Colombia, especialmente sus dirigentes públicos y privados, siempre ha mirado a Chile como el país cuyo modelo económico y social debe seguir. En algo tienen razón, dado que este país austral se considera el más destacado, especialmente en logros económicos, de modernización de su sociedad y de su capacidad de insertarse en el mundo global. Esta visión explica la Ley 100 colombiana, por ejemplo, sobre todo en aquella parte referida al sistema pensional. Los Fondos de Pensiones fueron directamente importados del sistema chileno y su gran promotor, José Piñera, vino en la década de los 90 a darnos cátedra sobre las bondades de este sistema pensional. En su momento se le hizo mucho caso, aunque no todo el que quienes manejaban a Colombia hubieran querido, que consistía en matar, de un golpe, al Seguro Social y a su sistema de reparto.
Pero lo que resulta interesante, es que así como Colombia sigue las iniciativas chilenas, cuando este país las reversa o toma medidas que se salen del decálogo ortodoxo, las autoridades colombianas y sus ejecutivos del sector privado, las ignoran y siguen apegados a las viejas recetas, dejando por fuera las preguntas obvias de por qué el cambio de dirección en su país modelo, Chile. El ejemplo más claro es precisamente el gran viraje que este país le ha dado a su sistema de pensiones, y aún al sistema de salud, caso en el cual sus autoridades encontraron insatisfactorias las fórmulas iniciales que copiamos en nuestro país con gran diligencia.
De nuevo la presidenta Michelle Bachelet hace exactamente lo que, ni el Gobierno colombiano y menos aún los empresarios —que tiene más poder del que deberían—, están dispuestos a realizar. En estos momentos cuando es innegable la falta de recursos fiscales, porque las demandas crecerán inevitablemente, los empresarios colombianos y sus respectivos gremios, están poniendo el grito en el cielo por el aumento impostergable de impuestos en el país. Por eso resulta absolutamente oportuno mirar lo que está haciendo la presidenta Bachelet precisamente en este campo.
Ella acaba de promulgar una profunda reforma tributaria “(…) mediante la cual pretende recaudar 8.300 millones de dólares anuales para financiar una reforma educativa y gastos sociales". Según la presidenta, de esta forma se asegurará el financiamiento permanente para aquellas transformaciones "comprometidas en educación, salud y protección social". Afirmó Bachelet, según El Espectador: "Me comprometí que el acento de este gobierno estaría en disminuir las injustas brechas que separan a nuestros compatriotas y que dificultan nuestro crecimiento (...) Esta reforma tributaria se inscribe dentro de este esfuerzo".
Lo más interesante es que dicha reforma significa un incremento gradual de impuestos a las grandes empresas, de un 20 % a un 27 %, y medidas para disminuir evasión, incentivos para el ahorro y la inversión. Como se reconoce, estas decisiones se dan cuando la economía chilena está pasando un mal momento, y sin embargo, el compromiso con la equidad superó los miedos de los economistas y de los empresarios. Lección para el gobierno colombiano, y sobre todo, para los industriales que amenazan con que el mundo se les vendrá encima por los nuevos impuestos.
Sí se pueden cerrar brechas, pero no al estilo colombiano que busca los mismos propósitos que los chilenos pero sin tocar los intereses de aquellos privilegiados que no contribuyen como deberían, para hacer de este país una sociedad menos excluyente. Y como los gremios de los poderosos mandan, el gobierno acabará por resignarse. ¿Hasta cuándo Colombia soportará el egoísmo y la falta de visión de largo plazo de su clase dirigente?
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