Ningún argumento, por muy humano y de servicio social que lo sustente, puede ni debe tomarse como base para revisar, como se invoca ahora, el monto de las pensiones afectándolas con un gravamen que empezó a tramitarse en el Congreso por iniciativa del gobierno. Máxime si la conquista de ese derecho fue el resultado de haber cumplido una formalidad legal quienes ya pasamos el umbral de la edad productiva, después de haberle servido a la sociedad con nuestros esfuerzos, hoy lejano de una vitalidad generadora de riquezas.
Así lo enseñan todas las legislaciones del mundo cuando invocan principios, apenas de elemental comprensión, tendientes a proteger a los más vulnerables, precisamente por su condición de indefensión, como es la población infantil y la que pisa los predios de la ancianidad.
No por capricho ni para abundar en el reconocimiento de los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como el decenio del envejecimiento saludable, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de los mayores que viajamos hacia la vejez, sin excluir a nuestras familias que, al formar parte del entorno del pensionado, también juega papel importante para que no se altere su escenario.
Atendiendo al artículo 53 Constitucional, obsérvese cómo hace hincapié en que ningún estatuto del trabajo “puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Ratificándose en la misma norma Superior que “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones”. No sugiere, ni siquiera insinúa esta disposición, que se disminuya el monto de las pensiones una vez reconocidas. Al contrario, deben ser es objeto de reajustes, nunca de afectación disminuyéndolas por ningún medio.
Al observar el proyecto de reforma tributaria presentado por el minHacienda, cuyo titular forma parte de aquellos que López Pumarejo llamó “audacias mayores de 70”, el primer título que encabeza la exposición de motivos, le anuncia a uno que la carga impositiva podría tocar todas las potenciales fuentes para el recaudo de impuestos, menos ocuparse de las pensiones. Dice el sugestivo enunciado: “el papel de la política tributaria para mejorar la dignidad humana”. Me hace saber este aviso que hay que mejorar la dignidad de unos, pero afectando la de los pensionados. Pretensión absurda en un Estado Social de Derecho.
Por ahí se me informa que el 2% de la población tiene ingresos por encima de los 10 millones de pesos. De este porcentaje hacemos parte los pensionados que superamos ese monto. ¿Vale la pena percibir este guarismo por parte del gobierno a costa de los viejos para que se empiece a superar el desequilibrio social engendrado por la injusticia histórica en el reparto de las riquezas?
En cambio, de aprobarse dicho gravamen, ¿Cuál no sería el impacto psicológico recibido por el pensionado que ya su vida, vale decir, su dignidad, está condicionada por unos ingresos que le permiten sortear sus necesidades, incluyendo la de nietos que, por algún imponderable del destino, también reciben los beneficios de ese ingreso pensional? ¿No será que se afectará su dignidad humana?
Fijémonos como la ONU habla de proteger el envejecimiento saludable, la Constitución aboga por la dignidad humana y los derechos de los trabajadores, ¿acaso no se estará actuando contra estos postulados cuando se quiere disminuir un derecho legítimamente ganado?
No puedo imaginarme al anciano cuando reciba por primera vez el valor de su pensión mutilada, mas no reajustada, con el argumento legislativo de estar colaborando con superar la injusticia social cuyo origen se pierde en los albores del tiempo y de la cual no es responsable.
Una vez el presidente del Senado someta a consideración de la plenaria el injusto artículo, sería su gran oportunidad de asumir nuestra defensa como lo hizo cuando hace tres años se opuso vehemente a que tal desatino fuera una realidad jurídica. Para entonces dijo, palabras más palabras menos, “Vamos a impedir que se apruebe el gravamen a las pensiones. Además, porque la pensión no es un regalo del Estado, es un derecho trabajado y ganado. Sería tanto como castigar a los pensionados con una doble tributación por haber pagados impuestos por más de 20 años para obtenerlo”.
En el mismo sentido se sumaría el senador Iván Cepeda, llamado el defensor de las personas mayores ,por haber impulsado y aprobado la Ley 2055 del 2020 que, precisamente, aboga por los derechos humanos de las personas mayores como es el de vivir con dignidad, regulando entre otras conquistas, la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se desconozcan los tantos derechos protegidos, si el actual Congreso opta por afectar las pensiones de los mayores por quienes tanto el senador Cepeda se ha dado la pela.
Ninguna exposición de motivos, entonces, tendría sentido si acude a la reforma tributaria para dejarle caer a las pensiones una carga fiscal estando frente a un derecho sagrado obtenido sin violar el régimen de legalidad que nos gobierna. Si ello sucede, la palabra dignidad que tanto la Ley, la Constitución, los tratados y, en general, la legislación internacional protege al referirse a los pensionados, sería la primera en ser golpeada por la reforma, si se nos gravan los ingresos que ya, por ningún otro medio obtendríamos por haber cumplido un proceso biológico irreversible, salpicados por un presente donde la nostalgia ocupa un reinado indestronable.
Al amparo de la Carta Magna no es decreciendo las pensiones, es reajustándolas periódicamente como se estimula y se protege la dignidad y la contemplación de la persona que da los últimos pasos hacia el encuentro del sueño profundo del cual nadie regresa como lo sentenció el cantautor antioqueño Darío Gómez.
