Los confusos hechos del viernes 6 de octubre en Tumaco empiezan a aclararse. Parece ser que no fue un ataque a bala y con cilindros rellenos de metralla ejecutado por una disidencia de las Farc, como inicialmente informaron los miembros de la Policía después de alterar la escena que produjo seis campesinos asesinados y numerosos heridos; sino un abaleo a los cultivadores de coca desarmados con quienes acababan de discutir y se oponían a la erradicación de los cultivos que han sido su principal fuente de recursos económicos.
Aunque el caso de Tumaco es el más grave, el conflicto está vivo en otras apartadas regiones cocaleras del país como Piamonte, el Tambo, Argelia, Guapi, Timbiquí y López del Micay en el Cauca, en el Guaviare, Vichada, Catatumbo, entre otras, donde miembros de la Policía son enviados a erradicar manualmente los cultivos por funcionarios del gobierno central. Todo esto presionados por el cambio de política del gobierno de Trump y sin cumplir los pasos previos acordados antes de la desmovilización de las Farc para desarrollar obras públicas, prestar servicios de beneficio social y financiar proyectos productivos que les garanticen ingresos para reemplazar los que hasta ahora han recibido por la siembra y parte del procesamiento de la hoja de coca.
La improvisación en la sustitución de cultivos de coca por parte del gobierno demuestra las limitaciones en planeación y presupuesto evidenciadas para implementar los acuerdos con las Farc, tal como se apreció desde la construcción de los campamentos para los zonas veredales donde se concentraron antes de entregar las armas.
El nerviosismo y tensión a que son sometidos los policías enviados a regiones selváticas, donde no saben si los estarán emboscando disidentes de las Farc o de otros grupos armados que se lucran del narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios ilícitos, facilita que en momentos de emotivos cruces de palabras y roces algunos de sus miembros más paranoicos pierdan la cordura y accionen sus armas contra los manifestantes con saldos trágicos como el de Tumaco, que intentaron justificar achacándoselo a otros grupos armados que actúan en la región. Lo peor fue que intentaron enmascarar la reacción exagerada divulgando una versión falsa y para acabarla de embarrar, después de una primera visita al sitio del abaleo por parte de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el domingo 8 de octubre atacaron con granadas de aturdimiento y tiros, presumiblemente al aire, a una delegación de funcionarios de la ONU y la gobernación de Nariño, que intentaban conocer una versión más completa de los hechos. Este lunes la dirección nacional de la Policía acordó retirar al destacamento de la región e inicialmente investigar a cuatro uniformados sindicados de accionar sus armas.
Tensión en Coconuco
Pero si la situación está peliaguda en las zonas cocaleras, en Coconuco se complica ante la falta de resolución al prolongado conflicto agudizado desde la Semana Santa anterior, a raíz de la invasión de predios del centro recreacional “Agua tibia” por comuneros que reclaman el lugar como parte de su “territorio ancestral”.
Además, el asesinato a bala de la comunicadora Efigenia Vásquez Sánchez, después de confusos enfrentamientos entre comuneros y miembros del Esmad, agrava la situación en vísperas de una gran concentración anunciada para los próximos días por indígenas del Cauca que exigen el cumplimiento de anteriores compromisos firmados por funcionarios del gobierno nacional para ampliar sus resguardos y financiar diversos programas y proyectos.
Dicha movilización indígena podría desembocar en un prolongado bloqueo a la Panamericana. No olvidemos que se anunció un paro nacional agrario para mediados de este mes por cultivadores de papa, arroz, fríjol, paneleros, cocaleros, lecheros, cafeteros y otros campesinos y trabajadores vinculados al sector agropecuario confederados en: La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y que además recibirán apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Las autoridades departamentales, los congresistas y gremios del Cauca deben presionar al gobierno nacional para que cumpla sus compromisos y no permita que en departamento y sobre la vía Panamericana se agrave y concentre el conflicto nacional, bloqueando la movilización de productos y personas entre Popayán y el norte, sur y centro del país, como consecuencia de la movilización convocada para el mes de octubre.
