En una carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos, la Fundación Forjando Futuros pone en evidencia el peligro que está corriendo la comunidad que retornó a la vereda Las Guacamayas, en Turbo (Antioquia).
Esto es lo que advierten los campesinos y acompañantes del sector:
Señor Presidente, a través de la presente, queremos informarle las constantes amenazas que han recibido las familias campesinas desplazadas que retornaron a la vereda Guacamayas del Municipio de Turbo, Urabá antioqueño. Hombres armados han hurtado ganado, han quemado cultivos y han agredido física y verbalmente a pobladores como Víctor Correa, Rosemberg Ibáñez, Edilberto Castellanos y Vidal Jiménez.
Uno de los episodios ocurrió este 5 de noviembre de 2014 cuando cerca de ocho personas armadas llegaron hasta la vivienda de Víctor Correa Montalvo tumbando las plantas de pancoger, intimidándolo y dándole un plazo de 24 horas para que abandonara el terreno.
En los últimos cinco meses la Comisión Colombiana de Juristas ha presentado 3 denuncias penales por este tipo de hechos, una de ellas el 29 de julio de 2014 y la última el 4 de noviembre del mismo año, un día antes de que ocurrieran los hechos anteriormente narrados. Pese a que la Policía Nacional y la Unidad de Restitución de Tierras han tenido conocimiento de lo sucedido, no se han tomado medidas pertinentes para prevenir las agresiones y por el contrario se han negado a prestar el acompañamiento necesario.
También la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación –IPC, a través de su agencia de prensa, han denunciado públicamente las reiteradas agresiones contra los campesinos que reclaman predios en las veredas Guacamayas, La Eugenia, Villa Rosa, Cuchillo Negro y El Caimán, que pertenecen al corregimiento Macondo de Turbo. Desde marzo del presente año, el IPC ha reportado una vulneración sistemática de derechos a la población que ha retornado a la zona.
En estos reportes, se ha revelado que algunas instituciones del municipio de Turbo y de la subregión de Urabá no atienden las denuncias sobre las intimidaciones que sufren los reclamantes, no les brindan garantías para proteger sus vidas, entorpecen los procesos de reclamación y restitución de predios, y adelantan operativos de desalojo forzado a solicitud los empresarios.
Por ello, se hace un llamado a la Presidencia de la República para que revise la labor de instituciones como la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, puesto que las comunidades no se sienten respaldadas por estas entidades que deben ser garantes de los derechos de las víctimas como se establece en la Ley 1448 de 2011.
De esta manera, solicitamos se le ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría Judicial de Restitución, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa garanticen la protección de la vida y la integridad de todos los miembros de la comunidad, dada su calidad de víctimas reclamantes de tierras, tal y como lo estipulan el artículo 31 y 32 de la Ley 1448.
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