Las 53 reuniones entre el Gobierno Nacional y los campesinos cultivadores de coca en el Putumayo, no han sido suficientespara que las partes se coloquen de acuerdo y firmar el acta de compromisos que permitan la sustitución de las matas de coca por parte de los campesinos y el gobierno, y de esta manera asegurar los recursos necesarios para la inversión social en las áreas erradicadas.
Jule Anzueta, vocero de la Mesa de las Organizaciones Sociales, señala que se nota abiertamente la intensión del Gobierno de no querer un acuerdo que permita la erradicación voluntarias de los cultivos de uso ilícito y asegurar los recursos para la inversión, dineros que se manejarían a través de un fondo por parte de una fidusaria.
Los últimos diálogos que duraron 4 días del 1 al 4 de agosto en el municipio de Puerto Asís, el Gobierno Nacional, junto con los gobiernos departamental y municipales presentaron una propuesta que llamaron hoja de ruta que no convenció de lleno a los campesinos y que algunos la alcanzaron de señalar como irrespetuosa.
Documento elaborado por los alcaldes de los municipios de Orito, San Miguel, San Francisco, Santiago, Colón, Sibundoy, Puerto Caicedo, Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Asís, Leguizamo, gobernación del departamento del Putumayo, Ministerio del Interior y Presidencia de la República. (Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas – Alta Consejería para el Postconflicto)
Propuesta de Hoja de Ruta para la Implementación de un Acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en municipios de Putumayo.
Propuesta
Objetivo:
Buscar que en el menor tiempo posible se suscriba el compromiso entre las comunidades, el Gobierno y las autoridades territoriales, en el cual las comunidades se comprometen con la sustitución, la no resiembra y a no estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni a la comercialización ilegal; y el Gobierno con la ejecución de un plan de atención integral e inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada del plan de sustitución y desarrollo alternativo.
El cumplimiento de este objetivo no excluye a comunidades y territorios del departamento que no estén directamente vinculados a los cultivos de uso ilícito.
Proceso:
Conformar una Mesa de Coordinación en cada municipio la cual será liderada por el alcalde municipal o su delegado permanente, su consejo de gobierno, con la participación de la administración departamental, el gobierno nacional y representantes de las Juntas de Acción Comunal – JAC (ASOJUNTAS), representantes de las organizaciones sociales, gremiales, comunidades indígenas y afro-descendientes en función de la zonificación y características del municipio.
La Mesa de Coordinación, mediante concertación de sus integrantes (autoridades nacionales, regionales, municipales y comunidades) acordará el plan o planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo, con base en los lineamientos, planes, propuestas y proyectos acordados.
De igual manera, se conformará una Mesa de Articulación Departamental liderada por los gobiernos nacional y departamental, que cuente con la participación activa de las administraciones municipales, organizaciones sociales y demás actores de los diferentes sectores que aporten en la construcción de una visión y definición de acciones de desarrollo regional.
La Mesa de Coordinación Municipal será presidida por el Alcalde, quien convocará a sus integrantes para formular y ejecutar el Plan de Acción en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito dentro de los ejes, sectores, programas y subprogramas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y/o Nacional.
La Mesa de Coordinación será la encargada de organizar los comités temáticos. Inicialmente se propone establecer los siguientes:
Desarrollo productivo
Desarrollo Social (Salud, Educación cultura y deporte)
Agua potable y saneamiento básico
Agricultura, ambiente y turismo
Infraestructura
Vivienda, ciudad y territorio.
Por recomendación de los integrantes de la Mesa de Coordinación se podrán conformar otros comités temáticos.
Para adelantar adecuadamente el trabajo de los comités temáticos, las reuniones comunitarias y las diferentes jornadas de trabajo, se contará con apoyo de equipos técnicos idóneos y de los recursos necesarios por parte del gobierno nacional dentro de los principios de austeridad y racionalidad del gasto.
Fumigaciones: el detonador
Las conversaciones para pactar el modelo de sustitución no siguen en los mejores términos por cuanto desde mayo no se había programado una nueva reunión como la de esta semana, según Liliana Gutiérrez, otra de las coordinadoras de la Mesa Regional, quien argumento que el Gobierno del presidente Juan Manuel santos, confirma que la erradicación forzada y las fumigaciones con glifosato continuara por parte de la fuerza pública.
Al respecto hablamos con Eduardo Díaz, director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y el abanderado gubernamental en las conversaciones manifestó que se está muy cerca de un acuerdo que satisfaga a las partes comprometidas y que esto será en los próximos días luego que se realicen dos mesas de trabajo en el municipio de Orito, los días 10 y 11 de agosto y el trabajo de seis profesionales en una mesa técnica, profesionales designados por las organizaciones y el mismo gobierno.
A estos hechos se sumó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de permitir la fumigación manual con glifosato en departamentos como Putumayo, tal como quedó consignado en la Resolución 708 del 11 de julio.
En el departamento no han asperjado desde abril de 2015 cuando el Ministerio de Salud recomendó suspender este químico por ser potencialmente cancerígeno. El problema es que las cifras de cultivo de hoja de coca para uso ilícito en este departamento aumentaron casi un 50% el año pasado respecto a 2014, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Díaz ya le había explicado que en Putumayo “existía una estrategia que era de fumigación, pero se fue agotando por varias razones. La principal era porque hoy el 66% de cultivos está en zonas donde no se puede fumigar”.
Sin embargo, la licencia de la ANLA ya está aprobada. Anzueta explica que todavía no han empezado las fumigaciones manuales, pero que desde ya protestan por la decisión. Cuenta además que, en una de las manifestaciones, hubo dos heridos en la vereda Portal del corredor Puerto Vega - Teteyé durante los choques con la Fuerza Pública.
“El gobierno no es coherente pues tiene una interlocución con la Mesa Regional para sustituir la coca, pero insiste en la vía represiva. Eso muestra que mientras habla de paz en La Habana, hace otra cosa en los territorios”, indicó.
¿Y el acuerdo?
Las negociaciones parecían prometedoras. Ambas partes coincidieron en que no se trata de únicamente de arrancar la mata de coca, también era necesario apoyar la comercialización de productos agrícolas lícitos, invertir en vías para que la ganancia no se pierda en el transporte y acompañar estos proyectos con inversión en educación, saneamiento y salud.
Tales coincidencias eran un gran avance, especialmente por parte del gobierno que, desde finales de los setenta la estrategia siempre se centraba en la fumigación.
Los temas en los que no concilian aún son el ritmo en el que se debe erradicar la hoja de coca y quiénes serán los beneficiarios de los apoyos gubernamentales.
Las comunidades quieren que se sustituya a la par que se invierte en programas sociales, como una muestra de que el gobierno sí les cumplirá. El problema es que sus cálculos son de más de 5 años y desde Presidencia no estás dispuestos a tolerar economías ilegales. “En ningún caso es aceptable que quien haga parte de un programa mantenga cultivos de uso ilícito en su predio”, se planteó en una sesión de la estrategia gubernamental con los campesinos en agosto de 2015.
El otro punto sin resolver es si los beneficios los recibirán todas las familias de las zonas cocaleras, que es lo que pretende el gobierno; o si se les otorgarán únicamente a las personas que viven de la hoja de coca, que es la propuesta de la comunidad.
“No hemos podido resolver cómo y dónde se implementará la sustitución y mucho de eso depende de recursos de gobierno”, precisó Anzueta.
