Tres factores cuentan a favor de los elenos.
Primero, el desencanto de importantes sectores de base de las Farc, desmotivados ante el descarado incumplimiento del gobierno y del Estado colombiano. Exmilicianos de barriadas y campos observan como las élites se burlan o modifican a su antojo los acuerdos de paz con las Farc, mientras los exguerrilleros convertidos hoy en políticos civiles cumplen su palabra y honran los acuerdos con un aguante y una tenacidad insuperable. Entretanto, los asesinos financiados por los enemigos de la paz merodean como fieras, al acecho de los guerrilleros desarmados y sus familias.
Es inocultable que importantes sectores de base de las antiguas Farc, por protección o desencanto, han migrado paulatinamente hacia el Eln, lo que está fortaleciendo de una manera inesperada la estructura y el poderío militar de los elenos.
Segundo, el temor y frustración que genera el asesinato continuo y sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos a manos de estructuras paramilitares intactas, que, sumado al abuso de las autoridades, pone en entredicho las promesas del gobierno de desmantelar el aparato represivo, y su obligación de proteger a la población y su derecho a la protesta social.
A enero de 2018, desde la firma del acuerdo de paz ente las Farc y el gobierno, han sido asesinados 186 líderes sociales, gente humilde y desarmada, cuyo único delito es propender por justicia social y derechos humanos en muchas de las áreas donde estaba la insurgencia.
Eran líderes sociales que proponían la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos de producción alimentaria ligados a la economía campesina. Otras de las víctimas habían denunciado hechos de corrupción, o habían reclamado tierras para trabajar. En general eran líderes comunitarios que no necesariamente simpatizaban con las Farc, pero sí con la idea de un país en paz, con opciones de trabajo y vida digna, en donde haya iniciativas democráticas distintas. Eso les costó la vida.
El tercer factor que mantiene viva la llama insurgente del Eln, es la obcecada intransigencia de los ricos poderosos por ceder democráticamente tan solo un pedacito de poder y un poquito de riqueza.
Se trata de un sector emergente de la burguesía de centroderecha, fuertemente divisivo y corrupto, enriquecido al amparo de la violencia, en el que hay representantes a todo nivel: algunos periodistas, algunos empresarios, algunos lobistas de poderosas corporaciones mineras, un sector de militares y fuerzas de seguridad, asesores de seguridad y lobistas de la producción y el comercio de armas, un nutrido grupo de congresistas en su mayoría terratenientes, y un par de expresidentes que dilapidaron 17,000 millones de dólares en guerra contra las Farc sin resultados, más allá de la muerte de un par de comandantes y el fiasco de los falsos positivos (secuestro y asesinato de unos 4,000 jóvenes de barrios humildes, para ser presentados como guerrilleros y reclamar recompensas, bonos y vacaciones, y para justificar reportes del Plan Colombia). Este sector es el que se niega a conceder una oportunidad de paz y reconciliación entre los colombianos.
¿Qué hacer?
En mi opinión insistir en la paz, porque se trata del más bello compromiso con la vida, la sociedad y la naturaleza, no solo en Colombia, pero en todo el planeta. En el escenario de la guerra los corruptos, los populistas y violentos llevan ventaja. Por eso prometieron hacer trizas el proceso de paz. Mientras que en el escenario de la paz y la justicia social al menos existe una luz al final del túnel, por donde puedan pasar los bienaventurados que sueñan y comprometen su vida por un mundo mejor.
El notorio fortalecimiento del Eln, en cambio de estimular la guerra, debería constituir un mensaje al alto gobierno, inicialmente para redoblar esfuerzos para cumplir con las Farc, que genuinamente entregaron sus armas y sus bienes apostándole a la reconciliación, y a una nueva forma de hacer política. Y también, para que el gobierno abra, de verdad, las puertas a un proceso de paz sin trampas con el Eln.
Tanto los elenos como las disidencias de las Farc que se les han unido, requieren un proceso efectivo de diálogos, que castigue las provocaciones y los crímenes contra la paz, y así encaminarse junto a sociedad civil en una salida política, que conduzca a una construcción colectiva de la paz. La nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ha situado este proceso de construcción de paz y reconciliación en un escenario de mínimo una década, que se habrá de profundizar y ampliar en un eventual acuerdo con el Eln.
Que el Sistema de Justicia Transicional y su Jurisdicción Especial de Paz acordado con las Farc funcione, para que Colombia y el mundo sepa la verdad de lo acontecido. No para la venganza, pero sí para cerrar filas en torno a que jamás vuelva a ocurrir. A mi entender, la verdad es una dosis democrática contra la impunidad.
Pero no solo generales y soldados de las dos partes deben confesar violaciones al DIH y los ddhh; lo propio sería que gamonales, latifundistas, y sempiternos controladores del sistema político de Colombia también confiesen ante la JEP sus crímenes. Lo contradictorio y curioso, es que muchos de estos personajes son los que esgrimen tesis contra JEP argumentando impunidad; su sueño era ver a las guerrillas exterminadas o en la cárcel, o sus líderes extraditados, como hicieron con algunos narcotraficantes díscolos, jefes de las bandas paramilitares. Argucias para evitar que se sepa la verdad de lo acontecido.
Finalmente, si se repitiera el modelo de referéndum para aprobar los resultados de un proceso de diálogos, este no puede ser improvisado e impuesto por el gobierno como sucedió en octubre de 2016. En Europa y el planeta se ha demostrado que los referéndums son manipulados con estrategias de miedo y seguridad, y con mentiras que predicen falsas catástrofes de la economía y la estabilidad.
Y a todas estas ¿dónde está la llamada izquierda democrática? En vez de estar eludiendo coaliciones con la Farc, debería estar consensuando junto con sectores democráticos, y con la Farc y el Eln, pasos hacia una asamblea nacional constituyente que permita y organice un proceso de tránsito del actual régimen excluyente y divisivo, a un régimen democrático y moderno.
