El servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe colombiana se convirtió en una pesadilla. Altas tarifas, cortes recurrentes y la amenaza latente de un racionamiento se volvieron problemas cotidianos para los millones de habitantes de esta región.
El desastre en que se ha convertido la energía en el Caribe es muestra de la falacia del dogma neoliberal según el cual el manejo privado es más eficiente que el público.
Hace dos décadas se privatizaron las empresas de energía eléctrica de la región, luego de que estas fueran conducidas a una crisis de corrupción y desidia administrativa. Surgió así el argumento de la ineficiencia y el sistema energético fue privatizado.
Llegó entonces Unión Fenosa (hoy Gas Natural Fenosa), multinacional de origen español con la que empezó la pesadilla de Electricaribe. Un servicio de interés general y con tarifas subsidiadas dio paso así a un negocio redondo.
Las tarifas empezaron a incrementarse. Y a pesar de ello empezaron las anomalías en la prestación de servicio. Los cortes de luz se empezaron a volver recurrentes, y con ellos el daño en los electrodomésticos de miles de familias.
La situación ha generado la afectación de la economía de los sectores populares, que cansados de esta problemática se han expresado en protestas como marchas, tomas de oficinas y bloqueos.
La Superintendencia de Servicios Públicos reportó que el 2016 se marcó récord en las quejas contra Electricaribe. Según cifras preliminares, se han presentado más de 44 mil en el año, acumulando unas 200 mil en los últimos cinco años.
La comunidad ha denunciado que el mantenimiento de las redes de distribución en estos años ha sido nulo, lo que ocasionó el rápido deterioro de ellas. Y estando en plena crisis, la empresa hizo la menor inversión de los últimos nueve años, según un informe del diario “El Heraldo”.
La empresa, por su parte, ha respondido que no cuenta con los recursos para el mejoramiento del servicio, y el gobierno nacional la ha socorrido con la inyección de recursos del erario público.
Pero a pesar de las transferencias hechas desde las arcas públicas para la normalización del servicio, el suministro eléctrico en la región sigue en crisis, por lo que se ha vuelto latente un apagón.
La práctica neoliberal queda así en evidencia: cuando las empresas estatales estuvieron en crisis, se feriaron al sector privado. Pero cuando es una multinacional privada la del problema, el gobierno recurre al dinero de los contribuyentes para socorrerla.
Las comunidades del Caribe no pueden seguir padeciendo esta situación. Se requiere una intervención urgente de los organismos de control, del gobierno nacional y de las administraciones regionales y locales.
Además, es hora de que la prestación del servicio de energía vuelva a ser manejado como un asunto estratégico y de interés público, y no como un negocio privado.
Empresas públicas como la ETB, la EEB y la EPM generan millonarios dividendos cada año. Al ser controladas por el Estado, las utilidades quedan como recursos públicos.
Pero Electricaribe no sólo no deja dividendos sino que está generando una grave problemática social en siete departamentos del país. Es posible una Electricaribe pública, manejada con eficiencia y transparencia, y que esté al servicio de la gente.
