Representantes de Marcha Patriótica del departamento de Caquetá denunciaron el incremento de las amenazas contra líderes sociales y organizaciones que hacen parte de este movimiento social. Las denuncias se suman a las hechas recientemente por la exsenadora Piedad Córdoba, quien advirtió que desde el nacimiento del movimiento en el año 2012 hasta la fecha van 60 miembros asesinados.
En entrevista con distintos medios de comunicación, la exsenadora dijo que “existe una persecución contra el movimiento”. Varios líderes han denunciado que el gobierno no ha cumplido con los compromisos pactados para garantizar su seguridad.
Según el diputado Eduardo Franco Jojoa, sobreviviente de la UP y líder de la Marcha Patriótica en el Caquetá: “hay un riesgo mientras por un lado el Estado negocie la paz y por otro la Fuerza Pública tenga otro discurso”. Para Franco, lo preocupante no solo son las amenazas recibidas, de las cuales también es víctima, sino que la sociedad civil está expuesta al escalamiento militar que se ha incrementado en la región. “Desde que arrancaron las negociaciones, no ha habido ningún cambio en el discurso de la Fuerza Pública, continúa la estigmatización, el señalamiento y el control excesivo”, dijo.
El diputado se referió a los retenes por parte del Ejército en los que, según él, a los campesinos se les exige mostrar la factura de su compra cuando portan mercado o medicinas. Si los campesinos no poseen la factura son despojados de sus mercados con el argumento de que son para la guerrilla y se les acusa de ser colaboradores. Para él, este trato alienta a los grupos delincuenciales a amenazar, intimidar e irrespetar los derechos de los dirigentes sociales.
Panfleto 1
En el Caquetá durante los meses de abril y mayo circularon cinco panfletos firmados por el Bloque Andaki de las Águilas Negras, dirigidos contra organizaciones y líderes que integran la Marcha Patriótica. En los panfletos se acusa a más de 20 líderes sociales y a las organizaciones Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac), Unión Patriótica, Partido Comunista, Caguán Vive, entre otras, de conformar el brazo político de las Farc. Las amenazas les dan un ultimátum a sus representantes para salir del departamento.
Uno de los panfletos advierte que sentenciará de pena de muerte a los “guerrilleros los cuales se opongan a nuestro gobierno y el accionar de nuestras fuerzas contra insurgentes y que además han lavado el cerebro a todos los campesinos de este departamento haciéndose pasar por políticos de bien y defensores de derechos humanos”. En el panfleto, los amenazadores conminan a los campesinos a “dejar de joder” con los paros y las cumbres agrarias. “Ya les habíamos dado un ultimátum y no quisieron hacer caso y ya estamos viendo el momento ideal para acabarlos a todos de un solo golpe malditos guerrilleros y acabar esta plaga en Caquetá”, agrega la amenaza.
En otra amenaza, el grupo delincuencial relaciona 16 nombres de líderes de izquierda del Caquetá (de los cuáles nos abstenemos de publicar sus nombres para no exponerlos), entre los que están sindicalistas y defensores de derechos humanos, con supuestos nombres de guerrilleros. Al final, la intimidante comunicación anuncia que “quedan 154 auxiliadores pendientes en revisar (sic) en beneficio de los campesinos secuestrados en estos territorios”. Las amenazas, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades, ofrecen recompensas por las muertes de los líderes.
Panfleto 2
Sorprende que entre los amenazados aparecen dos nombres de alcaldes de izquierda, Domingo Pérez, de San Vicente del Caguán, y Arlex Gómez López, de La Montañita, quienes han tenido que hacer un esfuerzo enorme para que no los estigmaticen por gobernar en territorios donde las Farc han tenido una presencia histórica.
El diputado Franco ha enviado sendas comunicaciones a la Procuraduría, la Fiscalía y al Gobierno nacional pidiendo que investigue el origen de las amenazas.
Según conoció LAS2ORILLAS, las autoridades manejan la hipótesis de que se trata de delincuencia común. No obstante, en la región varias fuentes consultadas temen un rebrote paramilitar. Una fuente, que pidió la reserva de su nombre, se refirió al asesinato el pasado 4 de junio de dos familiares del concejal de Florencia del Partido Verde, Juan Fernando Olarte Collazos y un mayordomo, quienes fueron acribillados y posteriormente incinerados. “El modus operandi es clásico de prácticas paramilitares”, dijo.
Los temores no son para menos. En el Caquetá recientemente han aparecido comunicaciones de nuevos grupos con nombres como Guerreros del Yarí, Corporación Nación Libre y Movimiento Anticomunista de Renovación Regional; que según los caqueteños, pertenecen a las viejas estructuras paramilitares pero usan nombre nuevos con el fin de reinventar la manera de delinquir.
*Investigación de la Fundación Paz & Reconciliación
