Si en esto que llaman República de Colombia existiera un mínimo de seriedad en el poder judicial, el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima no habría llegado a la CIDH y el Estado no estuviera sometido a las condiciones que le impondrá dicho tribunal. Pero como tenemos una caricatura de justicia, cuya institucionalidad —excluyendo un excepcional sector del gremio— está cooptada por detestables individuos como los Ricaurte, los Malo, los Moreno, los Bustos, los Martínez, los Pretel…, casos como este, entre muchos otros, llegan a cortes internacionales en busca de justicia.
La periodista, Jineth Bedoya, cuyo proceso, la semana pasada, fue objeto de audiencia pública en la CIDH, como es de público conocimiento fue secuestrada, torturada y violada, el 25 de mayo de 2000. Un año antes había sufrido un atentado junto a su madre. El rapto ocurrió a la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, frente a una patrulla de la policía, cuando cumplía una cita a un jefe paramilitar para una supuesta entrevista, todo fue una trampa. La denuncia fue instaurada al día siguiente en Fiscalía por su jefe inmediato, Jorge Cardona Álzate, editor judicial de El Espectador, mientras la reportera se recuperaba en una clínica de la ciudad. El proceso fue asumido durante 11 años por el fiscal Gustavo Reyes, quien demostró su inoperancia e irresponsabilidad mandando a la víctima a que investigara su propia tragedia y le llevara datos, es decir, que Jineth hiciera lo que le correspondía a él. Posteriormente, el caso lo asume la fiscal Viviana Orozco, esta, de manera sospechosa, liberó a uno de los secuestradores y torturadores de la periodista. El actuar de estos funcionarios es la demostración de que en nuestra “justicia” hace rato reina el imperio del mal.
Después de 17 años de impunidad el expediente llegó a la CIDH, gracias a la asesoría e impulso que la Fundación para la Libertad de Prensa le ha dado a este, el cual fue admitido en 2019. El caso, que internacionalmente ha trascendido a la tragedia personal de la periodista, ha develado la organización criminal al interior de la Policía Nacional, la cual secuestraba a comerciantes y empresarios para vendérselos a grupos armados al margen de la ley; ha dejado al descubierto la absoluta inoperancia y corrupción de la “justicia”; ha evidenciado la carencia de Estado; ha mostrado la ausencia de derechos humanos en las cárceles; y ha exhibido asesinatos de periodistas y exilio de otros. En fin, el caso ha revelado un nítido retrato ante el mundo de la realidad colombiana.
En la audiencia, la víctima responsabilizó a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, al Inpec y a los paramilitares de los atroces hechos, y de paso acusó a un general de la Policía de haber ordenado el secuestro, el cual está plenamente identificado. A decir de ella, este personaje se ha paseado por las diferentes esferas de la sociedad sin que haya sido llamado a juicio. De veinte acusados en el expediente, solo tres paramilitares están presos como autores materiales, de los autores intelectuales nadie ha sido llamado a juicio. Cuando los magistrados hicieron el llamado a los representantes del Estado colombiano para que hicieran su defensa, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, de manera vergonzosa y vergonzante decidió retirarse, pidió suspender la audiencia arguyendo falta de garantías y seguridad para el Estado Colombiano, a lo que la presidente del honorable tribunal le respondió de manera inmediata y categórica que la audiencia no se suspendía. Pensaba el señor Gómez que estaba tratando con los marrulleros magistrados colombianos y con esa jugadita dilatar el proceso, se equivocó. El Estado ahora está en manos de la CIDH sin que haya otra instancia, el fallo es de obligatorio cumpliendo.
