Han pasado cerca de cuatro meses desde que la pandemia ocasionada por el COVID-19 paralizó el país, hoy lentamente la reapertura económica se acopla a lo que llamamos la nueva normalidad o, dicho de otra manera, a una nueva forma de vivir; con nuevos hábitos, múltiples restricciones y con una incertidumbre constante frente al tratamiento clínico del Sars-COV-2, siendo el personal en salud quien ha tenido que enfrentar a este enemigo silencioso que ya cobra más de cuatro mil muertos en nuestro país.
Sin embargo, esta no ha sido la única dificultad que han tenido que sortear por estos tiempos, pues la pandemia precarizó y puso en evidencia ante el país las difíciles condiciones en las cuales ejercen los médicos y en general todas las ocupaciones del gremio de la salud en Colombia. Pero entonces, por qué si el personal en salud es elogiado como el gran héroe y aclamado con aplausos, llevan consigo un lastre de indiferencia y falta de garantías justas y dignas.
Según información recopilada por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E), agremiación que no solo representa a los anestesiólogos del país, sino que además protege integralmente a más de 60.000 profesionales de la salud; a junio de 2020 diferentes instituciones del país debían solo a los anestesiólogos más de siete mil millones de pesos ($7.738.888.484), así lo dio a conocer el presidente de la sociedad científica, Mauricio Vasco, al Ministerio de Trabajo, por medio de un manifiesto donde se evidenció que los departamentos de Atlántico, César y Bolívar son los que más adeudan honorarios a los especialistas. Únicamente el Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar debe la suma de $1.485.776.329 (mil cuatrocientos ochentaicinco millones de pesos) según datos obtenidos por el Sindicato de Anestesiología del Cesar y La Guajira, seguido del Hospital Universitario del Caribe cuya deuda alcanzó los mil cuarenta y uno millones de pesos ($1.041.559.288).
Estas alarmantes cifras de pagos adeudados a los médicos, se adhieren a la persecución que han tenido que vivir a lo largo del país, mientras se juegan su vida atendiendo y salvando la vida de pacientes Covid19, ya que es inevitable que en el ejercicio de su profesión no se corra un riesgo muy alto en el contagio del nuevo coronavirus. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), al 4 de julio de 2020 han sido 2.335 profesionales de la salud los que han contraído la enfermedad, de los cuales 1.703 se encuentran asociados a la prestación del servicio, siendo el personal de enfermería y los médicos generales los más afectados.
A pesar de las iniciativas adelantadas por el gobierno nacional para proteger al talento humano en salud, estas se quedan cortas y han sido muchos los obstáculos que el personal médico encuentra y debe enfrentar en diferentes partes del país. De acuerdo con Marco Aurelio Pompeyo, médico anestesiólogo y representante del Sindicato Unianestesia de Norte de Santander, el apoyo por parte de la ARL Positiva en Cúcuta en temas de bioseguridad es insuficiente. De hecho, tuvieron que acudir ante la justicia para que los jueces ordenaran a la ARL el cumplimiento de la entrega de elementos de protección personal.
Recientemente, los especialistas tuvieron que poner una tutela contra la ARL señalando la omisión y la negación por parte de Positiva en el apoyo y suministro de los elementos de bioseguridad, dicha tutela fue impugnada por la ARL, por lo cual los médicos debieron acudir a otro recurso legal para hacer valer sus derechos como trabajadores del sector salud.
Finalmente fue el Tribunal Administrativo de Norte de Santander quien falló a favor de los especialistas, amparando de esta manera sus derechos fundamentales a la salud, vida y trabajo en condiciones dignas y resolviendo que Positiva debía entregar los elementos de protección personal de manera periódica y de conformidad a la ley. Frente a situaciones como esta, la pregunta es ¿acaso es justo que el personal en salud, además de estar batallando contra el COVID-19, tenga que acudir a procesos jurídicos y legales, que representan un gran desgastase, para que las entidades cumplan con las obligaciones que la ley les atribuye? La respuesta lastimosamente pareciera ser sí.
“Los profesionales de la salud no podemos seguir siendo vistos como mendigos, no debiéramos estar implorando y rogando que se nos respeten nuestros derechos. Se nos deben respetar, más aún en medio de una pandemia, donde somos nosotros quienes estamos en primera línea batallando contra esta enfermedad”, afirmó Pompeyo.
A esto se le suma el informe que presentó la Contraloría General de la República que logró evidenciar que más del 47% de profesionales encuestados en los 32 departamentos del país, manifestaron que han tenido que adquirir elementos para su autocuidado como: caretas, respiradores N95, guantes, polainas y demás, con sus propios recursos. Adicional, que un 22% informó que el pago de honorarios es tardío y en su mayoría adeudan de 1 a 3 meses de salario.
Y sin que esto sea suficiente, es cada vez más evidente la persecución al talento humano en salud, recientemente fue conocido el caso del médico Alexander García en Cali a quien lo fotografiaron y amenazaron de muerte o el caso del médico Heandel Rentería en el Chocó quien murió de COVID-19 esperando recibir el pago de varios meses de salario.
La lista es larga y tenebrosa y a pesar de que las sociedades científicas, agremiaciones y sindicatos médicos no descansan en sus esfuerzos por proteger al talento humano en salud, el panorama parece continuar empeorando debido a que aunque el Ministerio de Salud ha emitido circulares y decretos para supuestamente velar por los intereses del personal médico, muchos de ellos han dejado vacíos y carecen de medidas realmente efectivas que castiguen su incumplimiento. Únicamente por poner un ejemplo, en Colombia si un médico o cualquier persona que trabaje en la salud es aislada por sospecha de COVID-19, percibirá el valor de la incapacidad solo a partir del diagnóstico que lo confirme como positivo para esta enfermedad y si cuenta con contrato de planta con la institución.
No obstante, según datos del Colegio Médico Colombiano el 54% de los médicos generales y el 56% de los especialistas laboran bajo modalidad de orden de prestación de servicios, lo cual significa que si alguno de estos profesionales resulta ser aislado por sospecha de contagio y su prueba termina siendo negativa, ninguna entidad se hará cargo de pagarle los días que estuvo aislado, ya que no representan días de incapacidad asociados a una enfermedad laboral y tampoco pueden ser percibidos como días laborados, en consecuencia este tiempo no es asumido o reconocido por la institución. Esta desprotección no ha sido abordada de manera clara y contundente ni por el Ministerio de Salud ni por el Ministerio de Trabajo, lo cual es realmente preocupante.
Ese fue el caso del médico Fabián Mauricio Trujillo, anestesiólogo de la ciudad de Armenia quien tuvo contacto con un cirujano positivo para COVID-19, y por ende fue aislado por sospecha; aunque su prueba afortunadamente resultó ser negativa, durante ese periodo de aislamiento no percibió ningún tipo de pago a través del sistema de seguridad social, dado que sostiene un contrato por prestación de servicio. Esta situación cabe señalar es común para un número significativo de trabajadores de la salud y es muestra de la grave e histórica precarización a la que está sometido el talento humano en salud
“El principal problema que tenemos muchos médicos es que trabajamos por prestación de servicios, solo nos pagan el tiempo que vayamos a la clínica, entonces al ser aislado duré días sin recibir honorarios, ni incapacidad. El fondo de todo esto es el tipo de contratación, nadie se responsabiliza por nosotros” agregó el especialista.
Este es solo un breve recorrido que evidencia el reiterado panorama que vive el personal en salud en Colombia en medio de la pandemia, un talento humano perseguido y sin garantías que se prepara para enfrentar lo que se prevé está por venir, médicos, especialistas y ocupaciones que reciben manifestaciones efímeras de gratitud, pero que al fin de cuentas siguen estando desprotegidos por un modelo frágil y sin garantías, una situación que pareciera no importarle al país.
