Hace apenas cuatro días circulé un tuit que dice así: “No nos digamos mentiras. Fracasó el país político. Le toca ahora al país nacional. Estas no son palabras vacuas. Llegó el momento de rehacer nuestra Colombia adolorida. No más vagabunderías. Revisión total del aparato Estatal, muerte civil para los corruptos, Constituyente y paz”. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos aplaudieron lo manifestado. Otros, como suele ocurrir en estos casos, se manifestaron insultando; y serios lectores recibieron bien lo escrito, pero con una salvedad: la Constituyente.
Sin duda la idea de la Asamblea Constituyente suele producir temores. Sin embargo, como puse de presente en mi último artículo publicado en este mismo medio el jueves pasado, a diferencia de una Constituyente sin frenos, sin control, convocada por pocos y convertida en realidad mediante magia seudoconstitucional, como fuera el caso de la anterior -dio nacimiento sin embargo a la Constitución del 91-, la que se propone esta vez estaría reglada por el artículo 376 que se introdujo en esa ya no tan nueva Carta. Invito con todo comedimiento se revise la columna citada, como a que se lea el artículo referido. Porque, en efecto, hoy, no se puede improvisar una Asamblea Constituyente. Por lo que se concluye que para convertirla en realidad se requiere un acuerdo previo que defina los temas que la nueva Asamblea habría de conocer. De igual forma se tendría que establecer mediante un amplio consenso qué representación la integraría, como el tiempo durante la cual habría de sesionar. Por lo cual se pone de presente una vez más: primer paso sine qua non, la necesidad un verdadero acuerdo. Un acuerdo nacional; pero no de los mismos y las mismas con los mismos y las mismas para lo mismo. Nada de convites reducidos a los dueños tradicionales de la batuta. En esta ocasión, para lo que se pretende, habría que convocar a los titulares de la realidad de la nación. Para ser todas la veces más claros a este respecto, recordemos a Jorge Eliecer Gaitán, quien con su trágica muerte y el paso del tiempo, nos ha puesto de presente que en efecto tenía toda la razón. Alguna idea suya pretendí recoger en el citado tuit.
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Se tendría que establecer mediante un amplio consenso qué representación la integraría, y el tiempo durante la cual habría de sesionar
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El 20 de abril de 1946, en el Teatro Municipal de Bogotá, ese elocuente caudillo que tanto bebió y se ilustró de los afanes populares, manifestó con toda claridad:“En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”.
Así, para no equivocarnos, el acuerdo nacional para la Constituyente debe surgir de la calle. De la calle organizada claro está. De aquella calle del país nacional. País que marchó el primer día de la protesta popular multitudinaria que tuvo lugar hace apenas unas pocas semanas. País conformado por la juventud anhelante, por las mujeres, los maestros, los docentes y universitarios, los decanos, los médicos y salubristas, los negros, los indígenas, los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, los empresarios informales y formales, los científicos y los ecologistas; país, ese, compuesto por esas y otras mentes y voces que será necesario volver a convocar y escuchar.
Pero se preguntan algunos cuál Constituyente y para qué. Pues bien: se trata de fortalecer con ese instrumento constitucional el Estado social de derecho; de robustecer sus mecanismos de amparo. De introducir a la Carta principios claros de justicia prospectiva pensando en los derechos de los que están por nacer. De incluir como obligación del Estado-nación el propender por la defensa del planeta y sus océanos. Trátase de la Constituyente de la reforma integral de la justicia; que la desentrabe; que la haga verdaderamente operante, pronta y justa; que permita la escogencia de jueces y magistrados sin mediación de intereses personales o políticos. Que castigue la trampa judicial y le ponga tranca a la puerta giratoria. Que evite escogencia de fiscales de bolsillo.Una Constituyente que busque un control político real para que el poder presidencial abusador y el gobierno altanero no termine o terminen avasallando al ciudadano y a la mismísima nación. Una Asamblea Constituyente que revise la posibilidad de tornar ese desbocado poder en un sistema semipresencial mediado por un Primer ministro a la manera francesa. Podríamos extender entonces su período a cinco años y prohibir para siempre la relección del Jefe del Estado so pena de que la sola intención de buscar la enmienda de este mandato, que habría de ser pétreo por definición, acarrearía pena de prisión; una Asamblea que ponga fin a la elección indefinida de los congresistas y regrese el Senado a sus antiguas circunscripciones electorales para que se constituya en representante de las mismas sin consideración del censo electoral territorial (caso USA); una Constituyente que desaparezca la Comisión de Acusaciones de la Cámara para dejar de lado de una vez por todas el engavetamiento como fórmula de pseudo justicia, y que ponga en vigencia la responsabilidad penal “por igual para todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial”, al decir del artículo 27 del Estatuto de Roma.
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Una Asamblea Constituyente que revise el sistema electoral, ponga coto a la mugrosa financiación de las campañas y criminalice la politización del Consejo Nacional Electoral
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Y continuemos: Una Asamblea Constituyente que revise el sistema electoral, ponga coto a la mugrosa financiación de las campañas y criminalice la politización del Consejo Nacional Electoral; que se ocupe del reordenamiento territorial, establezca nuevas y diferenciadas funciones y competencias para las gobernaciones y municipios, aliente la creación y organización de regiones identificables por sus propias y claras características, y les traslade a unas y otros competencias de la nación tanto administrativas como fiscales. Y para no extendernos por ahora en demasía, una Asamblea Nacional Constituyente que en desarrollo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de la misma ONU (Resolución 58/4, de 31 de octubre de 2003, Ley 970 de julio 13 de 2005), introduzca en la Constitución nacional la lucha contra la corrupción como fin del Estado, cree una Jurisdicción Excepcional Transitoria conocedora de esos tipos penales, la Unidad Nacional de Prevención de la Corrupción, y la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Corrupción.
¿Miedo a la Constituyente? ¡Por favor! Miedo más bien a no hacer nada por nuestra lacerada patria.
