Los concursos de méritos desarrollados por la Comisión Nacional del Servicio Civil se realizan con el fin de proveer empleos públicos de carrera administrativa a cualquier ciudadano que desee inscribirse y que una vez superadas todas las etapas de verificación de requisitos mínimos, formación, experiencia, pruebas de conocimientos, entrevistas o pruebas de polígrafo en algunos casos y verificación de antecedentes, obtenga el más alto puntaje para conformar la lista de elegibles para cada cargo ofrecido. De esta forma se pretende asegurar que cada empleo público es ocupado por los funcionarios idóneos y mejor calificados y evitar los conocidos problemas de clientelismo y escogencia a dedo, tan conocidos en nuestro país para ofrecer cargos en las entidades públicas.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió, el pasado 6 de septiembre, un auto que suspendió provisionalmente los concursos de méritos de la totalidad de entidades participantes de la Convocatoria 428 del 2016, por medio de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) pretende proveer definitivamente los empleos vacantes de varias plantas de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.
Por lo anterior, y ante el inicio de actividades en la justicia por la culminación de la vacancia judicial, muchos usuarios de Twitter afectados por la suspensión del concurso iniciaron una ‘tuiteratón’ para solicitar al máximo órgano de la justicia administrativa celeridad en la resolución de la solicitud de prelación que han realizado.
Es importante destacar que hoy en día son 7 convocatorias suspendidas y 14.383 personas afectadas, mientras tanto los cargos públicos continúan siendo repartidos por clientelismo y politiquería.
Hoy se hace un llamado respetuoso al señor presidente, recordando que la seguridad jurídica del Estado Colombiano está en riesgo, por cuanto existen centenares de actos administrativos concretos y particulares, que contienen listas de elegibles en firme, las cuales se traducen en derechos adquiridos a ser nombrados y posesionados en período de prueba en las entidades públicas, donde los términos de ejecución están más que vencidos.
Las entidades nominadoras de las cuales el presidente es jefe supremo están vulnerando derechos fundamentales, como: acceso a la carrera administrativa por meritocracia, igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido proceso y confianza legítima. Para proteger estos derechos se tienen dos alternativas de solución, la primera y más importante por términos de economía y celeridad, es la buena gestión que pueda adelantar la suprema autoridad administrativa del país frente a las entidades, para que procedan con los nombramientos en período de prueba de los ganadores de los concursos, la segunda no muy amena, acudir a las instancias judiciales.
