Después de conocerse el atentado que sufrió la líder social de los Montes de María, Mayerlis Angarita Robles, en la ciudad de Barranquilla el pasado domingo 19 mayo; la incertidumbre sobre la protección a líderes y lideresas sociales crece.
Asimismo, crece la crítica y la exigencia hacia el gobierno nacional, pues en su discurso el presidente Iván Duque ha expresado un rechazo categórico a estos sucesos, sin embargo, en términos de acciones; las garantías siguen siendo vulneradas de manera impune.
En este sentido, en los últimos 15 días se han reportado múltiples casos de amenazas, intimidaciones y atentados contra liderazgos territoriales. Muchas agresiones se han realizado a través de panfletos, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas.
Asimismo, hay amenazas que no son registradas, bien sea por el grado de riesgo e intimidación de la cual son objetos los líderes y lideresas sociales, los defensores y defensoras de derechos humanos y, los habitantes de la comunidad que adelantan trabajos en pro del territorio; como también porque sus casos no hacen parte de la agenda mediática.
A pesar de ello, con base en registros de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, artículos de prensa nacional y regional; se pudieron rastrear casos que muestran que la situación en los departamentos no mejora.
En este sentido, las intimidaciones y atentados pesan sobre personas, comunidades y colectivos que tienen que ver con procesos sociales.
Recordemos que, según las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, los perfiles de líderes y lideresas más victimizados; son los de aquellos que adelantan procesos como reclamantes de tierras, quienes participan en procesos políticos, quienes hacen parte de Juntas de Acción Comunal (JAC) —específicamente quienes adelantan procesos en contra a economías ilegales y, defensores y defensoras de derechos colectivos que están ligados a comunidades indígenas y negras.
Zozobra en las regiones
Las siguientes amenazas, hostigamientos o atentados muestran que se vienen presentando en territorios con presencia y disputa de grupos armados ilegales, que no solo operan sobre nombres específicos sino que también sobre colectivos o comunidades y que es difícil determinar concretamente quienes están detrás de dichos hechos.
En Puerto Asís, departamento de Putumayo, el 7 de mayo nuevamente Jani Silva y Hugo Miramar fueron víctimas de hostigamientos y amenazas. Silva y Miramar son líderes de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA); organización que se ha caracterizado por adelantar trabajo en favor de la paz, específicamente sobre programas de sustitución voluntaria.
Precisamente, hombres se acercaron en motocicletas a averiguar sobre los programas de sustitución voluntaria, como también se ha denunciado que los han seguido hasta sus lugares de residencia.
El pasado 8 de mayo, en Jiguamiandó, en el departamento de Chocó se dio a conocer que las AGC están intimidando y amenazado a 12 indígenas de la región. Esto según versiones recogidas en región por parte de la Misión Intereclesial de Justica y Paz; integrantes de las AGC estaría recogiendo información sobre pobladores de Alto Guayabal, Ibudó, Nuevo Cañaveral, Bioquera y Jaibia-Coredocito.
En la región temen por la vida de los pobladores, pues a pesar de que algunas comunidades cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó; no son garantía frente a los hostigamientos de integrantes de las AGC que estarían operando en Belén de Bajirá.
Otra de las alertas sobre la creciente ola de amenazas, se dio en el departamento de Risaralda, pues a inicio del mes de mayo, Ancizar Hiupa quien es secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, denunció que a 19 ha aumentado la lista de amenazados.
Hiupa señaló que el 9 de mayo José Ever Arce Watiqui y su hermano Nicolás Arce Watiqui fueron amenazados por hombres armados que arribaron hasta sus residencias. Los hermanos Watiqui son miembros del resguardo Unificado Chamí del municipio de Pueblo Rico, además son docentes de una institución educativa de la región.
Otro de los casos que alertan sobre esta situación, tuvo lugar en el departamento de Arauca, en dónde por medio de panfletos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) amenazaron a organizaciones sociales el pasado 9 de mayo.
Las AGC bajo la premisa de que hay guerrilleros camuflados en procesos de organizaciones sociales, amenazaron en contra de integrantes del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, así como del partido FARC.
La amenaza de muerte es en contra de más de 25 nombres de habitantes del departamento de Arauca.
El 11 de mayo nuevamente fueron amenazadas mujeres que integran el movimiento Fuerza Mujeres Wayúu, amenazas perpetradas por parte de grupos armados ilegales.
En ambas fechas, las mujeres fueron amenazadas por medio de panfletos de las Águilas Negras, en los que amenazaron a seis (6) integrantes de dicha Organización. Recordemos que la organización ha adelantado un trabajo de acompañamiento con víctimas de paramilitares y militares en la región atlántica.
Asimismo, han trabajado sobre los efectos e impactos de actividades asociadas a la extracción; sobre las comunidades.
Uno de los últimos casos, tiene que ver, efectivamente, con María Mayerlis Angarita Robles quien, en compañía de una de sus hijas y un sobrino, fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado domingo 19 de mayo en la ciudad de Barranquilla.
De esta forma hombres armados abrieron fuego contra la camioneta blindada en la que se transportaba. Cabe recordar que Mayerlis Angarita trabaja con alrededor cerca de 900 mujeres por medio de un Colectivo que lleva por nombre ‘Narrar para Vivir’, que desde hace años tiene presencia en 15 municipios de Montes de María. Mayerlis, justamente escribió ese día una columna de opinión en la Revista Semana.
Desde la Casa de Nariño se da la espalda a los líderes
Uno de los aspectos que llama la atención sobre la precaria forma de atender la crisis de derechos humanos que atraviesa la protección a líderes y lideresas en Colombia, tiene que ver con que hace cuatro meses, el procurador Fernando Carrillo anunció la convocatoria de una ‘Mesa por la Vida’ en Apartadó, quién pensaba en articular a los distintos jefes de las carteras ministeriales para atender la situación de violencia y tomar acciones territoriales que hicieran posible mitigar esta realidad.
Otro caso que demuestra la inoperancia del gobierno nacional para atender la situación tiene que ver con un caso que caló en la agenda mediática; el atentado sufrido por la lideresa Francia Márquez, hecho que se registró al norte del departamento del Cauca, en zona rural de Santander de Quilichao.
En este atentado se encontraban Clemencia Carabalí, Carlos Rosero, Víctor Moreno, Sofía Garzón y los escoltas heridos. Para este momento, el gobierno nacional rechazó con ahínco los atentados en el departamento del Cauca, sin embargo, pese a que discursivamente parecían atender las exigencias de los líderes y las lideresas; la ausencia del presidente para las interlocuciones es una constante.
Justamente, el atentado de Santander de Quilichao se dio en el marco de una reunión que estaban preparando las comunidades con el gobierno nacional para adelantar los de las constantes violaciones a los Derechos Humanos, la condena y estigmatización a la protesta social y en el marco la Minga.
Sobre la falta de voluntad del gobierno nacional, es necesario recordar que después del atentado, se programó una reunión en Santander de Quilichao el pasado 11 de mayo con las comunidades, Francia Márquez, una misión de verificación de la ONU y la Comisión de Paz del Congreso; a la que el presidente de la República no asistió.
