El año pasado estuve colaborando en Kenia con Mary* y la organización que ha creado para ayudar a mujeres víctimas de agresiones sexuales a denunciar sus experiencias de mala práctica policial. Durante la crisis de violencia postelectoral registrada en Kenia entre 2007 y 2008, a la propia Mary no le hicieron caso en una comisaría cuando trató de denunciar que la habían violado. El agente de servicio le dijo que la violación no era un delito grave. Nueve meses después dio a luz.
Según un estudio del ICTJ, muchas mujeres sufrieron experiencias similares con la policía keniana durante el periodo de violencia postelectoral. Algunas fueron violadas por los agentes y ninguno de esos casos fueron investigados ni juzgados, ni siquiera cuando las mujeres eran capaces de identificar al agresor.
“Hay demasiados ejemplos de ausencia de respuesta policial y de falta de protección de nuestros derechos, lo cual nos ha dejado en situación de vulnerabilidad e inseguridad”, afirma Mary. “Les han enseñado a usar la fuerza y la brutalidad para imponer la ley o la paz. Es más, utilizan la violación como arma intimidatoria”.
Esperamos que la Comisión sobre el Servicio de la Policía Nacional, dentro de un proceso de depuración global, basado parcialmente en reclamaciones de mujeres víctimas que pueden identificar a policías que abusan de su poder o a mandos negligentes, consiga “retirar esas manzanas podridas”.
En teoría, la depuración de la policía debería reducir el riesgo de nuevos abusos policiales, incluidos los que sufren mujeres víctimas de actos de violencia, y contribuir a la recuperación de la confianza pública. Sin embargo, hasta el momento, aunque hay gran cantidad de pruebas y numerosos informes, no se ha destituido ni a un solo policía keniano por mala praxis con las mujeres.
En épocas de conflicto o represivas, la policía y otros cuerpos de seguridad suelen participar en violaciones masivas de los derechos humanos. Para conseguir que esas violaciones de derechos no vuelvan a repetirse es esencial, aunque difícil, reformar esos cuerpos. De no ser así, las víctimas y la comunidad continuarán temiendo a las fuerzas del orden y vivirán en un estado de inseguridad permanente.
Esta situación es especialmente grave para las mujeres. Si no se garantiza su derecho fundamental a la seguridad -a no sufrir delitos ni actos de violencia y, si los sufren, a disponer de la protección y la reparación legales pertinentes-, las mujeres seguirán sin poder acceder a las demás formas de empoderamiento.
Así lo demuestran las estadísticas actuales, que subrayan la existencia de diferencias sustanciales entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a la sanidad, la educación y las oportunidades económicas y políticas, lo cual se conoce con el nombre de “brecha de género”. Las mujeres solo tendrán los mismos derechos que los hombres cuando se cierre esa brecha.
Según los cálculos de la ONU, aunque la “brecha de género” se está reduciendo a escala global, a las mujeres todavía les quedan 100 años para alcanzar la paridad total. No es sorprendente que la brecha sea mayor en los países que sufren conflictos, donde las mujeres son especialmente vulnerables a distintas formas de violencia y violaciones de derechos.
Pero, ¿por qué se mantiene esa brecha donde el conflicto ha pasado y donde los gobiernos han aplicado políticas, como las reparaciones, destinadas a mejorar la salud, la educación y las perspectivas de empleo femeninas? Una de las principales razones de esta situación, a la que no se suele prestar atención, es la falta de seguridad.
Las mujeres con las que colaboro en Colombia, Uganda y Kenia me dicen que, aunque el Gobierno ofrezca servicios sanitarios, acceso a la educación y formación profesional, no pueden aprovecharse plenamente de esos servicios porque viven con el miedo a sufrir agresiones violentas y vulneraciones de sus derechos, y ni la policía ni otros cuerpos de seguridad las protegen.
En Colombia, donde está en marcha un proceso para poner fin a 50 años de conflicto armado, las mujeres se enfrentan a una situación similar de inseguridad y desatención policial. Durante el conflicto, más de tres millones de mujeres han tenido que abandonar sus hogares y más de la mitad de ellas denuncia que la falta de seguridad obstaculiza su acceso a la sanidad y a un trabajo estable, lo cual socava incluso las mejores iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno para conseguir que las mujeres estén políticamente representadas y participen en el diseño de los programas de reparación para las víctimas de la guerra. Según un informe reciente del ICTJ, en algunas regiones se las estaba intimidando y amenazando para que se mantuvieran al margen del programa de reparaciones.
La histórica y constante desatención que han sufrido en Colombia las mujeres víctimas de actos de violencia a manos de la policía y el sistema judicial es algo bien documentado y culturalmente arraigado. Si la respuesta policial a los problemas de las mujeres no mejora de manera global, diversas formas de violencia -desde la doméstica hasta el acoso y las agresiones sexuales, pasando por las amenazas y la intimidación en caso de actividad política- seguirán obstaculizando su participación en la sociedad. Esto sería especialmente perjudicial ahora que Colombia inicia un histórico proceso en el que, para lograr una paz sostenible, es esencial una verdadera participación de las mujeres.
Esos ejemplos ponen de relieve la necesidad de reformar los cuerpos de seguridad cuando las sociedades que reciben un legado de abusos desean superar la tendencia histórica a desatender a las víctimas cuando son mujeres o a no darles prioridad. Mary identifica el problema fundamental: “Si las mujeres sufren violaciones de derechos por su vulnerabilidad y la policía se niega a aplicar la ley, ¿cómo van a confiar en obtener igualdad de derechos?”
Para superar la desigualdad que afecta a todas las dimensiones del empoderamiento es preciso comprender por qué y cómo afecta la inseguridad a las mujeres. Sin una reforma institucional que les dé seguridad, al rompecabezas le faltará una pieza importante, sin la cual condenaremos a las mujeres a otro siglo de desigualdad.
