Los líderes sociales son las piezas fundamentales para consolidar una paz estable y duradera en la Colombia violenta. Ellos que trabajan todos los días para cambiar los adjetivos que por mucho tiempo han definido al país, que han estado al frente del proceso de la restitución de tierras, que han defendido los recursos naturales y han prevenido el reclutamiento de personas por parte de grupos subversivos, están siendo asesinados.
La problemática se agrava con la inexactitud de datos, la poca y lenta investigación de los crímenes, la falta de garantías y la ausencia de un plan gubernamental ejecutable, por lo que la impunidad en el país sigue reverberando como en un castillo de espejos.
Las víctimas: fuerzas contrahegemónicas
En Colombia existen organizaciones voluntarias no gubernamentales y sin ánimo de lucro que surgen como organismo de resistencia, unidad y autonomía para la defensa territorial, cultural y étnica, y son pieza clave para una democracia participativa. Entre ellas se destacan las JAC o Juntas de Acción Comunal, cuya acción principal está en los barrios y veredas, y las guardias indígenas, las guardias cimarronas o afro y las guardias campesinas de corte étnico.
Los líderes sociales que dirigen estas organizaciones son, según Camilo Bonilla, sociólogo y coordinador del área de investigador del Consejo Colombiano de Juristas, un vínculo comunicativo entre las comunidades y los entes estatales. “Los líderes sociales dan dirección al sentir y la voluntad de las comunidades. Son fuerzas contrahegemónicas que direccionan y dan voz a las comunidades en situación de vulnerabilidad”.
Según el banco de datos de Cinep/PPP entre las víctimas también se cuentan defensores de derechos humanos y personas LGBTI, sindicalistas y militantes de partidos políticos de izquierda, y a veces no solo individuos sino también comunidades enteras. Es decir, cualquier fuerza contrahegemónica. Además, a los homicidios se les suman otros actos violentos como el secuestro, desplazamiento forzado, extorsión, tortura, amenazas de diversa índole y violencia sexual.
Inexactitud de datos
Desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep) en 2016 hasta julio de este año los asesinatos de líderes sociales han incrementado de forma alarmante. Las diferentes organizaciones aún no se ponen de acuerdo en cuanto al número de víctimas y esta inexactitud de datos ralentiza las investigaciones y se le quita peso a la problemática.
El Gobierno nacional registra 178 homicidios, la Defensoría del Pueblo 311, la organización no gubernamental Somos Defensores 232 víctimas, y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Paz Indepaz 273. Aún con las diferencias numéricas, en promedio cada cuatro días un líder social o defensor de los derechos humanos es asesinado en Colombia. En este año, sin embargo, ha habido meses en los que cada día ha habido al menos una víctima mortal.
Guillermo Cardona
El siempre líder comunal, exconsejero nacional de planeación, secretario, Guillermo Cardona ha estado en contacto con las organizaciones voluntarias no gubernamentales desde muy pequeño, cuando con su familia asistía a asambleas y juntas comunales en Charguayaco, en el departamento del Huila.
En 1973, en Bogotá, Guillermo se vincula como secretario a la Junta de Acción Comunal del Barrio Carvajal y desde entonces ha sido partícipe de diferentes JAC, incluyendo también la que ayudó a fundar, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Kennedy. Uno de los mayores logros fue que para la época de 1993 a 2003 reconstruyó con su equipo la acción comunal, como dice él, “casi desaparecida por efectos del artículo 355 de la Constitución de 1991. Elaboramos y logramos la aprobación de la Ley 743 o Ley Comunal y colocamos a la acción comunal en el camino del estudio, la planeación participativa y el ejercicio de los derechos constitucionales de 1991”.
La amenaza más reciente que recibió Cardona tuvo lugar en el barrio Colombia, en Bogotá, la capital del país. Denunció una olla (lugar y estructura de redes de microtráfico) y casas de prostitución en el barrio Siete de Agosto, en donde hasta policías se vieron implicados. Rápidamente y sin tregua Guillermo y su esposa tuvieron que abandonar el barrio, su casa y el sector.
Como medida de protección Cardona nunca pernocta en ningún municipio en el que tiene asambleas. En Bogotá ha logrado hacerse de una estrategia: estar aquí y allá y en ningún lado en particular. Es consciente, sin embargo, de que quienes viven en las zonas rurales corren un riesgo más certero: no pueden mezclarse con los más de ocho millones de bogotanos que habitan tumultuosamente en 1.775 kilometros cuadrados.
Francis Restrepo: “nos matan porque pensamos diferente”
A Francis Restrepo se le quiebra la voz cuando habla de su amigo, colega, miembro del movimiento Marcha Patriótica y de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (Conafro) Ives Trujillo. A él lo secuestraron en su propia casa y días después lo encontraron navegando sin vida por un río de la zona rural de Suárez, en el norte del Cauca.
“Los líderes sociales no somos bandoleros, como nos quieren hacer ver”, dice con determinación Restrepo, que cada vez tiene más miedo. Todas las noches se pregunta por qué hacer muñecas e intentar construir la paz le ha traído amenazas de muerte, lo ha llevado a dejar su casa, a pernoctar en diferentes lugares e impedirle dormir una noche completa de sueño sin pesadillas.
Restrepo comenzó en febrero de este año el proyecto “Muñecas combatientes por la vida”. Bajo su dirección y enseñanza, mujeres excombatientes, que desde que entregaron las armas han tenido que luchar contra el estigma y la falta de oportunidades para ellas y sus hijos, aprenden a hacer muñecas de tela que visten con sus antiguos camuflados.
El proyecto ha podido seguir adelante gracias al auspicio internacional, porque el gobierno colombiano les ha incumplido las veces en las que no las ha ignorado de golpe. Por intermediación de la ONU, están a la espera de recibir al final de este mes al menos una máquina más de coser, porque con una sola es difícil cubrir la demanda.
Las muñecas no solo personifican excombatientes, sino también campesinas, indígenas y afro. El proyecto es una apuesta por unir la truncada pero diversa historia colombiana. Las muñecas también vienen con una carta, firmada con puño y letra de las excombatientes que muchas veces han querido comenzar proyectos agrarios sin éxito. ¿En dónde cultivar si no hay tierras? Ese, la reforma agraria y restitución de tierras, era uno de los primeros puntos a tratar en el acuerdo de paz.
Francis Restrepo pertenece al movimiento de izquierda Marcha Patriótica, además de ser lideresa social con enfoque de género por más de veinte años. Vive en la zona rural del Cauca, uno de los departamentos más violentos de Colombia. Desde el 2012 ha recibido amenazas y al día de hoy, seis años después, el gobierno ni siquiera le ha dado el chaleco antibalas y el celular que le prometió. Le asignaron sin embargo un guardaespaldas que no va a recogerla. El hombre alega que es un trabajo peligroso que pone su vida en riesgo.
Restrepo ha logrado mantenerse con vida por sus propios medios y con ayuda de algunos miembros de su comunidad, pero aún no se ha podido quitar la pregunta que la desvela y cuyo eco se ha acrecentado como se han acrecentado las muertes impunes de sus colegas: “cuándo me tocará a mí”. Pero no dejará de trabajar como lideresa porque quiere ayudar a formar un país en paz para sus hijas y sus nietos, porque cree en el perdón y en la reconciliación, y en esas mujeres que, a pesar de los sufrimientos, también quieren construir un país sin violencia.
Para montar la fábrica de muñecas que también funciona como centro de conferencias sobre Colombia, el campesinado, los grupos étnicos y la paz, se adecuó un espacio que el ejército, la policía, exguerrilleros, todos juntando esfuerzos físicos, ayudaron a montar.
Perpetradores
Según informes del Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz Cinep/PPP no son líos de faldas, son líos de tierras, y de acuerdo a Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo (Fundación Paz & Reconciliación), la mayoría de ataques se ubican en regiones de minería ilegal y por donde fluye la ruta del narcotráfico que ahora se disputan otros actores armados al margen de la ley, Bandas Emergentes de Colombia o bandas criminales (bacrim), de corte paramilitar. La proliferación de las bacrim y la expansión del Clan del Golfo demuestran incapacidad estatal para garantizar alternativas sociales y económicas de protección e incapacidad militar para hacerle frente a los grupos subversivos.
Para el líder comunal Guillermo Cardona el aumento de casos de asesinatos y de amenazas a líderes y defensores de los derechos humanos “tiene que ver con la disputa de nuevos actores en los territorios, actores que antes que motivaciones políticas tienen intereses guerreristas y económicos”. Cardona también asegura que los líderes comunales son los más afectados desde que comenzaron a propugnar por los programas oficiales de sustitución de cultivos ilícitos, punto clave del acuerdo de paz. El Estado propulsa las actividades de los líderes para luego no cumplirle a las comunidades. Entonces “los dirigentes caen en el desprestigio ante sus vecinos y son presa fácil de actores irregulares o bandas de sicariato interesados en mantener los cultivos”, dice Cardona.
Camilo Bonilla, sobre el plan gubernamental para poner fin a este derramamiento de sangre, dice “es como si la solución fuera un chaleco antibalas de una única talla. Y esperan que le sirva a todos”. No todos los casos son iguales y no se ha ni pretendido estudiarlos en sus diferencias. Bonilla había comenzado su ejemplo con un saco unisex talla única que rápidamente cambió entre carcajadas por “chaleco antibalas”. Lo del chaleco antibalas es mejor: no es un ejemplo posible sino real.
¿Y dónde está el Estado?
El esquema de protección y contingencia por parte del Gobierno Nacional ha sido deficiente y la impunidad en Colombia es diaria y sin tregua. El expresidente Juan Manuel Santos, premio nobel de paz, habló de poner en marcha un plan de recompensas para quienes provean información sobre los autores criminales. Este plan aún no ha sido ejecutado. Por otra parte, el presidente electo Iván Duque, aunque ha hecho explícito su rechazo a los homicidios y señala que trabajará para agilizar las investigaciones y para sancionar severamente a los criminales, no ha manifestado todavía ningún plan ejecutable para encarar la problemática.
Del escueto pronunciamiento del nuevo presidente tampoco vendría una solución eficaz porque la misma corrupción de los entes estatales es leña para el fuego. “Interponer un derecho de petición ante un poder local es sinónimo de segregación, una veeduría, una tutela o acción de cumplimiento es sinónimo de una lápida a las espaldas y, lo más grave, militar en un grupo político alternativo es un suicidio”, dice Guillermo.
Se ha pensado atacar el problema mediante tecnología, con una aplicación para el celular que graba conversaciones y revisa posiciones mediante GPS. Pero si la llamada la contesta el victimario o si las aplicaciones sirven para realizar una perversa tarea de espionaje la tecnología le facilitaría las cosas a los corruptos estatales al otro lado de la línea. Otro de los asuntos a resolver con esta nueva oleada de ideas de punta es la falta de cobertura de celular en las zonas rurales en las que la población es más vulnerable. Ahora bien, lo que sí se ha hecho efectivo es la entrega de un chaleco antibalas y un celular para que las víctimas puedan hacer llamadas o mandar mensajes de Whatsapp en caso de encontrarse en una situación mortífera. Claro que, como en el caso de Ives Trujillo, si llegan hombres armados a secuestrar a los propios hogares, el chaleco antibalas se vuelve una pieza de moda y el celular un ítem más en algún mercadillo ilegal de una urbe densa.
Estado ilegal
Si bien es cierto que desde antes del acuerdo de paz los líderes, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, protectores territoriales estaban bajo amenaza constante, es aún más cierto que desde el 2013 y luego con la firma la violencia en su contra se ha disparado. Se desestructuraron algunas organizaciones subversivas ilegales. Para mal o para bien, el territorio de actividad guerrillera tenía una organización. Con la entrega de armas esos territorios quedaron a la deriva. El Estado siempre ausente sigue sin aparecer y actores que buscan el control territorial ya tienen listo su armamento.
Un segundo punto a destacar es que tanto el gobierno como los medios locales y nacionales y la población civil han estigmatizado a las víctimas. Los defensores y líderes son los otros, son el enemigo, bandoleros, ¡criminales! Que el Ministro de Defensa declare públicamente que los asesinatos se deben a líos de faldas, amoríos, asuntos de linderos, ilegalidad entre ellos es ya una forma de victimización y le abre las puertas a la impunidad. No se aborda el tema de que los líderes sociales son asesinados debido a su labor de líderes.
Los datos son confusos cuando existen. Francis Restrepo denunció ante la fiscalía muchas de las amenazas solo para sorprenderse después con que las denuncias no existían en ningún archivo, aun cuando la fiscalía y la policía nacional visitaron su casa y le prometieron garantías de seguridad y vigilancia.
Pero esto no es lo único preocupante. El problema es tan profundo como doloroso. ¿No al fracking? ¿No a la minería? ¿Lucha por proteger los recursos hídricos? La muerte silencia todas las querellas, sobre todo si el que investiga tiene vínculos con quien aprieta el gatillo y le da concesiones irrisorias al negociante que se enriquece con el escaso petróleo que le queda a la nación.
Hay dos tipos de modelos económicos que están en el campo de batalla, alega el sociólogo Camilo Bonilla. Un modelo de consolidación, restauración, sostenibilidad y protección de los recursos naturales y culturales en contra de un modelo extraccionista, petrolífero y minero.
En el 2018
Según el informe de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular - CACEP, e Indepaz, solo en lo que va de del 01 de enero al 05 de julio de 2018 se cuentan al menos 123 ataques mortales. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño respectivamente. Sufren los que siempre han sufrido. Pero no son solo los individuos los que están amenazados. Sin líderes sociales, la paz en Colombia está a la deriva.
