El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, acaba de afirmar que el objetivo del Gobierno es que el país tenga "las elecciones más transparentes de la historia". Y justifica su afirmación en lo que se pueden llamar 'las novedades en seguridad y tecnología'. Afirma el Gobierno que los colombianos elegirán entre 1.531 candidatos a Cámara de Representantes, 773 aspirantes por el Senado de la República y 23 para el Parlamento Andino. Y para esta jornada se contará con 96.680 mesas de votación y urnas dispuestas en 10.627 puestos para los comicios. Insisten en afirmar que se distribuirán 96.000 kits electorales, que consisten en los formularios para el proceso electoral y se agrega, que cada kit tiene un chip que permitirá vigilar satelitalmente su ubicación para "garantizar mayor seguridad". Sin duda estos y otros esfuerzos tecnológicos que se están desarrollando, son estrategias positivas para mejorar la transparencia en los procesos electorales que se avecinan y se le reconoce al Gobierno este trabajo.
Sin embargo, cada día más crecen las sospechas de que las prácticas perversas que han caracterizado las elecciones en Colombia promovidas por esos barones y baronesas electorales que siguen manipulando las elecciones aunque estén en la cárcel, lejos de eliminarse están creciendo. Las denuncias sobre el crecimiento de la inscripción de cédulas en ciudades como Barranquilla; la aparición en otros departamentos de la Región Caribe de lo que se está llamando la “bacrim política" y su influencia en las próximas elecciones, llevan a plantear que el Gobierno puede estar pensando con el deseo. Se afirma que estos grupos delincuenciales de narcotraficantes están financiando campañas políticas en la Costa y en el occidente del país. Según, plantea el periódico El Siglo, se habla de un segundo episodio de parapolítica. Lo único que no necesita el país.
Claro que una mejor tecnología puede frenar algunos vicios como el traslado de cédulas, entre otros, pero al Gobierno se le están olvidando hechos fundamentales. Si siguen pensando con el deseo y no atacan frentes claros de corrupción que abundan en las elecciones, lejos de tener los comicios más transparentes de nuestra historia, pueden tener uno de los más corruptos.
El primer problema es que en amplios sectores de la población colombiana por política se entiende el ejercicio de la cultura del clientelismo. O sea, se toma como un hecho normal vender el voto o simplemente verlo como una forma legítima de obtener prebendas. Esta forma de entender el voto no ha sido realmente cuestionado ni a nivel nacional y mucho menos a nivel local. A su vez, ¿alguien está vigilando lo que están haciendo los viejos y nuevos barones de la política en las regiones? Hay señales claras de que habrá corrupción pero fuera de medidas tecnológicas, las personas ni electores ni jefes políticos conocidos por sus malas prácticas, han sido objeto ni de campañas educativas ni de investigaciones para frenar su perversa participación en la alteración de resultados electorales. Y a propósito, ¿ya está supervisada totalmente la Registraduría donde a espaldas de sus directivos nacen pequeñas registradurías que definen elecciones?
Como una característica de este Gobierno es su excesivo triunfalismo, la recomendación por su bien, por el del país y el de todos sus ciudadanos, es que en vez de estos anuncios, dirijan sus esfuerzos a combatir este rebrote de clientelismo, de corrupción que se está denunciando permanentemente pero que las autoridades competentes no parecen ni escuchar y menos diseñar estrategias para atacarlos. Por favor, no sigan pensando con el deseo… Es un momento crítico para la democracia colombiana que como nunca se enfrenta no al abstencionismo de siempre sino nada menos que al voto-castigo, el voto en blanco, ante el profundo desprestigio de la clase política del país.
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