El título de esta columna alude a las consecuencias de nuestros actos, que en muchas ocasiones se revierten a sí mismos. Es decir que quienes se dedican a hacer cosas malas, tarde o temprano serán víctimas de las consecuencias de lo que hicieron, y muchas veces, con mucho mayor ímpetu.
El gobierno de Juan Manuel Santos, con una ingenuidad rayana en la demencia, dejó florecer de nuevo el narcotráfico en Colombia y hoy estamos sufriendo (y durante muchos años más vamos a seguir sufriendo) las consecuencias de los desaciertos y premuras de este gobierno para firmar una paz a topas y tolondras. Mientras el actual mandatario parte al exterior el próximo 8 de agosto a dar conferencias sobre su discutible logro en acabar 50 años de conflicto, al resto de los colombianos nos toca quedarnos en el país y ver cómo nuestros escasos recursos presupuestales se dedican -en vez de adelantar programas sociales- a enfrentar al narcotráfico y a dejar de ser el mayor productor de cocaína del mundo. Una de las más nefastas consecuencias de la resurgencia del narcotráfico son los asesinatos indiscriminados de una serie de ‘líderes’ sociales. El mapa que señala en dónde se llevaron a cabo dichos asesinatos coincide casi de manera exacta con las zonas en que se está cultivando de nuevo coca y otros cultivos ilícitos. Dicha situación la reconoce de manera explícita la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUHD) quien afirma “que la presencia de grupos armados como el ELN y organizaciones criminales en las antiguas zonas de influencia de las Farc, buscando controlar las economías ilegales, ha tenido un impacto negativo en los derechos de los habitantes.”
Una de las más nefastas consecuencias
de la resurgencia del narcotráfico es el asesinatos indiscriminado
de una serie de ‘líderes’ sociales
Sobre la racha de asesinatos de los denominados ‘líderes sociales’, el columnista Saúl Hernadez, en reciente columna “Traición a la Patria” publicada en el diario, (julio 16/18) señala: “Sobre esto hay que empezar por ser precisos con esta expresión porque, si bien todo asesinato debe ser repudiado y castigado, no se puede convertir a bandidos en líderes sociales ni darle esa denominación a cualquiera. No se es un líder social solo por pertenecer a una asociación campesina o pertenecer a un sindicato, mucho menos por ser un terrorista amnistiado. Al margen del uso indiscriminado que se le da al término para así engrosar el número de víctimas a 311 ‘líderes’ asesinados desde el 2016, resalta el uso político que se le quiere dar al tema, pues a pesar de que la mayoría de estos asesinatos han sido cometidos por el ELN, las Farc (con el mote de ‘disidencias’) y bandas criminales como el Clan del Golfo, básicamente en aras del control de negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal, viene Gustavo Petro a hacer un aprovechamiento vulgar de estas muertes metiendo el cuento de que se trata de un genocidio de líderes de la ‘Colombia Humana’, su facción, perpetrado por el ‘paramilitarismo fascista de la oligarquía del nuevo gobierno’.”
La meta del gobierno era erradicar 100 000 hectáreas de coca el año pasado: 50 000 de manera forzosa y 50 000 mediante sustitución de cultivos. La Casa de Nariño afirmó: “Si bien en erradicación se cumplió la meta, la sustitución de cultivos avanzó de forma lenta, en parte por la persistencia de bandas criminales en los territorios con sembrados de coca, pero también por algunos incentivos surgidos durante las conversaciones de paz con las Farc”. Lo de que las metas de erradicación se hubieran cumplido, me temo que no se ajusta a la realidad. La misma ONU afirma que sustitución voluntaria solo se llevó a cabo en 23 770 hectáreas. Lo que es de resaltar es que al gobierno de Santos no le ha quedado alternativa distinta que aceptar que fue él mismo el que creo los incentivos perversos para que los cultivos de coca se hubieran disparado de un poco más de 40 000 hectáreas a 209 000 hectáreas. ¡Siembra vientos y cosecharás tempestades!
