Ante la apatía, desidia e indiferencia de muchos, incluidas las autoridades, el paisaje de los Cerros Orientales de Bogotá sigue deteriorándose.
Por estos días, arriba de Rosales, prosigue la construcción de un nuevo edificio, El Peñasco, pegado a la montaña, que impacta sustancialmente el verde horizonte de los cerros.
El edificio, ubicado en la Transversal 2 Este 78-21, cuenta incluso con el apoyo de la Fiduciaria Bogotá (Fidubogotá), como presume vergonzosamente una valla externa del Banco de Bogotá.
Habría que empezar por recordar a la arquitecta Ana María Cadena Tobón, curadora urbana 3 que otorgó la licencia de construcción en 2018, que los Cerros Orientales son un patrimonio paisajístico, un bien común de la ciudad y del país, protegido por el artículo 58 de la Constitución, ley primaria que establece claramente que a toda propiedad privada les es inherente la función ecológica y que el interés general siempre prevalece sobre el particular.
Pero por si esto fuera poco, cabe recordar que para la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 88, El Refugio, en Chapinero, donde se ubica el predio, rige un tratamiento de “consolidación urbanística” que procura una coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el espacio público existente –ni más ni menos que el paisaje de los Cerros Orientales–, así como mantener el equilibrio de sus características urbanas y ambientales.
Más específicamente, en esa misma línea, el artículo 369 del Decreto 190 de 2004 obliga a mantener las características del barrio en cuanto a alturas, y la mayoría de las edificaciones en esa calle son de pocos pisos (edificio El Rosal y cuatro casas aledañas), en armonía con el paisaje público que representan los Cerros Orientales.
Todas estas son razones de peso suficientes para haber negado la licencia de construcción o al menos haber limitado el número de pisos permitidos, y no los exagerados 11 que ella alcahueteó (6 + 4 sótanos + semisótano).
Cabe también recordar a la arquitecta Cadena que, como particulares, los curadores urbanos están obligados a preservar la moralidad de la función pública que el Estado les ha encomendado, y no prestarse a favorecer el interés particular de unos pocos.
Y más allá de la normatividad vigente, es ante todo la ética y la autorregulación la que debe llevar a los curadores urbanos a poner un freno a desarrolladores inescrupulosos que solo buscan el lucro particular y no piensan en el patrimonio paisajístico que la ciudad entera pierde.
Como ya ha hecho la Contraloría distrital en ocasiones anteriores, ojalá ponga también la lupa a este tema y otros entes de control como la Procuraduría también tomen cartas en el asunto y procedan a las sanciones a que haya lugar.
Sobre todo en una época en que es cada vez más necesario el cuidado de los recursos naturales, incluso a la luz de la reciente Ley 2111 de 2021.
Ya basta de que unos cuantos inescrupulosos se sigan apropiando de un patrimonio ambiental y paisajístico común que es de todos los bogotanos e incluso de los habitantes de este planeta.
