Un nuevo escándalo de presunta corrupción con la administración de los recursos públicos destinados a la inversión para el control y mitigación de la pandemia declarada por causa del coronavirus se suscitó el día domingo 17 de enero como consecuencia de la publicación de la columna titulada La vacuna del delfín, cuyo autor es Camilo A. Enciso V., director del instituto Anticorrupción.
Muy temprano, el lunes 18 de enero, los medios de comunicación que pertenecen al conglomerado económico-político que concentra las principales cadenas de radio llamaron al protagonista de la inmoralidad, Miguel Uribe Turbay, excandidato uribista a la Alcaldía de Bogotá, que fue derrotado por la actual alcaldesa Claudia López, para que tuviera la oportunidad de desmentir las sindicaciones que le hicieron en el portal Los Danieles, de donde se deduce que como premio de consolación, y a manera de compensación por el descalabro electoral, recibió la gerencia y el manejo de la Subcuenta COVID de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Como se acostumbra en el Centro Democrático para amparar a los políticos que la gente rechaza con su voto, fueron nombrados por el presidente Duque, con altísimos sueldos, los amigos políticos del derrotado Uribe Turbay, entre ellos, la gerente general de la Subcuenta COVID, Adriana Lucía Jiménez y el general en retiro Gustavo Rincón, declarado enemigo del proceso de paz en Colombia, quien funge como asesor jurídico, según el informe del director del instituto Anticorrupción.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cargo de Eduardo José González Angulo, es la entidad encargada de administrar los recursos dispuestos por el Estado para atender la pandemia con el respaldo administrativo de Fiduprevisora, donde González Angulo el año pasado ordenó nombrar a Claudia Candela Bello, con un sueldo mensual también superior a los 14 millones de pesos de los recursos públicos de la pandemia. Del mismo equipo de Uribe Turbay fueron nombrados con sueldos superiores a los diez millones de pesos mensuales, con cargo a la Subcuenta COVID, Juan Sebastián Castro Gaona, Cristian Francisco Pulido Acuña y varios contratistas más.
Estos hechos fueron calificados de inmediato por la prensa independiente como un desafío a la decencia, a la pulcritud y a la transparencia administrativa que debiera caracterizar a la administración pública.
Lo anterior, teniendo en cuenta que esta nueva incorrección sobreviene precisamente cuando se le critica al Gobierno la suscripción de acuerdos confidenciales, por disposición de las empresas privadas farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer, para suministro de las vacunas que necesita Colombia y que deben pagarse con cargo a esta Subcuenta COVID.
Justamente, el columnista de El Espectador, Ramiro Bejarano Guzmán, también se pronunció el pasado domingo sobre los contratos: “El gobierno ha dicho que no los revela porque existen cláusulas de confidencialidad impuestas por las empresas productoras de las vacunas, pero esa no es una excusa sino una trampa. En efecto, a menos que la ley lo haya dispuesto, ningún documento público está a salvo de ser pedido y conocido por los ciudadanos. Ninguna empresa puede imponerle al Estado que no divulgue los contratos oficiales, porque ello reñiría con la Constitución y la ley”.
Además señala: “Los colombianos tenemos derecho a saber cuánto hemos de pagar por las vacunas contra el COVID-19, cuándo se firmaron tales contratos, cuándo llegarán las mismas al país y si en esos convenios se ha relevado de toda responsabilidad a los fabricantes y distribuidores. Además de que somos consumidores de un producto, se trata de algo que es de interés público. Ya tenemos bastante con que Duque y su gabinete mientan todas las noches, como para acostumbrarnos y tener que soportar el atropello de no saber sobre unos contratos que nada tienen que ver con la seguridad o defensa nacional y que no pueden ser ocultos”.
Sin embargo, el informativo CM& reveló un documento firmado por Eduardo José González Angulo, según el cual el costo de 40 millones de vacunas que el país contrató es de un billón quinientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y tres millones setecientos sesenta y siete mil novecientos treinta pesos colombianos ($ 1.537.883.767.930), distribuidos así: con la farmacéutica Pfizer por USD119.995.200 (10 millones de vacunas; se necesitan dos dosis por persona); con AztraZeneca, el contrato de compraventa se perfeccionó por un valor de 59.904.000 dólares americanos (10 millones de vacunas; se necesitan dos dosis por persona); y con la alianza para la vacunación COVAX, se suscribió el contrato por $214.726.260 dólares (20 millones de vacunas, también por dos dosis por persona).
Según esto, el gobierno presuntamente cerró contratos para vacunar al menos 20 millones de personas.
Antecedentes
El Mono González Angulo, director de la UNGRD, también fue nombrado por Duque en compensación a su derrota electoral cuando en marzo del año 2018 no pudo acceder al Senado de la República, igual a como había ocurrido en el año 2007 cuando los electores le negaron el acceso a la Gobernación del Cauca, a pesar de que había sido director general de Prevención y Atención de Desastres (DPAD) en el gobierno Uribe; o en el 2010, con su fallida candidatura a la Cámara de Representantes, no obstante que era el gerente nacional del Centro Democrático.
Ya como director de la UNGRD, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y en la adquisición y entrega de 769.000 kits alimentarios en todas las regiones del país, para los programas de apoyo social que lideró el gobierno nacional en medio de la pandemia por el coronavirus.
Y luego, a finales del año pasado, la Contraloría General de la República, igualmente, le abrió el proceso de responsabilidad fiscal por 16.637 millones de pesos, de la Subcuenta COVID, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Contradictoriamente, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Mono González, recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia 2020 por parte del presidente, Iván Duque Márquez, y del director de Función Pública, Fernando Grillo.
Es por esto, sumado a que la gente no cree que las investigaciones que realizan tanto la Procuraduría como la Contraloría tengan algún resultado favorable al interés público porque las consideran entidades de bolsillo al servicio del gobierno nacional, por lo que, presuntamente, Ramiro Bejarano afirma en la columna aludida que Duque preside un “régimen mafioso, arbitrario y corrupto”.
