La PAZ TOTAL tiene que construirse y requiere desarrollar procesos integrales, socioeconómicos, sociointelectuales, de recuperación y comprensión de valores humanos y conciencia social y de identidad y afinidad con ellos.
Colombia requiere reconstrucción integral de todo su ordenamiento legal, destruido y desnaturalizado, durante más de 200 años de gobiernos que nunca previeron el futuro, ni respetaron los derechos naturales colectivos de las mayorías.
La corrupción desbordada en el manejo de los recursos públicos, por la magnitud alcanzada y la impunidad que la garantiza, permite concluir que se institucionalizó, en Colombia.
Desafortunadamente con el concurso, aceptación y tolerancia del sector privado y con el estímulo tácito de la debilidad e impunidad institucional.
Hasta el presente, el régimen que ha gobernado, no ha querido encontrar cura para esa letal infección ética, moral, institucional, social y fiscal.
Ese es un cáncer socioeconómico-fiscal que socava e impide el desarrollo nacional.
La contratación pública es el soporte angular de la corrupción y la vena rota del fisco nacional, en todos los niveles de la administración.
De acuerdo con conclusiones de entes de control e investigaciones particulares recientes, el estado pierde o se deja robar de los corruptos, más de $60 billones anules, equivalentes a cuatro reformas tributarias tradicionales o al déficit fiscal.
Derrotar la corrupción, exige decisiones y reglamentos precisos y sanciones contundentes y sumarias, para los responsables de actos de corrupción.
Es imprescindible y urgente que el actual gobierno, estructure e institucionalice un Estatuto Único de Contratación pública, obligatorio para todas las entidades que manejan recursos públicos. Este propósito y objetivo, debe hacer parte de los acuerdos, para la construcción de la paz total.
Dicho Estatuto debe precisar y ordenar que, todo funcionario o contratista denunciado por actos de corrupción debe ser separado del cargo y/o suspendido el contrato, a partir de la radicación y aceptación de la denuncia.
Debe establecer que los investigadores judiciales, máximo disponen de 60 días calendario para efectuar la imputación de cargos y el juez de conocimiento, máximo 100 días calendario para proferir condena o absolución.
El funcionario público y el respectivo contratista, al ser declarados culpables (persona natural o socios de la persona jurídica), deben ser inhabilitados indefinidamente para ejercer funciones públicas y contratar con el estado.
El contratista, como persona natural o los socios de personas jurídicas declarados culpables y los integrantes de consorcios, uniones temporales y/o app, deben ser inhabilitado indefinidamente para contratar con entidad pública, en consorcio, unión temporal o como integrante de persona jurídica. Además, todo investigado por actos de corrupción, tiene que ser investigado, de oficio, por enriquecimiento ilícito. El código penal y de procedimiento penal, tienen que ser reformados y actualizados , al mismo tiempo.
Son decisiones que corresponden a la gravedad y dimensiones de la corrupción que impera en Colombia y a los intolerables hechos de impunidad consumados en la rama judicial e instituciones públicas.
Las condiciones para participar en convocatorias públicas, para contratar con el estado, deben garantizar amplia participación de potenciales proponentes.
La selección de propuestas, debe consistir en determinar la aceptación las propuestas, por cumplimiento de requisitos habilitantes, no por puntajes.
En toda convocatoria pública para contratar con el estado, debe haber mínimo cinco propuestas hábiles, como resultado de la evaluación. En caso contrario debe repetirse el proceso.
La adjudicación debe hacerse solamente por sorteo con balotas, entre los proponentes habilitados.
Todo contrato de obra o prestación de servicios, en el sector oficial, debe ser firmado por el Jefe de Gobierno o jefe o gerente de entidad descentralizada. De ninguna manera por asesores o delegados para ese fin.
Lo que se plantea y sugiere aquí, es sencillo para aplicarse, pero tiene abierta oposición de politiqueros, clientelistas, burócratas y delincuentes de cuello blanco y de congresistas.
Por las actitudes y posición de congresistas y resultados de los debates para la aprobación de normas de control contra la corrupción, se advierte que la única vía rápida para implementar cambios concretos en el sistema de contratación pública, sobre términos de convocatorias, pliegos de condiciones, costos del proyecto, evaluación de propuestas y adjudicación de contratos, debe lograrse mediante facultades extraordinarias que debe otorgar el Congreso al Sr. Presidente de la República, para definir y promulgar un nuevo Estatuto General de la Contratación, mediante Decreto Ley. Este debe contener disposiciones como las arriba sugeridas y debe derogar toda la normatividad actual, sobre contratación.
Un Nuevo Estatuto para la contratación pública, debe contener procedimientos, términos, precisiones y controles, que acaben con todas las mañas que están utilizando los ordenadores del gasto y proponentes, para saquear el presupuesto público, a través de la contratación. Debe ser aplicable a toda entidad que maneje dineros públicos, sin ninguna excepción.
La estructuración de ese Nuevo Estatuto, debe hacerla una comisión especial, integrada por personas de amplio conocimiento y experiencia en análisis de costos, especificaciones técnicas, programación de inversión y desarrollo de proyectos, entre otros. Es un asunto de interés nacional, de tanta trascendencia, que no se debe confiar solamente a abogados, economistas, administradores, filósofos, poetas, malabaristas, artistas, lagartos, politiqueros y habituales burócratas paracaidistas.
Es un hecho incontrovertible que la impunidad es parte integral de la corrupción. La corrupción en Colombia crece exponencialmente, con virulencia de contagio epidémico.
La evidencia de la degradación ética y moral institucional y social y la impunidad que la coadyuva, son parte integral de la corrupción y la impunidad general nacional, que ha permeado todos los niveles de la administración pública, en particular la Rama Judicial.
La evidencia esta en los resultados de investigaciones y hechos que son denunciados, pero que en la mayoría de casos, se ahogan en los anaqueles judiciales, incluidas las investigaciones de carácter criminal.
Entre otras, en la Fiscalía General de la Nación, con el archivo de investigaciones del caso Ñeñe Hernández-presidente Duque, caso Memo fantasma-vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Diego Cadena-Uribe, las masacres del ARO y LA ROCHELA, las veleidades de la Procuraduría General, la condecoración al perverso Fiscal Jaimes, las revelaciones en cursos sobre la corrupción en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que ya lo cuantifican en más de medio billón de pesos, la defensa rabiosa e insustentable del excamuflado Zapateiro, entre muchos, muchos otros casos y hechos, que deben ser investigados y sancionados por la nueva administración nacional. La paz nacional general, demanda reestructurar integralmente toda la institucionalidad y el marco legal que la soporta.
Sin derrotar la corrupción integralmente y sin pronta y honesta aplicación de justicia, es imposible construir y cimentar la paz total, que se propone el actual gobierno.
