Desde que la Corte Constitucional en el histórico 26F declaró inexequible el referendo reeleccionista de Uribe II, muchos colombianos nos preguntamos dónde estaba el eminente jurista Procurador que con tantos pergaminos llegó a ejercer el cargo, y no vio ninguno de los diez argumentos que encontró la Corte para tumbarlo. Ese fue, obvio, un fallo político. Como político es el fallo que ordena la destitución y muerte política de Petro decretada por Ordóñez, que le salió tan mal, que va a tener que irse de la Procuraduría.
El Procurador Ordóñez destituyó e inhabilitó a Petro como resultado de una investigación la cual contiene toda la doctrina constitucional y legal que rige en casos como estos, así como la jurisprudencia emitida por las altas Cortes en este tipo de procedimientos, pero con un suceso muy particular: que más de 100.000 personas durante seis días llenaron la Plaza de Bolívar desconociendo el fallo del juez y aclamando entre palmas y vítores al procesado. Un juez recto, debe temblar ante el acoso tan severo de ese que llaman como de soslayo dizque “constituyente primario”. Ese que es fuente de todo el poder público, que es el soberano, y que está clamando Justicia! Justicia! Justicia!
¿Qué hace “el representante del ministerio público” con un papel sellado y firmado, conteniendo una sentencia que se derrama en prosa de la más exquisita sabiduría jurídica y legal pero que el soberano está rechazando en vivo y en directo allá afuera gritando “Ordóñez se va, Petro se queda”? ¿Quién tiene la legitimidad en este caso? A Ordóñez no le queda otra que renunciar a su cargo. Un hombre probo ante tremendo desconocimiento de su función, lo más decoroso es hacerse a un lado para que otro resuelva en derecho lo que talvez no pudo lograr. Si el pueblo en forma ordenada, multitudinaria y pacífica le grita seis veces No! a una decisión, el que está actuando en contra del soberano es, en este caso, el Procurador.
Es que a muchos independientes les quedó el sabor amargo de una actuación excesiva, talvez forzada, del señor Procurador, y que ha producido el rechazo popular. Los hechos mismos que dieron origen a la investigación nunca se vieron de la gravedad que aparecieron en el expediente: ni emergencia sanitaria, ni detrimento patrimonial, ni atentado contra la libre empresa. Ni lo más agravante de una conducta: el dolo. Y lo más grave es que existen evidencias de un posible complot fraguado por contratistas muy poderosos (y tal parece que sucios) con políticos ídem, que en ningún momento consideró Ordóñez. “Desproporcionada” fue el calificativo de un editorial a esa justicia disciplinaria.
Con la tutela concedida por el Tribunal de Cundinamarca al suspender en forma provisional la sentencia contra Petro, los reflectores se posan ahora es en el procurador Ordóñez. ¿Cómo así que la actuación más estelar de su vida podría tener visos de inconstitucionalidad? ¿Cómo así que el proceso más publicitado y de mayor impacto político en Colombia (y talvez en el mundo) tendría resplandor pero de ilegalidad? Tendría que renunciar el procurador Ordóñez si no ve cumplir su sentencia, no le queda otro camino. Se haría insostenible su función ante semejante descrédito.
A pesar de que el desenlace de este episodio no ha llegado al final en este momento, la suspensión de la sentencia contra Petro es premonitoria de su fragilidad jurídica.
