Acaban de pasar las movilizaciones de la oposición política en Colombia al gobierno de Gustavo Petro. Que se puedan expresar los conflictos es ya síntoma de saludable esperanza para la sociedad; que se brinden condiciones de escucha de lo que genera malestar a un sector de la población es importante para sostener las mínimas reglas de juego democrático; ojalá así se mantengan para quienes protestan contra el gobierno, como para aquellos que le apoyan y buscan que se concreten las reformas por las cuales votaron una mayoría en la última contienda electoral. Al decir esto, estoy por supuesto acusando recibo de los riesgos que se observan en los discursos, gestos y prácticas que van creciendo en el país respecto a posibles escenarios de vulneración de la institucionalidad democrática.
En términos concretos es complicada la torre de babel que se está armando, reciclando viejos métodos conspirativos, ahora en tiempo de comunicación digital, inteligencias artificiales y redes sociales, pero reincidiendo en las antiguas tramas de violencia que han persistido tercamente en la formación de la nación. En otras épocas, desde el propio inicio de la república, hemos asistido cíclicamente a la costumbre de sembrar vientos de guerra, con cizañas, entrampamientos, mentiras repetidas muchas veces y atrincheramiento en estereotipos y estigmas sociales para mantener el statu quo, para sostener y ampliar privilegios que tienen en su revés la trama de las exclusiones, los despojos, las desigualdades y las violencias territorializadas y encarnadas en poblaciones y sectores sociales concretos.
En esa perspectiva de larga duración reconozcamos que las reformas sociales como las de la salud, la laboral, la pensional la educativa, la territorial, son asuntos que están identificados y diagnosticados hace mucho tiempo; hay situaciones sociales y territoriales sufridas por la población que no admiten mucha espera; es comprensible también que existan debates álgidos respecto a los nuevos diseños y a los cambios institucionales que se requieren para avanzar en las respuestas, es un asunto de concertar enfoques posibles y viables en este momento histórico; sin embargo, el asunto es que hay expresiones del viejo país, que tienen una bandera única: que sigamos por la misma, que no se toquen las inequidades y los privilegios que nos hacen uno de los países más desiguales del planeta; estas castas enquistadas en poderes regionales y en instituciones cooptadas desde hace mucho tiempo para los intereses particulares, están lejos de interpretar la situación de las mayorías y el alcance de los dolores que han generado en décadas.
Hay expresiones del viejo país que tienen una bandera única: que sigamos por la misma
El gobierno inspirado en tesis progresistas ha tenido dos caminos para hacer viables las reformas y para cumplir el compromiso adquirido con sus electores: la primera ruta que trajo hasta hace unos meses fue concertar con otros sectores políticos y gremiales las condiciones y alcance de las gestiones; de esa cosecha salió tanto la ley de reforma tributaria de 2022, como el Plan Nacional de Desarrollo de 2023 que concreta un programa tan aspiracional como difícil de materializar. Sin embargo, la cuerda no dio para tanto y ya en el momento de avanzar en las reformas sociales y económicas, los intereses corporativos y de las mafias enquistadas en los negocios privados y públicos entraron en la contienda, la coalición inicial se desmoronó y el presidente anunció un nuevo tramo de gobierno radicalizando la línea ejecutiva, abriendo campo para gobernar en una alianza más precisa con los diversos movimientos sociales del país, insistiendo en concretar las reformas.
Por esa razón el panorama configura dos nuevos bloques en tensión: uno liderado por el establecimiento económico y político tradicional que ha tenido décadas en el mangoneo del Estado y hoy es una oposición remozada. Este es el sector que se ha expresado a finales de abril en las calles con toda su capacidad mediática, pidiendo la salida del presidente de su cargo y rechazando las reformas en debate en el congreso. El bloque gubernamental y social, que también se expresará el primero de mayo en las calles, insiste en concretar las reformas socio territoriales y en aplicar políticas de inclusión para sectores precarizados que están por fuera de la cobertura de derechos que reconoce la constitución.
En medio de esas tensiones hay síntomas que indican salidas a una sana polarización: la nueva concertación para hacer viable la reforma a la salud, el avance de la reforma pensional y de la reforma educativa, los avances en la apertura de nuevos campos productivos y la reapertura de otros que teníamos abandonados como el uso de los trenes para dinamizar la economía; seguramente no serán perfectos estos resultados, pero son necesarios para avanzar en lo que interesa, y es tener un país más incluyente y en caminos de reconciliación. El otro horizonte es aquel de una confrontación a ultranza que habla más de unas minorías buscando sostener sus privilegios impresentables, encubrir viejos delitos contra el erario y contra la vida, y enredar la vida democrática mediante los viejos métodos de promocionar la guerra y el desencuentro nacional. Se requiere reflexionar muy bien lo que está pasando y actuar en consecuencia como ciudadanías independientes, para que los cambios no se embolaten.
