La insensatez del señor Santos de imponer la negociación de la paz en medio de la guerra no puede ser una decisión absoluta que altere la condición pacífica de millones de colombianos que quieren unas elecciones locales y regionales sin actos de guerra y violencia. Un cese bilateral del fuego y hostilidades por un periodo que incluya hasta los días o semanas posteriores al 25 de octubre debe ser una demanda y un clamor generalizado de la sociedad civil y del campo democrático nacional. Cese bilateral que debe permitir la expresión de la lucha por la emancipación y los cambios sustanciales del Estado y la sociedad controlada por el depredador modelo neoliberal que el Jefe de la Casa de Nariño defiende a rajatabla.
Dentro de tres meses y veinticinco días se realizaran las elecciones de 1113 alcaldes, 32 gobernadores, cientos de diputados, con miles de concejales y ediles de las juntas administradoras locales.
Ya está en curso un masiva campaña con candidatos y propuestas programáticas de la más diversa inspiración política, ideológica y cultural.
Todos estos funcionarios son escogidos en el marco de la democracia local que es resultado de importantes conquistas populares, obreras, campesinas y democráticas. Los alcaldes son elegidos por el voto ciudadano desde finales de los años ochenta como resultado de los acuerdos políticos del gobierno conservador de Belisario Betancur y las Farc, lideradas por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Desde aquella época existe un vigoroso régimen de participación ciudadana, descentralización y autonomía. Los gobernadores son también nombrados por los ciudadanos en los términos de lo dispuesto por la Constitución de 1991.
Un aspecto que se debe resaltar en tales comicios es que, por lo regular, el movimiento guerrillero ha ordenado la suspensión de operaciones militares para las fechas en que se presentan las votaciones.
Lo deseable, en términos políticos, es que eso ocurra en los comicios venideros.
Sin embargo, dadas las características de la coyuntura en que se adelantan unas conversaciones de paz en medio del conflicto -situación que ocurre por la terquedad del señor Santos de imponer una paz neoliberal con exterminio de su adversario-, una decisión de cese al fuego con miras a las elecciones regionales debe ser bilateral y acompañada de los mayores gestos de reciprocidad. A estas alturas resulta una necedad pedir, después de lo ocurrido desde diciembre del 2014 hasta mediados de abril del 2015, que quien dé el primer paso sea aquel que se encuentra en desventaja frente a la enorme potencia bélica del gobierno.
No es creíble la conjetura de quienes sugieren que la paz no será un asunto de trascendencia en el proceso electoral en curso porque la gente está más atenta de sus necesidades cotidianas. Los lamentables y trágicos hechos de guerra en curso con su demoledor impacto político regional lo que nos indican es que el tema de la superación de la prolongada guerra civil nacional mediante los diálogos de La Habana, gravitara en la disputa electoral de octubre, como ocurrió en la votación presidencial del año inmediatamente anterior, siendo un punto decisorio, recordando ahora lo que paso entre la primera y la segunda vuelta, cuando 2 millones de votos de la candidata Clara López en apoyo a la paz permitieron la derrota del guerrerismo urbisista; desde luego, también estarán allí los otros elementos más urgentes para la mayoría de la población; esto es, el desempleo, la corrupción de los politiqueros, su demagogia, la movilidad, la pobreza, la falta de salud, de educación y el deterioro de la naturaleza.
De prevalecer la sensatez, lo adecuado, entonces, es aclimatar, como lo sugieren los altos funcionarios de las Naciones Unidas en Colombia, un cese bilateral al fuego y de hostilidades por una temporalidad que se extienda hasta los días siguientes al próximo 25 de octubre.
Una decisión en ese sentido debe profundizar el sentido democrático de la política local y regional. Obviamente, para que ese contenido cobre fuerza, lo primero es exigir del Gobierno y sus aparatos armados las mayores garantías para la oposición popular.
Garantías que son determinantes en la ampliación de la movilización contra hegemónica de la resistencia campesina/popular revolucionaria. La pretensión del bloque dominante de cercenar la esencia democrática y transformadora del campo popular es una absoluta estupidez. Una completa arbitrariedad.
¿Como por qué razón los movimientos sociales, las fuerzas democráticas, los núcleos revolucionarios y socialistas deben renunciar a sus estrategias de cambios radicales del Estado y el modelo neoliberal? Un cese bilateral al fuego y de hostilidades, por más delimitaciones temporales o espaciales que incluya no debe, no puede, para ser más preciso, ser utilizado para sofocar la lucha por la emancipación del pueblo colombiano.
¿Será posible, entonces, unas elecciones municipales y departamentales en paz? Esa es la pregunta que importa hoy para ser considerada por las partes en la mesa de diálogos de paz de La Habana.
