que las secuelas de todo este trajín le ha quitado el sueño, los hijos criados se fueron y quedó solo, ni para una libra de arroz le dan; se olvidaron de su viejo.
Para falsear su escritura aparece una firma, pero lo más paradójico, es que él mismo reconoce que no sabe firmar, entonces la pregunta que se hace es ¿quién firmó?
Ambos se han dado a la tarea de negociar con el actual opositor a la restitución, José Iván Escobar, a quien Adelaida le planteó que de sus cuatro hectáreas, le diera dos para ella poder laborar en una y la otra entregársela a sus hijastros, pero el señor se negó a aceptar el trato. A Don Guillo solo le ofreció dos millones de pesos, a lo cual se negó obviamente.
“Yo lo que quisiera es que el Estado me diera mi indemnización, como arreglaran mi parcela, yo no tengo más que mis manitos y a la edad que yo tengo (68 años). Quiero mi parcela para trabajar, yo sé embarcar, el compromiso en Uniban es que ellos me devolvían el IBM para embarcar como antes”, cuenta doña Adelaida.
Antes podía embarcar hasta 30 o 25 cajas cada ocho días, con 74 plátanos aproximadamente en cada una de ellas.
“El tema de restitución no ha sido del interés central del Gobierno Nacional, porque el partido de gobierno se opone a la restitución de tierras. Sus máximos representantes han pretendido cambiar esta ley a favor de los que han despojado la tierra. La inversión de la carga de la prueba y derogar la buena fe exenta de culpa. El Centro Democrático pretende que esto se derogue para que esto se demore hasta quince años, o sea, que quede en la impunidad. En Urabá son cerca de 7000 mil solicitudes y no se llega a un 4% de restitución” asegura Gerardo Vega, director de Forjando Futuros.
Al indagar con el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, aseguró que hay unos procesos que no avanzan por la situación de orden público, porque la Fuerza Pública es quien debe dar el visto bueno, y aseguró que en este caso en específico, habría que consultar con la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá. Al enviar un derecho de petición a esta entidad (después de dos meses de espera) adujeron que no se puede violar la confidencialidad del proceso y que por esa razón no dan información al respecto.
El jefe de prensa de la Unidad de Víctimas, Diego Monroy, encargado de manejar los medios a nivel nacional, contestó lo siguiente: “la información que se le entrega a las víctimas es intransferible por nuestra campaña antifraudes y el Habeas data”, además, porque, según él, hay muchos tramitadores que se hacen pasar como periodistas.
Desde el 96 y 94 que son desplazados y no les han dado la indemnización por vía administrativa contemplada en la ley 1448 de 2011; llevan 5 años sin ayuda humanitaria. Desde la institucionalidad les aseguran que ya está cerca esta reparación (pese a que lleva más de dos años el proceso en el Tribunal Administrativo de Antioquia) y que deben seguir esperando, pero la pregunta que se hacen es: ¿hasta cuándo?
