Nuevamente todo el departamento de Amazonas se ve afectado por la prohibición de las importaciones de cemento, luego de que el pasado mes de febrero se cayera la medida provisional que así lo permitía y sin que hasta la fecha el gobierno nacional haya tomado una decisión de fondo que normalice y dé seguridad jurídica al comercio de la región y cumplimiento a los acuerdos internacionales.
La problemática no tendría trascendencia nacional sino fuera porque en este momento la culminación de las obras del nuevo aeropuerto de Leticia se encuentren a la espera de una solución a este tema, ya que, de acuerdo al último informe presentado por los contratistas, el único cemento que pueden emplear es el importado. Esta megaobra tiene un atraso de ocho meses y todo parece indicar que su entrega final se postergará hasta finales del presente año, con los correspondientes sobrecostos que ya superan todo cálculo inicial.
El gobierno Santos dejó listo un proyecto de decreto que permitía la importación de cemento al departamento, el cual asignaba un cupo de importación de veinte mil toneladas anuales, de los cuales el 90%, casi su totalidad, le serían asignadas a los importadores tradicionales y el restante 10% a los nuevos importadores. Quiere decir que se hubieran distribuido dieciocho mil toneladas de cemento entre un grupo no mayor a seis empresas, lo que pudo significar un indebido uso de posición dominante, restricción a la libre empresa y a la competencia leal.
De no solucionarse prontamente esta situación en igualdad de condiciones para todos los empresarios y sin estigmatizar el cemento nacional, se estará favoreciendo la corrupción, el contrabando y el abuso de autoridad.
