Las políticas de globalización neoliberal que le impusieron a Colombia profundizando la privatización de los derechos fundamentales, cual ruin negocio, se concretan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el “nuevo paradigma”, una serie de normas que, con sofismas, ha venido trasladando el manejo de los recursos de la entidad más importante para la infancia y la adolescencia hacia el sector privado. El presupuesto del ICBF para este año es de $7.3 billones, según afirmó el presidente Iván Duque en octubre del año pasado. Trabajadores, padres usuarios de los programas, comunidad organizada que los administra y movimientos sociales libran una lucha sin cuartel en la defensa del ICBF como una entidad pública que administre, planifique, ejecute y controle los programas, así como sus recursos. Su convicción es no permitir que el presupuesto dirigido a la primera infancia y población vulnerable termine en los grupos económicos y los bolsillos de clientelistas y politiqueros, a través de las concesiones de los programas al sector privado, que al final terminan en las multinacionales y el capital financiero internacional, dueños de los grandes centros de provisión de productos, mercados y mano de obra, aún mucho más barata.
La peor calamidad de Colombia es que sus dirigentes no son autónomos ni soberanos para determinar el modelo de desarrollo; siempre han dependido de los paradigmas impuestos por la banca multilateral, especialmente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las puntas de lanza de Estados Unidos para obtener "billonarias" ganancias a través de sus corporaciones. Por eso muy pocos sectores económicos e instituciones faltan para ser privatizados, entre ellos el ICBF —al cual le han quitado la mayoría de las funciones que realizaba—, que tiene el programa de Hogares Infantiles Tradicionales —creado por la Ley 27 de 1974 como Centros de Atención Integral al Preescolar—, líder por excelencia en la atención a la primera infancia, centros que constituyen los mejores espacios educativos para la atención integral de los niños, con altos estándares de calidad; en Bolívar son 32 y 1.800 a nivel nacional, con cincuenta mil trabajadoras sociales, administradores educativos, licenciados en preescolar, pedagogos, normalistas y contadores, entre otros, que en desiguales condiciones salariales han consolidado estos Hogares Infantiles de Bienestar con la ayuda de las comunidades que han colocado todos sus recursos, retribuidos con un servicio eficiente y accesible a todo tipo de población. Es un modelo de democracia económica y de participación social.
El ICBF siguiendo directrices del presidente Duque de privatizar los programas, para finalmente liquidarlo, hoy está en pleno marchitamiento; aprovecha la inmovilidad que la pandemia causa a la población para implementar la plataforma Betto, un sistema ilegal que elevó los criterios de selección de los operadores de los Hogares Infantiles para despojar a las Asociaciones de Padres Usuarios de la administración del programa, para así entregarlo —por encima de la ley de la contratación pública— a fundaciones y diversas ONG. Las comunidades le exigen al gobierno Duque y al ICBF que les devuelvan los programas, ya que ellos son los mejores dolientes para administrarlos bien, como lo hacen desde hace casi 50 años; así mismo, exigen detener el marchitamiento del ICBF, regresándole los programas y adjudicándole los recursos suficientes. ¡Sin ICBF no hay futuro para la niñez y la adolescencia!
