La JEP se creó para garantizar verdad, justicia, reparación integral y la garantía de no repetición para las víctimas de los delitos atroces que se cometieron con ocasión de la guerra y que vinculan no sólo a los ex combatientes de las Farc sino a otros actores del conflicto armado como miembros de la fuerza pública, empresarios que habrían financiado estos hechos y políticos que se beneficiaron de esos hechos. Circunstancia que favorecerá a los 8 695 848 de colombianos damnificados por el conflicto, que fueron registrados y reconocidos por la Unidad Nacional para las Víctimas.
De ahí se desprende la creación de la JEP para que la sociedad colombiana tenga acceso a la verdad. Cuando hay reconocimiento de los hechos dolorosos de la guerra podremos avanzar hacía una sociedad dispuesta a la reconciliación.
El diseño de la JEP, que la propia Corte Constitucional declaró exequible con el acto legislativo 01 de 2017, es el mecanismo adecuado para que el país conozca la verdad sobre los secuestros, asesinatos selectivos, acciones bélicas, ataques a bienes de civiles, atentados terroristas, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos forzados, minas, reclutamiento de menores de edad, entre otros. Sin embargo, lo sucedido esta semana en el Congreso, con los cambios que impuso la bancada del Centro Democrático, refleja desde ya que lo que menos se sabrá en nuestro país es la verdad.
Paradójicamente hoy no se han podido procesar a los excombatientes de la guerrilla ni a los militares por las trabas que ha tenido el proceso de paz, especialmente, lideradas por la oposición al Gobierno Nacional encabezada por el expresidente Uribe, a la que ya se unieron congresistas de otras colectividades como Cambio Radical y el Partido de la U, que antes promovieron los beneficios del acuerdo de paz firmado con las Farc.
La JEP ya ha aceptado a 2159 militares que se han beneficiado con libertad transitoria, condicionada y anticipada. Uno de los casos más visibles es el del general en retiro Rito Alejo del Rio, quien fue condenado a 25 años por la justicia ordinaria al encontrarlo culpable del crimen de Marino López Mena, defensor de derechos humanos y líder social chocoano. Del Rio también enfrenta un proceso por el crimen del humorista Jaime Garzón y hoy está libre. Es decir, la JEP no solo les permite a los excombatientes de las Farc beneficiarse de la justicia transicional sino también a los miembros de la Fuerza Pública y, eventualmente, a quienes se presenten allí.
Por lo tanto, es falso que habrá impunidad en las condiciones que se pactaron en el acto legislativo 01 de 2017. Incluso la mayoría de los militares que se sometieron, o se someterán a la JEP, tienen claro que ya existen los elementos para garantizar la seguridad jurídica de ellos. Lo que pasa es que hay un sector del poder interesado en comprar esa impunidad.
Estoy totalmente en contra de lo que está sucediendo con la JEP y me preocupa porque desde ya podemos contemplar que lo mismo sucederá con todo el Acuerdo Final, es decir, debemos estar preparados porque es posible que el presidente Iván Duque, con toda su mayoritaria bancada, desvirtúen y hagan modificaciones al Acuerdo que no beneficiarán a las víctimas, los excombatientes, ni a las fuerzas militares y, en cambio, sí beneficiará a los autores intelectuales de cientos de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Las reformas que están haciendo podrían darle entrada a la CPI
organismo que está atento, por ejemplo,
a los procesos judiciales por las ejecuciones extrajudiciales
Las reformas que están haciendo (pues los procesos de los militares quedarán congelados) podrían darle entrada a la Corte Penal Internacional, organismo que está atento, por ejemplo, de los procesos judiciales por las ejecuciones extrajudiciales, pues la fiscal Fatou Bensouda ya documentó, al menos, 3185 “falsos positivos” ejecutados entre 2004 y 2007. Y la cifra ya ronda en más de 10 000, según datos revelados por los medios de comunicación.
La incorporación de los cambios del uribismo a la JEP, solo oficializará la impunidad y la polarización que ya padece el país, además nos alertar sobre lo que sucederá después del 7 de agosto, pues estamos ad portas de que lo pactado por las FARC y el Gobierno Santos se quedé en el papel, lo que implicará un adiós a todos los esfuerzos realizados en el proceso de paz. Mientras eso pasa, nos toca seguir acudiendo a la defensa de la paz y allanando los caminos de la solución política desde nuestras organizaciones, movimientos e iniciativas.
