La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional cumple siete años de vigencia. Durante este tiempo se han logrado avances frente al acceso a información pública, pero persisten retos frente a su implementación. Esta normativa nace de la necesidad de mejorar las condiciones para conocer el desarrollo de la gestión pública, hacer control y veeduría al uso de recursos, y acceder a información necesaria para ejercer otros derechos como la salud y la educación.
Dentro de los avances que se han evidenciado se encuentra mayor apropiación por parte de las entidades públicas, aumento de la información en sitios web, ciudadanías más interesadas por conocer de los asuntos públicos, entre otros que hacen parte del estudio final.
Algunas dificultades encontradas:
1. Persisten dificultades en el acceso a información pública asociada a temas de seguridad y defensa, procedimientos de inteligencia, industria extractiva, sistema tributario, derechos humanos, expedientes judiciales, presupuestos y migración. La información divulgada proactivamente en estos ámbitos resulta limitada y se suele acudir a la figura de reserva para no entregar información.
2. El acceso a información pública mediante solicitudes a las instituciones sigue enfrentado dificultades: se identifica que no se recibe respuesta en los tiempos establecidos por ley o se dan respuestas incompletas e inexactas que no atienden al objeto de las solicitudes.
3. Falta claridad en la información asociada al manejo de la pandemia del COVID-19. Se ha evidenciado una baja calidad de la información contractual para el manejo de la pandemia del COVID-19, desactualización de la misma, datos imprecisos, o formatos que impiden su reutilización. Recomendaciones para evitar riesgos de corrupción en la contratación pública y facilitar ejercicios ciudadanos.
4. Cuando la información es negada, la ciudadanía puede utilizar el recurso de reposición (artículo 27 de la Ley 1712) o seguir el trámite ante el juzgado o tribunal, sin embargo, estos mecanismos no son de amplio conocimiento, lo cual representa una desventaja ante el derecho legítimo de la obtención de información pública.
5. La brecha digital en varias zonas del país impide el acceso a la información para muchas comunidades, aún más teniendo en cuenta que gran parte de la información publicada por el Estado se hace mediante sitios y portales web.
6. No se cuenta con una reglamentación para la publicación de información por parte de sujetos obligados no tradicionales de la Ley, tales como Cámaras de Comercio, Notarías, EPS y otras entidades que cumplen función pública o que manejan recursos públicos.
7. No se cuenta con un régimen de sanciones lo suficientemente amplio ante el incumplimiento de lo establecido en la Ley 1712, especialmente para sujetos que no pueden ser investigados por la Procuraduría General de la Nación.
Retos pendientes:
a) Fortalecer de las capacidades de la Procuraduría General de la Nación como órgano garante, y de las entidades líderes, (Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
b) Fortalecer las capacidades y procedimientos internos de las entidades públicas para cumplir con la ley y brindar información de mayor calidad.
c) Brindar elementos de guía y apropiación de la ley a sujetos obligados no tradicionales como: Bancos, EPS, Notarías, Cámaras de Comercio y Partidos Políticos.
d) Ampliar la información pública asociada a necesidades de distintos grupos sociales y territorios del país (transparencia focalizada), que además facilite el control de la ciudadanía a la gestión pública.
e) Establecer sanciones ante el incumplimiento de la ley.
Teniendo en cuenta lo anterior, Transparencia por Colombia hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación, al Gobierno Nacional, a las entidades líderes de política pública, a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar de manera articulada en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, su implementación y puesta en marcha.
