Al Fiscal General de la Nación, quien tiene la misma capacidad demagógica del Alcalde Mayor de Bogotá, le recomiendo que no le busque atenuantes al primer mandatario de los capitalinos y que no contribuya con la perversa e impúdica costumbre de politizar la justicia. “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, rezongará Montealegre cada mañana al levantarse, parodiando de alguna manera a Fritz Heider.
Creo que no hace falta. A Petro le sobran defensores, aunque no tantos como él quisiera. De los setecientos mil votantes que por error promovieron su asunción, acaso le quedan 2 mil, que son en su mayoría los siervos de la gleba que eventualmente ocupan la Plaza de Bolívar, aunque ignoren por qué ni para qué los llevan allí.
Imagino, sin embargo, que sus manipuladores les dirán al menos que es para “hacerle bulto” a los patéticos discursos del burgomaestre y que se les recompensará con un proletario combo de salchichón+pan+gaseosa. El espacio sobrante lo ocupan las palomas de siempre, cuya contribución excremental en las losas de la plaza mayor es ahora menos esforzada con la llegada de los ocasionales inquilinos, a quienes para hacer lo mismo solo les basta con abrir el esfínter laríngeo. Como vamos camino a la pauperización total, no dudo que los próximos huéspedes serán los buitres.
La mitad de sus vasallos, probablemente, ni siquiera ayudó a elegirlo, pero unos y otros tragan entero. Eso los identifica. De paso, han convertido el lugar en extensiones de El Cartucho y de El Bronx, el nuevo bastión de Petro, principal impulsor de esta peligrosa diáspora. ¡Ah! También sirven para quedar registrados en los planos cerrados de las cámaras del Canal Capital en un marco utilitario y nauseabundo que se presta para las circunstancias: la Alcaldía Mayor por un lado, El Congreso de la República por el otro, la Iglesia al frente y el Palacio de Justicia al norte. Faltarían aquí el procurador Ordóñez, José Galat, José Obdulio, los Uribe, Martha Lucía, Pachito y Fernando Londoño, para que esto se pueda llamar Villa Miseria…
El fiscal Montealegre, como otros funcionarios públicos de su rango, se ocupa más de sus conflictos personales que de las funciones inherentes a su magistratura. Mientras se distrae con la contralora y con el procurador alimentando sus pendencias, pasa por alto que desde las entrañas del Canal Capital se estaría cometiendo un flagrante peculado, si por “peculado” entendemos el delito que…
a). “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
b). “El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
c). “Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades.
d). “Cualquier persona que con el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.”
Aunque mi temor no pasa de ser una mera especulación, amparada en mi ignorancia jurídica, mucho extraño en estos tiempos al mítico abogado César Castro Perdomo, una especie de Marco Porcio Catón, mejor conocido para la Historia como Catón el Censor. Castro Perdomo, conocido con el mote del “doctor tumba-decretos” durante el siglo pasado, se encargó de amargarle la vida a más de un funcionario público de entonces y se habría dado un gusto enorme en los días que corren.
Quién iba a pensar que cuando por el acuerdo 019 del 3 de octubre de 1995 el Concejo Distrital dispuso la creación del Canal Capital, este instrumento, PATRIMONIO PÚBLICO como la mismísima Plaza de Bolívar, iba a terminar al servicio exclusivo de Petro, quien para ese propósito se armó de un grupo de mastines, no sé si napolitanos o moniquireños, de los cuales ninguno, a juzgar por el esmegma que generosamente escurre por sus respectivas mandíbulas, parece tener las vacunas en regla.
Ninguno de sus antecesores fue tan osado ni tan inescrupuloso. Sus excamaradas del Polo y otros que ocuparon la misma silla incurrieron en faltas graves contra el patrimonio capitalino y campean por ahí amparados en la impunidad judicial y fortalecidos políticamente por la estupidez colombiana. Pero ellos no abusaron de su megalomanía para promoverla a través de la programación ordinaria del canal, como lo hace con excesos y sin ningún rubor Gustavo Petro a través de terceros que tampoco lo tienen.
