He tratado de seguir con cuidado el caso de Sergio Urrego, el joven de 16 años que se suicidó el pasado mes de agosto, a causa del posible hostigamiento del que fue víctima por su orientación sexual. Sin duda alguna, un hecho lamentable que ejemplifica claramente las dinámicas de discriminación y exclusión que se dan al interior de las instituciones escolares, y de las cuales sólo tenemos noticia en algunas ocasiones.
La escuela debería ser un territorio de paz, un escenario para enseñarnos a vivir bien y a ser felices. Un lugar en el que podamos potenciar al máximo nuestras capacidades, y vivir la diversidad. Sin embargo; casos como el de Sergio Urrego nos demuestran lo contrario.
Una de las cosas que más ha llamado la atención es como los distintos medios de comunicación han hecho escasa alusión a dos herramientas que deberían ser potentes al momento de prevenir este tipo de fenómenos. Por un lado, el Código de Infancia y Adolescencia, y por el otro, el Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.
El Código Infancia y Adolescencia (Ley 1098), expedido en el 2006, establece claramente en los artículos 42 al 44, una serie de obligaciones de las instituciones educativas, en las que se establece la lucha contra la discriminación como una de las tareas fundamentales: respeto por la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, evitar cualquier conducta discriminatoria que afecte el ejercicio de los derechos, formar a los menores de edad en la aceptación y tolerancia hacia las diferencias entre las personas, proteger eficazmente a los menores de edad contra toda forma de maltrato o humillación, entre otras.
Nada de esto se cumplió en el caso de Sergio Urrego. A pesar de que se han hecho al menos 10 cumbres de gobernadores relacionadas con la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia, que existe una Procuraduría delegada para esta población, que en cada municipio y departamento del país hay una mesa o comisión responsable de materializar los propósitos de la ley, y que prácticamente no hay dependencia del Estado que no esté articulada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pareciera que los esfuerzos son insuficientes.
El caso del Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, es más paradójico. Las guías de implementación del programa, publicadas en el 2008 y disponibles en el portal de Colombia Aprende, establecen la valoración de la diferencia como uno de los componentes fundamentales del aprendizaje de los niños y las niñas. Para esto, cada Secretaría de Educación municipal y departamental, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica a las instituciones educativas. Adicionalmente, la información está disponible para todo aquel que quiera emprender un proyecto de este tipo dentro de su institución. Este tipo de proyectos no son discrecionales, y hacen parte de los procesos de formación integral a los que tienen derecho los menores de edad.
Incluso, el programa establece como hilos conductores la orientación sexo-erótica y afectiva de las personas, el derecho a la libertad de elección y respeto a la diferencia, la valoración de la diversidad, y la construcción de ambientes de respeto. Ninguno de estos hilos se materializó en el caso de Sergio Urrego.
¿De qué sirven las normas, los programas y las iniciativas gubernamentales, si estas no inciden en la cotidianidad de los niños y las niñas? Los derechos humanos no pueden ser parte del decorado discursivo que se da en cumbres, mesas o comisiones. Los derechos humanos deben ser palpables en el territorio y deben permear la vida de los menores de edad, en todos los ámbitos en los que se desenvuelven.
Por lo anterior, es inadmisible que con ocasión de la muerte de Sergio Urrego, ciertos sectores de la opinión se desgarren las vestiduras, y propongan alternativas de actuación, cuando las herramientas y los marcos normativos están ahí, algunos desde hace 10 años. Es inadmisible, que a estas alturas ANDERCOOP solicite asesoría al Ministerio de Educación para abordar lo que por competencia debían saber hace años. Es inadmisible el silencio la Procuraduría, en cuya cabeza de la Delegada, está el seguimiento al cumplimiento de la ley 1098 de 2006, y que fue en su momento promotora de la Estrategia de Hechos y Derechos por la Infancia y la Adolescencia.
