La prohibición de porte y tenencia de armas en personas particulares es lo más adecuado en la prevención de los peligros que genera el uso desproporcionado e ilimitado de estas, que no solo sirven para intimidar sino también para matar, algo que no es nada bueno en la convivencia social y comunitaria.
No soy partidario de usar armas sin motivo ni justificación, pero es importante conocer las condiciones de peligro latente y la desprotección en la que nos encontramos frente a la necesidad de defendernos legítimamente de las agresiones extrañas que nos acechan y sorprenden desprevenidamente, de manera criminal, acentuando la zozobra, el miedo y el terror.
No comulgo con quienes se aferran a mantener la prohibición sin excepción del uso y porte de armas de fuego, en concordancia con el decreto expedido por el presidente Iván Duque, en el que prorroga la prohibición hasta el 31 de diciembre del 2019, con prerrogativa especial por causa de seguridad. La situación de inseguridad que vivimos en Colombia es terrible con la delincuencia, organizada y común, que ejerce posesión y dominio territorial en las urbes y los campos rurales.
Los delincuentes están fuertemente armados y no tienen temor a las autoridades policivas. De hecho, en muchos casos gozan de complacencias y apoyos disimulados. Con eso en mente, si tenemos prohibición de armas, ¿por qué hay tantos crímenes diarios y atentados con armas de fuego? No considero lógico que la prohibición del porte de armas se aplique de modo ambiguo. Sería mejor desarmar a toda la delincuencia, aun cuando no sea fácil, por el alto riesgo que se corre con la persecución y el desarme por las malas.
El control de armas es inoperante y nulo, en medio del tráfico y de la corrupción, partiendo de la comercialización, que más de las veces es aprovechada por bandas y carteles para adquirirlas, sobornando y estimulando a miembros las autoridades con comisiones económicas a través de intermediaciones onerosas.
La Policía Nacional está cargada, atiborrada, encartada y obstruida con múltiples de funciones. En consecuencia, su atención a los servicios es tardía e ineficiente, justificada en carencia de personal e instrumentos de trabajo. Lo otro, es la participación de algunos agentes aliados con la delincuencia en las operaciones y ejecuciones de acciones delictivas, como notoriamente denuncian en los medios de comunicación de manera pública. Se ha perdido la confianza popular en la Policía Nacional, que está desacreditada y demeritada por algunos de sus miembros, que desgraciadamente la ensucian con sus actuaciones indebidas y delictivas, de coautoría, complicidad, encubrimiento y tráfico ilegal.
Si la Policía hubiese controlado y sometido, conjuntamente con el Ejército Nacional, a las bandas y delincuencia común, garantizando la seguridad en los espacios y vías públicas, urbanas y rurales, sobraría la expedición de salvoconducto para uso, porte y tenencia de armas. Sin embargo, no es así, existe la necesidad de prevenirse y defenderse, en la vida e integridad personal, de atracos, extorsiones, robos, secuestros y de cualquier otra agresión similar, para no dejarse joder, reaccionando en igualdad de condiciones y equilibrio de fuerza.
Antes que rechazar tajantemente las excepciones del porte de armas, protestamos por la inseguridad que tenemos, a ver si las autoridades armadas del gobierno nacional desmantelan y erradican la delincuencia armada. Si la logran de manera total, no hay para que solicitar permiso especial.
Los peligros que genera el mal uso de las armas son indiscutibles, pero no se pueden limitar las prohibiciones en beneficio de algunos y en perjuicio de otros, porque originan desequilibrio y sometimiento. Los seres humanos merecemos la protección y respeto de los mandatarios, pero si estos no son capaces de garantizarla de manera indiscriminada, por diferentes conceptos, excusas e indiferencias, no veo por qué reprochar el uso de armas de fuego para defenderse, dejando claro mi neutralidad frente a la tendencia ideológica de izquierda o derecha que amparan sus ideologías y abusos de mandatos, poderes y gobierno con las armas.
He conocido circunstancias de personas que en el ejercicio de la defensa han matado delincuentes y han sido procesados por homicidio sin atenuantes, por el porte ilegal de armas, como si para defenderse de aterradoras agresiones delincuenciales imprevistas se requiriera tener legalidad de los medios que se utilizan para defenderse. Entonces, ¿quién podrá defendernos? El Chapulín se murió.
