Si hay un presidente coherente es el actual. Desde sus cientos de discursos en plazas públicas, entrevistas y debates como candidato, planteó un giro en el manejo de las cosas para alcanzar un cambio de época. La seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social que dominaron la agenda en las últimas décadas, contrastan con las nuevas estrategias de justicia social, justicia ambiental y de paz total para rescatar el país y la democracia. Lo que implica una revisión profunda del statu quo, generador de inequidades y pobreza.
La justicia social se da eliminando las brechas económicas y la hambruna en el país. A pesar de ser el segundo país más biodiverso del mundo con más de 40 millones de hectáreas disponibles para producir alimentos, reina el hambre y la pobreza por doquier. Los nuevos ministros de hacienda y agricultura, ambos versados en sus campos de acción e incorruptibles en su proceder, tienen la responsabilidad de encabezar las necesarias reformas tributaria y agraria. El país cuenta con un potencial para cultivar lo que se come, pero solo tiene siete millones de hectáreas aprovechadas. Como consecuencia, importa el 30% de lo que consume.
La meta de justicia ambiental y el cuidado de la diversidad de lo humano y del territorio se ven creíbles y se reflejan no solo con la formula vicepresidencial y el nombramiento de una vertical defensora del medioambiente como ministra, sino también con la designación de tres lideres indígenas: embajadora ante la ONU, directora de Unidad de Víctimas y director de Unidad de Restitución de Tierras. Estudios recientes señalan que los impactos desbastadores del neoliberalismo económico se pueden detener, pero se requerirá un cambio transformador profundo en cada aspecto de cómo interactuamos con la naturaleza.
Los movimientos ajedrecísticos del presidente apuntan a la consolidación de la paz total, como el del presidente del senado, gran negociador, conocedor del intríngulis del Congreso y firme defensor del proceso de paz. Se le suma el nuevo canciller, luchador incansable por una paz total en lo nacional e internacional. Ambos veteranos de las mil lides con mucho respeto por los derechos humanos. Completa esta estrategia, el nuevo ministro de defensa con agallas suficientes para destapar y extirpar lo torcido de las Fuerzas Armadas: de 56 generales activos de la república, 39 tenían 110 denuncias penales por corrupción, homicidio, violencia sexual e intrafamiliar.
Todos estos cambios se consolidan con las reformas tributaria, de la salud, pensional, laboral, entre otras. Ante estas reformas que fueron votadas por el pueblo se presenta una gran resistencia de las clases privilegiadas, por lo que todas las fuerzas y activistas que eligieron al presidente están invitando a participar de este gran debate nacional. Como nunca la agenda política del país se discute por doquier. Gracias a esto, muchos colombianos ahora entienden el sistema de salud o el pensional.
Esta situación va delimitando posiciones. A la actual oposición le ha tocado salir a defender el estado de cosas, defendiendo lo indefensable. Lo más crítico, repudiado y sufrido por el colombiano promedio es el sistema de salud y la intermediación de la Empresas Promotoras de Salud (EPS), originadas en la Ley 100 que; al decir de muchos, ha matado más colombianos que el conflicto armado. Por igual, mientras la mayoría de los colombianos cotizantes de los Fondos Privados de Pensión quieren emigrar hacia Colpensiones, escuchamos y vemos en los medios hegemónicos de comunicación toda una andanada de mentiras demonizando esas reformas.
Al igual como ocurrió con la aprobada reforma tributaria, se amedrentó a la gente a través de estos mismos medios de comunicación con claros intereses económicos en las EPS y fondos de pensiones (donde se acusaba al gobierno de ser enemigo de los empresarios porque algunas industrias les tocarán pagar más impuestos), con las mismas mentiras y pocos argumentos se aterroriza al colombiano promedio que no tiene un sistema de salud preventivo de que se le va a eliminar su salud.
