Siempre he tenido la opinión de que una intervención militar extranjera solo debía tener lugar en el interés nacional de la nación-Estado de que se trate y bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Sin embargo, como van las cosas, el grave deterioro y la espiral de violencia en Venezuela parecen justificar que se emplee la intervención humanitaria coercitiva o el uso de la coerción y la fuerza contra la dictadura militar de Maduro y sus secuaces.
Cabe señalar que la mayoría de los regímenes dictatoriales han sido depuestos o destituidos mediante alguna forma de intervención militar directa o indirecta o por medio de la lucha popular armada. Las persistentes violaciones y atropellos de los derechos civiles y políticos jamás pueden explicarse aludiendo a que son asuntos internos de los Estados. Esto es muy vergonzoso y muy poco ético. Aquí no se trata de un asunto interno venezolano, sino de un grave ataque contra los valores democráticos que todos compartimos, cuya población sufre de persecución y de un genocidio sistemático. Las violaciones de estos no pueden ni deben entenderse como asuntos de carácter interno: basta ya de recurrir a asuntos internos para enmascarar este tipo de ataques a un pueblo entero que está sufriendo la amenaza de un genocidio, basta ya de excusas de este tipo.
Esto vergonzoso y profundamente inhumano. O hay derechos humanos o no hay derechos humanos. El principio de no injerencia en Venezuela no puede seguir gozando de una legitimidad incondicional y absoluta, ya que está subordinada al requisito del respeto a los derechos humanos, incluidas las poblaciones vulnerables. Teniendo presentes estas inquietudes relativas a la intervención militar y a la soberanía, todos coincidimos en que la comunidad internacional no puede seguir callada ante el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. El deber de injerencia o asistencia humanitaria coercitiva cumple plenamente con los requisitos de justicia y de los valores humanitarios fundamentales y no cabe duda de que encuentra justificación en razones de humanidad, librar al país bajo el régimen de Maduro y la protección de los derechos humanos fundamentales. La soberanía territorial y el no recurso a la guerra deben ceder ante los imperativos humanitarios, en particular las situaciones de amenaza de genocidio, que casi siempre conllevaban amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La soberanía no puede ser utilizada como un escudo para encubrir la comisión de crímenes repudiables. De hecho, se deben adoptar todas las medidas posibles para atajar o evitar el sufrimiento humano y asegurarnos de no contribuir a violaciones a los derechos humanos y sobre todo respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Cuando se defiende una causa justa como el derecho a la vida de un pueblo, de la humanidad, no existe espacio para la flaqueza y la duda, lo que es justo en el plano ético y moral.
El pueblo venezolano no puede hacer frente al arsenal de Maduro y sus secuaces, pero sí posee el poder que confiere la legitimidad para la intervención militar con fines de protección humana que puedan ser objeto de acuerdo, los principios precautorios (intención correcta), una causa justificable y el apoyo de la comunidad internacional y de la opinión pública mundial. Con el fin de obtener el efecto deseado, esto debe considerarse como una situación de último recurso (ultima ratio) y, en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible, demostrar claramente la utilidad y los objetivos específicos y posibilidades razonables de éxito que pretenden lograr, garantizando el respeto del principio de proporcionalidad. Esta opción se limitará a la intervención correctiva o preventiva, reduciendo dramáticamente de esta manera el costo en vidas humanas, en mayores desigualdades, en violaciones a los derechos humanos y amenazas a la paz. Deberá estudiarse la conveniencia de un pedido previo de autorización para realizar la acción al Consejo de Seguridad.
No hay muchas preguntas nuevas y, como ya dije antes, compartimos en lo fundamental de que el gobierno estadounidense presione a la ONU para que autorice el uso de la fuerza contra las fuerzas leales a Maduro y solicite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobar una resolución por la que se autorice la adopción de todas las medidas necesarias para “proteger a la población civil” y el establecimiento de una zona de exclusión aérea (muy similar a la Resolución 1973 a favor de la población líbica y contra el régimen de Gadafi). Muchas gracias por su atención.
Para más información, véase Observaciones sobre las intervenciones humanitarias.
