El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el pasado 30 de junio que la condonación parcial de la deuda universitaria planeada por la administración Biden es ilegítima argumentando que el gobierno se estaba extralimitando en sus poderes.
El plan de condonar 430.000 millones de dólares de deuda en un país donde la educación universitaria no es gratuita, se encontró estancado desde hace ya algunos meses después de que tribunales inferiores interpusieran recursos para bloquear la medida. El presidente comenzó esta propuesta desde el 2022, como medida para salir a una crisis del sistema crediticio universitario y también en busca del voto joven para las próximas elecciones.
La ley del 2003 (llamada HEROES y creada a partir del 9-11) en la que se basó Biden para esta decisión faculta al gobierno para tomar estas medidas como solución a un estado de emergencia nacional. El fallo al que se expone ahora, supone un nuevo limite judicial para que el gobierno implemente sus políticas y el argumento de peso es que la orden ejecutiva era la más costosa de la historia del país (la deuda total equivale 1.6 billones de dólares comparable con el PIB de Brasil).
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La decisión de anular el plan de condonación de préstamos estudiantiles es un fuerte golpe no solo político para el presidente y para la credibilidad del Departamento de Educación, sino que afecta entre 40 y 45 millones de estudiantes en todo el país, la mayoría de ellos pertenecientes a familias de rentas bajas que, a su vez, son en su mayoría hispanos o afroamericanos. Además, es una decisión que llega a portas de terminarse la moratoria que se dio a partir de la situación económica de los estudiantes y sus familias desde 2020 con el Covid 19, lo que implica que dentro de 2 meses los estudiantes deberán seguir con los pagos normales de su deuda.
Esta problemática ha recibido fuertes críticas al gobierno, no solo por tildar a Biden de irresponsable con las finanzas y buscando medidas populistas para el voto joven, sino que también ha develado la crisis generalizada del sector educativo en el país. Estados Unidos es uno de los países donde más altos son los costos para poder obtener un título universitario dentro de los países desarrollados. Tanto en la educación privada como pública, se han triplicado estos costos y las famosas Becas Bell que antes cubrían el 80% de las matrículas, ahora solo cubren un 30%.
Teniendo en cuenta que las familias con menores ingresos resultan tener una interseccionalidad negativa por su origen étnico o por ser migrantes o hijos de migrantes, esta situación también ejemplifica la enorme desigualdad que existente y el poco acceso a derechos de esta población.
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Un estudio de la Universidad de Massachusetts del 2019 titulado “How Student Debt is Disrupting Life Chances and Widening the Racial Wealth Gap” (Cómo la deuda estudiantil está interrumpiendo las oportunidades de vida y amplia la brecha de riqueza racial), señala que más de la cuarta parte de los préstamos estudiantiles a 20 años se incumplieron, la tercera parte de los latinos incumplieron y la mitad de los afros incumplieron. Así mismo, concluye que un estudiante afroamericano que solicita un préstamo tiene muchas mas probabilidades de presentar inseguridad financiera a lo largo de su vida que un estudiante blanco.
Lo anterior, debido no solo a que los préstamos estudiantiles están basados en un sistema crediticio que reproduce la brecha racial, sino también porque los negros enfrentan una continua discriminación en el mercado laboral y esto no les permite avanzar con la misma rapidez en la escala social.
Sumado a esta problemática histórica y evidente, el Tribunal Supremo además da el más grande golpe a la discriminación positiva en términos raciales para el acceso a la educación. Recordemos que la “discriminación positiva” o las “acciones afirmativas” se refieren a políticas diferenciadas para poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos y las acciones pretenden compensar esas condiciones que las discriminan.
En este caso, con 6 votos a favor y 3 en contra, la derecha conservadora ha acabado por medio de una sentencia con la manera en que la raza era considerada como un diferencial para la admisión educativa. El argumento se trata de voltear la torta diciendo que el hecho mismo de la discriminación positiva por raza es inconsecuente con la cláusula de igualdad de la Constitución, que carece de objetivos mesurables y fomenta más los estereotipos raciales.
Olvidan los jueces del Supremo que las acciones y avances que ha ido alcanzando la población afroamericana y después la latina, fueron el resultado de muchas luchas por los derechos cívicos que comenzaron en los años 60s en el país.
Olvidan que el color de la piel fue por años una condena para los afros traídos en el viaje comercial transatlántico y continuó hasta que los líderes y lideresas afroamericanos empezaron a exigir un trato igualitario en un país que se jactaba de defender los derechos y la democracia. Olvidan los jueces que las acciones afirmativas fueron unas medidas mínimas para resarcir de cierto modo una sociedad terriblemente desigual, una sociedad que, a pesar de haber eliminado la segregación racial educativa en 1954, para inicios de los 60s los negros y blancos seguían sin reconocerse como iguales y la discriminación en las aulas, en los buses y en los espacios públicos era una norma social.
Hoy, 69 años después de la sentencia del Tribunal Supreno a partir del caso de Linda Brown contra el Consejo de Educación de Topeke (Kansas), que dio paso a la conquista de nuevos derechos civiles (1964) y al derecho al voto negro (1965), vemos como el uno de los países más influyentes del mundo, donde muchos anhelaban cumplir el “sueño americano”, que ya fue liderado por un presidente afrodescendiente y que abandera la democracia y la libertad, retrocede décadas de logros para la justicia social nacional y mundial.
Un próximo escrito, visibilizará la situación de la discriminación positiva en la educación para Colombia y que retos aún tenemos en nuestro país en esta materia.
