En las distintas regiones, la crítica que expresan siempre es la misma: que a los gremios les ha faltado firmeza para enfrentar a Petro.
Pienso que, más que firmeza, lo que les ha faltado es claridad. O mejor, les ha faltado la claridad suficiente que se necesita para alcanzar la firmeza verdadera. Les ha faltado apreciar, en su verdadera magnitud, la amenaza que significa el gobierno de Gustavo Petro contra la democracia, contra la seguridad y contra la economía de todos los colombianos. Razón por la cual, lo correcto es propiciar mejores espacios de reflexión con el fin de que lleguemos a mejores decisiones con las que superar las crisis política y económica que se agravan a una velocidad pasmosa.
En este orden de ideas, propongo que los gremios se detengan a reflexionar en el espacio que acaba de ofrecer Mauricio Cárdenas a través de su columna en El Tiempo: “Un escenario para evitar”.
-¿Qué dice Cárdenas allí?
Que estamos “en un profundo y prolongado estancamiento de la economía”.
Que “Los hechos son contundentes. La producción industrial, el comercio y la construcción están en territorio negativo -en algunos casos con caídas de dos dígitos-”.
Que “Lo mismo pasa con la cartera del sistema financiero: las solicitudes de crédito son una fracción de lo que eran hace un año, mientras que los bancos están restringiendo las aprobaciones por temor a mayores niveles de morosidad”.
Que “Lo que es más notorio de la situación económica actual es el pesimismo y la desconfianza que reflejan las encuestas que regularmente se realizan a hogares y empresas”.
Que “atribuir la brutal caída de la inversión al Banco de la República es un error”.
Que “el modelo económico que impulsa el Gobierno desestimula la inversión privada”.
También señala Cárdenas que “el verdadero reto es otro: cambiar la ideología por el pragmatismo” y que “eso parece ser lo más difícil para el Presidente”.
Que se avecinan escenarios en que lo más probable es que el Gobierno se radicalice, “Si el gobierno se radicaliza, como muchos lo anticipan, lo que habrá no será pragmatismo y moderación, sino ataques y amenazas al sector privado, posiblemente por cuenta de las comisiones de regulación y las superintendencias”.
Que lo que viene “No es un escenario bueno por lo que significa para la calidad de vida de los colombianos”.
Hay un punto clave en su artículo donde Cárdenas afirma que “sería ingenuo pensar que -el Gobierno- va a cambiar la forma de pensar”.
Hasta aquí los fragmentos principales de la columna “Un escenario para evitar” de Mauricio Cárdenas.
Propongo, entonces, que los gremios se detengan a reflexionar con base en esta columna.
Lo primero que hay que preguntarse es si lo que dice Cárdenas es cierto o es falso. Si es verdad o no que estamos pasando por un “profundo y prolongado estancamiento de la economía”. De allí parte la reflexión.
Lo segundo, preguntarse si es cierto que el responsable de la crisis económica es el Banco de la República o si el responsable principal es Gustavo Petro con sus obsesiones ideológicas, sus hostilidades constantes con los empresarios y sus desafueros en materia de seguridad.
Y lo tercero que vale preguntarse, respecto del artículo, es si Cárdenas tiene o no razón cuando afirma que “sería ingenuo pensar que -el Gobierno- va a cambiar su forma de pensar” y que, por el contrario, el gobierno radicalizará sus estrategias con “ataques y amenazas al sector privado, posiblemente por cuenta de las comisiones de regulación y las superintendencias”, es decir, mediante el abuso de instituciones estatales para reprimir, amedrentar y extorsionar a los empresarios.
Se los planteo porque si es cierto que estamos ante un “profundo y prolongado estancamiento” que, además, tiende a profundizarse y a prolongarse; si también es cierto que el mayor responsable es Gustavo Petro por cuenta de sus obsesiones ideológicas y sus locuras de todo tipo; y si también es cierto que lo que se viene es una etapa más radicalizada y amenazante contra los empresarios; entonces lo que uno no entiende es qué están esperando los gremios para enfrentar a Petro con la firmeza debida.
Todos los días se hace más urgente que le pongamos el cascabel al gato de la discusión y que dejemos de andar distraídos con tanto carameleo como el del tal acuerdo nacional o como los de esos diálogos de la Paz Total que no van para ninguna parte. O mejor, para ninguna parte sana y democrática.
Aquí la discusión ya no consiste en si Petro es buen o mal presidente, si es de izquierda o de cualquiera otra cosa. Eso ya pasó. Al país ya se le cayeron las vendas de los ojos y comprendió que Petro es un desastre como presidente y que su verdadero proyecto es montar un régimen despótico que tiene como fin destruir nuestra democracia y nuestra economía. Lo demás son pajaritos en el aire.
Aquí la discusión real; la pertinente, la que está sobre la mesa, es la de preguntarnos si la democracia y la economía colombianas aguantan tres años más del gobierno de Gustavo Petro y si existen o no mecanismos constitucionales, pacíficos y justos para retirarlo de la presidencia.
Están quienes piensan que sí y estamos quienes pensamos que no.
Los que piensan que sí -que sí debemos aguantarnos a Petro hasta que las elecciones de 2026 lo cambien-, lo hacen basados en dos argumentos: el primero, que sacar a un presidente representa un costo institucional muy alto y el otro argumento, tal vez el más inconfesado pero el más relevante, el que se soporta en el miedo a que Gustavo Petro sea capaz de incendiar el país si lo juzgamos, que Petro sea capaz de sacar de nuevo a sus Primeras Líneas, de la misma manera que las sacó cuando los vandalismos y los bloqueos del año 2021.
Les ha faltado apreciar, en su verdadera magnitud, la amenaza que significa el gobierno de Gustavo Petro contra la democracia, contra la seguridad y contra la economía de todos los colombianos.
Por otra parte están los argumentos de quienes pensamos que la democracia y la economía no aguantan tres años más de Petro. La primera y más grande preocupación radica en su estrategia de milicianización; de hecho, las cifras de la Defensoría del Pueblo ya registran el crecimiento exponencial de las organizaciones criminales que ejercen controles territoriales en distintas regiones. Muestran que existen grupos criminales que ejercen control territorial en más de mil municipios. Las cifras del crecimiento de la extorsión son patéticas, sobre todo si se entiende que la extorsión masiva sólo es posible cuando la organización que extorsiona ejerce el verdadero control territorial. Hay zonas enteras del campo y de las ciudades adonde todo el mundo tiene que pagar. Pagan los comerciantes y pagan los transportadores y pagan los empresarios y pagan los vecinos.
-¿Qué nos pueden decir de la injerencia de las organizaciones criminales en las elecciones?
Si ya está tan claro que fue a partir de los pactos carcelarios que los jefes de las organizaciones criminales le pusieron en sus territorios controlados más que los 700.000 votos que le dieron a Gustavo Petro la diferencia electoral para llegar a la Presidencia, cómo van a creer que en tres años más de milicianización desde la Presidencia, que en tres años más de decapitación y paralización de las Fuerzas Armadas constitucionales, vamos a tener en 2026 elecciones libres y democráticas para sacar a Petro.
Resulta ingenuo creerlo.
Resulta absolutamente equivocado creer que aguantarse a Petro milicianizando es menos dañino para las instituciones que juzgarlo y sacarlo.
De la misma manera que resulta equivocado pensar que si Colombia juzga a Gustavo Petro por haber violado la Constitución y las leyes, entonces Petro decidirá incendiar el país. Para empezar, se equivocan porque no es que Petro “decidirá” incendiar el país.
Petro no ha dejado de incendiarlo. Petro nunca ha parado de incendiarlo como lo hizo en 2021. O es que cuando Petro soltó la bola en su campaña presidencial de que si no lo elegían Colombia se incendiaba, ¿no era seguir incendiando el país?. O es que cuando Petro hizo el pacto con las organizaciones criminales para imponer un resultado electoral, ¿eso no es incendiar el sistema democrático? O es que cuando Petro les da rienda suelta a todo tipo de milicias, llámense Guardias Indígenas y Guardia Campesinas y Guardias Cimarronas y Primeras Líneas, para que invadan tierras y bloqueen carreteras y vengan a hacer alardes milicianos en la Plaza de Bolívar, ¿eso no es incendiar el país? O es que cuando Petro decapita y paraliza a las Fuerzas Armadas constitucionales para que cesen su persecución contra las organizaciones criminales y las milicias violentas, ¿eso no es incendiar el país? O cuando Petro prepara la creación de un cuerpo de 100.000 milicianos pagados de a millón de pesos con el presupuesto de todos los colombianos, ¿eso no es incendiar el país? O es que cuando Petro le saca la bandera blanca y le estira su mano amistosa a todas las organizaciones criminales al tiempo que insulta y desplanta al empresariado, ¿eso no es incendiar el orden institucional y el sentido moral de la nación?
Por esto es que se equivocan los que creen que aguantándose a Petro tres años más se defienden las instituciones. Todo lo contrario. Lo que se hace es permitirle que siga incendiando el país, la democracia y la economía desde la Presidencia de la República.
Por esto es que el Juicio Político no incendia al país sino que comienza a apagarlo.
Es importante comenzar a comprender mejor la institución del Juicio Político. El Juicio al Presidente es una especie de sistema antisísmico que tienen las constituciones presidencialistas, precisamente para que cuando llegan los terremotos, los edificios institucionales puedan aguantar. El Juicio Político está dado, por eso, para dos cosas: para que cuando los presidentes violan la Constitución o delinquen, sean juzgados, respetando el principio democrático de que nadie en una democracia puede estar por encima de la Constitución y las leyes. Y segundo, para que cuando llegan crisis políticas de gobernabilidad que ponen en peligro el país, las sociedades puedan sacar al presidente antes de que se caiga el sistema democrático.
Les pido a los gremios, por el bien de Colombia, de nuestra democracia y nuestra economía, que comiencen a pensar en serio su pronta posición frente al Juicio Político a Gustavo Petro que los ciudadanos estamos exigiendo.
Les pido a los gremios que le respondan al país y a sus empresarios las siguientes preguntas:
¿Piensan los gremios que en la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez se cometieron conductas que están prohibidas por la Constitución y las leyes? ¿Sí o no?
¿Piensan los gremios que expedir cinco decretos, como los expedidos por Gustavo Petro el 31 de diciembre de 2022, en lo que les ordena a las Fuerzas Armadas un cese del fuego contra cada una de las cinco organizaciones criminales más grandes del país, a cuento de un cese del fuego bilateral que nunca existió, viola o no la Constitución y las leyes?
¿Piensan los gremios que haberles ordenado no actuar y quedarse paralizadas a las Fuerzas Armadas constitucionales, permitiendo que las milicias de las Farc asaltaran, rindieran y secuestraran a 79 policías, nueve trabajadores de la empresa Emerald Energy, que degollaran al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, en Los Pozos Caquetá, el 2 de marzo de 2023, orden impartida directamente por Gustavo Petro, constituye o no una conducta que viola la Constitución y las leyes?
¿Si estas conductas constituyen violaciones a la Constitución y a las leyes, qué dice la Constitución que debe hacerse en esos casos? ¿Que se juzgue al presidente o que no se le juzgue?
¿Consideran los gremios que es correcto dejar de adelantarle el juicio a Gustavo Petro por el hecho de haber violado la Constitución y las leyes, bajo el argumento del miedo a que incendie otra vez el país?
¿Consideran los gremios que la propuesta de “acuerdo nacional” que a veces promueve el gobierno, podría llegar a incorporar el acuerdo de impunidad al Presidente de la República, en el sentido de no abrírsele el juicio que ordena la Constitución cuando este delinque?
En fin, estas son apenas algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer todos los colombianos.
Corriendo el riesgo de fatigarlos, les pido que se respondan una más:
Además de preguntarse si la democracia y la economía aguantan tres años más de Petro, también debemos preguntarnos si es justo que nos lo aguantemos tres años más delinquiendo y acabando con la economía.
Como diría un buen católico: juzgar a Petro es justo y necesario.