No ha estado de buenas la justicia con la fila de reformas planeadas después de aprobarse el modelo de 1991, que se había consolidado, aparentemente, con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en 1996. La fila de frustraciones se consumó por la falsa percepción de que el problema de la Rama Judicial radicaba en las normas y no en la falta de calidad, de probidad, de seriedad y de lucidez de quienes la sirven sin mística ni consagración. De ahí los palos de ciego que los gobiernos, desde 2002 hasta 2018, vienen dando con los tumbos y desinfles de las jurisdicciones y la inversión de sus recursos.
Todo comenzó con los celos que produjo la creación del Consejo Superior de la Judicatura en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, principalmente. La palabra “Superior” crispó los ánimos y las vanidades y se iniciaron los intentos por suprimirlo desde su nacimiento. Sin embargo, el constituyente derivado y el legislador lo conservaron, pero el disparatorio no cesaba. Que su Sala Disciplinaria protagonizó el carrusel de las pensiones, sin duda. La Corte Suprema también protagonizó el cartel de la toga y la Corte Constitucional no se quedó atrás con el affaire Pretelt. Tres estrépitos causados por la falta de calidad de los magistrados, no por defecto de las instituciones.
Claro que hubo, en el modelo de 1991, regalos envenenados como las facultades nominadoras de las cortes. Obvio, en lugar de ejercerlas con ponderación las clientelizaron porque hacia ellas se volcaron los políticos a intrigar la inclusión de sus recomendados en las listas y las ternas por proveer, y la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional imitaron la táctica, hipócritamente, pues también tenían ahijados para colocar cada vez que surgían vacantes en las dos primeras de estas corporaciones. Críticos en público y gestores de sinecuras en privado. Bienvenido, por consiguiente, el entierro de esas facultades tan nocivas
El éxito de una reforma a la justicia dependerá de un acierto en la concepción y la redacción de las disposiciones constitucionales y legales que se expidan, y del rigor en el escogimiento de los magistrados, los jueces y el personal administrativo. Donde se rezague uno de los dos objetivos, en especial el segundo, todo habría sido en vano. A lo largo del trámite parlamentario, habrá oportunidad de pensar y repensar cómo se integran mejor estos dos aspectos de la transformación esperada.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura protagonizó el carrusel
de las pensiones, la Corte Suprema el del cartel de la toga
y la Corte Constitucional el affaire Pretelt
Qué tan expeditas resulten las bondades normativas y cuán procedentes serán los reparos expresados ya por las cortes, son puntos de reflexión que satisfarían el anhelo nacional de justicia en caso de que el proyecto oficial, el presentado por Cambio Radical y el anunciado por el Centro Democrático, se fusionen en pos de un producto acabado que sea lo que no puede dejar de ser, evitando que el Ejecutivo mande las ponencias redactadas en los ministerios, y que senadores y representantes negocien prebendas con los magistrados que lleven la voz cantante de sus corporaciones en el Congres
Continúan preocupando las insuficiencias en la política criminal y los niveles de impunidad. Hay cifras alarmantes y sin posibilidades de bajar de no articularse un viraje rectificador. La congestión en las jurisdicciones es otra llaga que resiste los antídotos y crece piernas arriba. Tal vez por todo esto la ministra advirtió que el país no se merece otro fracaso con la justicia. Pues en sus manos reposa buena parte de la responsabilidad gubernativa por voltear las cargas negativas del sector. Y no será cambiando dos salas del Consejo Superior de la Judicatura por dos comisiones (lo mismo con otro nombre), y una gerencia exacta a la actual, como se refaccione la estantería de la Rama.
Por último, hay que eliminar la justicia espectáculo, los choques de trenes y el engreimiento por el porte de las jerarquías; que haya de verdad independencia entre los órganos del poder y colaboración armónica en la realización de los fines del Estado es lo ideal. No es justo que el usuario del servicio pague las obstrucciones institucionales. Si cultiváramos el arte del diálogo, el trabajo conjunto trascendería los egos y nos ahorraríamos las rencillas y los escamoteos. Solo así la buena justicia de mañana diferiría de la mala historia de hoy y de ayer.
