En Colombia ha tomado forma la campaña política para elegir el próximo presidente de la república (2022-2026), evento que debe darse el 29 de mayo del 2022, en primera vuelta, y el 19 de junio, en segunda, en caso de ser necesario porque en la primera ronda ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos depositados.
Haciendo a un lado la forma partido, característica del sistema político colombiano a lo largo de su historia, hoy se han conformado varias coaliciones políticas a las que concurren diversas tendencias afines en el campo de las ideas y de los intereses electorales.
En el área progresista está el Pacto Histórico impulsado por el senador Gustavo Petro, quien fuera integrante de la guerrilla urbana del M-19, en una convergencia bastante similar a la que se conformó en 1991 para obtener la mayoría en la Constituyente de aquel año cuando la recién desmovilizada guerrilla participó de un proceso electoral aliada a sectores de distinto origen; en el centro del espectro electoral hay una alianza de varios personajes con notoriedad como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Íngrid Betancur y Jorge Robledo (maoísta de derecha), siendo el de Fajardo, exgobernador de Antioquia, el más prominente de los nombres, con antecedentes divisionistas en el campo popular, pues su posición antiunitaria en las elecciones de 2018 facilitó el triunfo del ultraderechista Iván Duque, la marioneta de Uribe Vélez; en la derecha, con ribetes muy regresivos, como expresión de la más podrida corrupción, está el Equipo Colombia que reúne a Federico Gutiérrez (Opus dei), Alejandro Char (mafia caribeña), Barguil (ganadero, terrateniente y, según dicen, paraco), Dilian Toro (exgobernadora de Cali, anclada en la mafia caleña) y Echeverry (exministro de Hacienda, neoliberal fanático).
Hay otros candidatos sin coalición como Zuluaga, el de Uribe Vélez; Rodolfo Hernández, un outsider regional con ascendiente dada su gestualidad trumpiana y su protagonismo populista lleno de ramplonería; y Luis Pérez, un influyente dirigente de la región antioqueña, con mucho peso en el mosaico de las regiones colombianas.
Hasta el momento, las encuestas colocan a Gustavo Petro como la figura más popular (25 % a 30 %), con muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la república. Petro no triunfó en 2018, pero es el primer dirigente en la historia del país que reúne la más alta votación de la izquierda popular, con cifras cercanas a los 9 millones de votos.
Esa multitud organizada y colocada en una ruta contra hegemónica es la que ha gravitado en las más potentes movilizaciones sociales presentadas acá en los últimos 36 meses. La movilización de millones de colombianos en las protestas y paros colocaron contra la pared al régimen de ultraderecha patrocinado por Uribe Vélez y por el gobierno de Donald Trump, en su momento.
La presencia continuada de Petro en esas movilizaciones consolidó su poderoso liderazgo que lo tiene al borde de ser el próximo Jefe de la Casa de Nariño, pudiendo así desmontar la dominación de una oligarquía sangrienta y corrupta que tiene secuestrado el Estado.
En momentos en que la “paz estable y duradera” prácticamente se ha esfumado por causa de la arremetida del gobierno uribista que ha llevado al agravamiento de la violencia con bombazos como el de Cúcuta; los paros armados del Cauca, en los municipios de Argelia, López de Micay y el Tambo; el permanente asesinato de líderes sociales; y las masacres, entre las que resaltan las ejecutadas por la policía en Bogotá y Cali, (con la complicidad de la alcaldesa Claudia López, que ahora quiere lavarse las manos con escenas lastimeras) en las recientes protestas populares, que varios informes de la CIDH, la alta comisionada de los derechos humanos y la comisión liderada por el prestigioso exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, han documentado con muchas pruebas y evidencias, provocando la grotesca arremetida del director Vargas de la Policía y el nefasto ministro de la Defensa.
Peligroso escenario que prefigura el infierno que serán las campañas políticas venideras en las que la violencia será promovida al máximo para impedir el acceso al poder presidencial de Gustavo Petro y de un bloque progresista que desplace las mafias de la ultraderecha neonazi. Lo cierto es que no hay que hacerse muchas ilusiones pues el gobierno de Duque es uno que justifica y promueve los pistoleros neo paramilitares, los profesionales en la violación de los derechos humanos y la impunidad de los mismos; lo que hace pensar que la paz no será cosa de esperar 40 o 50 años, como lo predica Archila el de la paz con legalidad y el propio secretariado impostor del tal Partido Comunes.
