A finales de noviembre del año pasado y en varias oportunidades durante este año los indígenas del resguardo Kogi-Malayo-Arhuaco y las comunidades campesinas residentes en las inmediaciones del Río Don Diego en la Sierra Nevada de Santa Marta, se movilizaron en la Troncal del Caribe para protestar contra el proyecto de construcción de una hidroeléctrica en esa zona situada a 60 kilómetros de Santa Marta. Es muy preocupante que el gobierno nacional haya tratado de restarle importancia al hecho de que sí se adelantaron gestiones conducentes a preparar las condiciones para otorgar licencia ambiental a este proyecto, que atenta contra uno de los sistemas biodiversos más importantes del mundo, un gran complejo biogeográfico que abarca cerca de 17.000 kilómetros cuadrados, que posee todos los pisos térmicos y los picos nevados más altos del mundo al borde de un litoral marítimo, alberga un número considerable de cuencas hidrográficas (36), de las cuales se abastecen los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira y es el hogar de un sinnúmero de especies animales y vegetales, varias de ellas en vía de extinción. La Sierra Nevada de Santa Marta es también el hogar de cuatro grupos indígenas que la habitan y protegen y defienden allí sus ancestrales tradiciones, los kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos; existen igualmente en sus territorios varias comunidades de colonos que cultivan los fértiles suelos de la parte baja de la Sierra y contribuyen al abastecimiento de alimentos de los pobladores de Santa Marta y pueblos aledaños.
El tema del aprovechamiento del potencial hídrico de la Sierra Nevada de Santa Marta va más allá de un debate en torno a la conveniencia o inconveniencia de un proyecto hidroeléctrico y de sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, el paisaje, la fauna, la flora, las comunidades residentes etc. Para decir una verdad de Perogrullo, el almendrón de este asunto es el agua. Y no es cosa de poca monta. Lo que está en juego aquí es el inicio (¿o la continuación?) de un proceso de aprovechamiento de las poderosas reservas de agua que guarda este enorme complejo montañoso. ¿Quién nos asegura que tras el cuestionado proyecto hidroeléctrico no están diversos buitres transnacionales? Sí, aquellos que comercian con el agua con el criterio impuesto por la OMC y los organismos que trazan línea mundial sobre la globalización y su principal motor, el libre comercio, de que el agua es uno más de sus “commodities”, o sea, materias primas consideradas como bienes transables en el mercado de valores. Es muy posible que tales buitres hayan cubicado ya, con sofisticados sistemas satelitales, las reservas acuíferas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y se apresten a iniciar el proceso de despojo de este, nuestro preciado recurso.
No puede ser mera coincidencia que el área donde se propone el proyecto hidroeléctrico del río Don Diego esté ubicada a pocos kilómetros de la línea costera que da acceso a un mar de aguas profundas donde pueden recalar enormes embarcaciones portadoras de grandes contenedores para albergar las aguas de la Sierra y transportarla a los países industrializados que ya han comenzado a agotar sus recursos hídricos con la enorme demanda que supone su cada vez más acelerado proceso industrial: “La Industria consume entre el 20 y 25 por ciento de los suministros de agua dulce del mundo y su demanda está aumentando dramáticamente. Muchas de las industrias de más rápido crecimiento son intensivas en el uso del agua. Por ejemplo, en sólo Estados Unidos, la industria de los computadores pronto usará más de 396.000 millones de galones de agua cada año”, aseguraban Maude Barlow y Tony Clarke, autores de “Blue Gold: The Corporate Theft of the World’s Water” (Oro Azul: El robo corporativo de agua del mundo) trabajo presentado en la Conferencia del Agua para la Vida realizada en Nueva York en septiembre de 2003.
Las afirmaciones y predicciones de estos investigadores, formuladas hace catorce años están tomando cuerpo hoy en forma realmente aterradora. Las condiciones de uso del agua detectadas entonces, son hoy mucho más preocupantes. Barlow y Clarke dijeron además en 2003: “Sin embargo, es el riego, que es el mayor consumo de agua real, el que se lleva del 65 a 70 por ciento de toda el agua utilizada por los seres humanos. Crecientes cantidades de agua de riego se utilizan para la agricultura industrial. (…) Junto con el crecimiento de la población y el aumento per cápita del consumo de agua, la contaminación masiva de sistemas de agua superficial de todo el mundo ha puesto una gran presión sobre las restantes fuentes de agua limpia y fresca. La deforestación global, la destrucción de humedales, el vertido de pesticidas y fertilizantes en las vías navegables y el calentamiento global, están todos cobrando un peaje terrible en los frágiles sistemas de agua de la tierra. El mundo se está quedando sin agua dulce. Para el año 2025, habrá 2,600 millones más de habitantes en la Tierra. Unos dos tercios de esas personas vivirán en condiciones de escasez de agua, y la tercera parte restante vivirán con escasez de agua absoluta. La demanda de agua superará la disponibilidad en un 56 por ciento”. (http://www.yesmagazine.org/issues/whose-water/the-battle-for-water
En Colombia, aunque el riego para las grandes plantaciones agroindustriales también tiene enormes repercusiones en el desabastecimiento de agua potable, es la minería uno de los mayores consumidores del recurso hídrico: para citar solo un ejemplo, según datos del PNUD, el consumo de agua por persona al día en La Guajira es de 0,7 litros, mientras que, de acuerdo con la comunidad, la mina El Cerrejón asegura necesitar diariamente 17 millones de litros extraídos del Río Ranchería para disminuir el polvo en las vías de transporte. El Río Ranchería nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y se extiende a lo largo de 223 kilómetros, atravesando y suministrando agua a nueve municipios de La Guajira, pero el mayor consumidor de esa agua ha sido la multinacional del carbón El Cerrejón, cuya actividad extractiva ha secado 17 fuentes hídricas en La Guajira, disminuyendo dramáticamente no sólo el suministro de agua para consumo humano sino también el área que antes de la explotación minera se dedicaba a la producción de bienes agrícolas y pecuarios, con lo cual se convierte en una de las causas principales de la grave situación de desnutrición que ha cobrado las vidas de muchos guajiros, principalmente niños, en los últimos años.
En un juicioso estudio sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, su importancia estratégica y los peligros que la acechan, el profesor Felipe Rodríguez, presidente del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, señala que este colosal macizo montañoso está en la mira de las grandes corporaciones que han logrado incluir en los Tratados de Libre Comercio las condiciones que requieren para la comercialización, privatización y mercantilización de un conjunto de condiciones ecológicas naturales, como son la biodiversidad, los bosques, desiertos, selvas, océanos y los conocimientos ancestrales de los indígenas, que con el desarrollo de la biotecnología vienen cobrando gran importancia económica —antes no eran objeto de lucro pero en la actualidad sirven al propósito de reproducción de capital—. Todo ello dentro de una estrategia mundial de proyectos de desarrollo sustentables denominados en los TLC Servicios Ambientales, que son los soportes en la constitución del mercado mundial de recursos naturales, los cuales desde hace tiempo adquirieron el carácter de mercancías. Por ejemplo, el agua superficial, el agua subterránea, las partes altas de las cuencas hidrográficas, cuyo manejo era exclusivo de los Estados, ahora va a quedar en manos de las multinacionales, para el desarrollo de la “producción”, comercio y consumo mundiales de este recurso.
Los TLC consideran el recurso hídrico de tres maneras: 1) como un “bien económico” comercializable, 2) como un “servicio” incluido en los acuerdos y 3) como un área de “inversión” del sector privado. Abriéndose de esta manera el sendero para la compra-venta y la exportación del líquido y para la privatización de este recurso natural estratégico y vital. Tomar los servicios de agua municipal y de alcantarillado directamente, mediante la compra de las empresas existentes o con contratos de largo plazo. Controlar directamente las fuentes de agua, mediante compra o concesiones, captándolas para agua embotellada, exportaciones de agua en bloque o para irrigación agrícola. Realizar contratos de gestión comercial u operativa de corto plazo, a través de los cuales se captan tarifas y se paga a las localidades un arriendo o se recibe un porcentaje de desempeño.
La estrategia de servicios ambientales en el fondo apunta a la privatización del agua y la biodiversidad, con el fin de convertirlas en fuentes de ganancias del capital financiero internacional; los sectores sociales que sufren el mayor impacto de esta estrategia son las comunidades rurales indígenas y campesinas, pero también se afecta el grueso de la población, que recibe de estas fuentes el suministro de agua para vivir.
Muchos analistas coinciden en señalar que una de las confrontaciones que le esperan al mundo —si no se precipita una guerra nuclear con las provocaciones y agresiones del presidente Trump a diversos países—, es la llamada “guerra del agua”. Yo creo que esta última ya comenzó. Recordemos el emblemático caso boliviano, en el año 2000, cuando los pobladores de Cochabamba se levantaron contra el gobierno de Hugo Bánzer Suárez y, tras violentas arremetidas represivas, derrotaron con valientes movilizaciones masivas, la imposición del control del agua por la multinacional Bechtel, que les había subido las tarifas de suministro del preciado líquido a sumas exorbitantes, imposibles de pagar. Con esta “guerra del agua” inauguró el pueblo boliviano el siglo XXI.
No sería de extrañar que los nuevos filibusteros mundiales estén preparando sus naves corsarias para entrar a saco en los ricos acuíferos de importantes complejos biogeográficos como la Sierra Nevada de Santa Marta. El proceso de control del agua por las grandes transnacionales comenzó hace ya varios años en el mundo; en Colombia se inició en 1994 con la incursión de Aguas de Barcelona (grupo AGBAR controlado por la gigante multinacional Suez, con sede en Francia) en Cartagena, y en pocos años se extendió a Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Marta, Galapa y otras cuantas poblaciones de nuestro país. Son los mismos que hoy están siendo procesados por corrupción en España. Esa ha sido la fase del manejo de nuestras aguas por operadores extranjeros, en la feria de privatizaciones inaugurada en 1990 con el comienzo de la era neoliberal en Colombia. La fase siguiente será el despojo de nuestras aguas para llevarlas a los países industrializados.
Para enfrentar esta nueva fase en la actual versión de la guerra por el agua, no basta con la movilización de las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es todo el pueblo samario, es la Región Caribe, y en últimas el pueblo colombiano, el que debe movilizarse, preparándose para una larga batalla de resistencia contra los piratas que vendrán por nuestros recursos hídricos, no simplemente para administrarlos aquí y obtener pingües ganancias, sino para llevárselos de nuestro suelo y condenarnos al suplicio de morir de sed junto a las fuentes de agua. Es una batalla que forma parte de la confrontación al modelo neoliberal imperante, a la locomotora minero-energética, a la entrega de nuestros recursos naturales y humanos al capital extranjero, y de la consecuente oposición a los gobiernos que, como el actual, persisten en esta política con las consecuencias desastrosas que aquí registramos.
Por ello es esperanzador que se haya iniciado en Santa Marta un proceso organizativo para defender la Sierra Nevada en toda su integridad: sus recursos hídricos, su biodiversidad, sus habitantes ancestrales, sus colonos, su cultura. El Comité por la Defensa de la Eco-Región del Magdalena que se creó en la primera semana de mayo, además de constituirse como un movimiento amplio en el que tienen cabida todos aquellos a quienes les duela la depredación y arrasamiento de la Sierra Nevada en este departamento, está en disposición de coordinarse con movimientos similares que existen o están en proceso de creación en los departamentos hermanos del Cesar y La Guajira, donde se encuentran los demás afectados directos de este proceso.
Coletilla: la escasez de agua potable que sufren los hogares samarios, especialmente aguda en tiempos de prolongado verano, y la incapacidad para dar una solución definitiva a este grave problema, que históricamente ha caracterizado a todos los gobernantes locales, merece un análisis exclusivo, y será materia de otro artículo que me propongo publicar.
